El riesgo de colisión entre los socios del Gobierno aumenta proporcionalmente a medida que se va consumiendo la legislatura. El arranque del ciclo electoral lo ha precipitado todo y PSOE y Unidas Podemos tratan de situarse en la parrilla de salida para afrontar un goteo de comicios con volantazos no solo discursivos, sino también políticos y estratégicos que ahondan en sus diferencias. La desautorización de Alberto Garzón por la polémica de las macrogranjas, hasta el punto de cruzar la línea roja de evitar su respaldo en el Consejo de Ministros ante las peticiones de dimisión, es uno de los síntomas más visibles de que lo andado durante estos dos años de Gobierno de coalición puede desandarse abruptamente. La corriente de fondo, a la que el PSOE se subió en su 40º Congreso Federal y Unidas Podemos en su universidad de otoño, empuja a marcar distancias llegado el ecuador de la legislatura. Los primeros recuperando un perfil más moderado y los segundos reforzando su discurso de máximos. El ministro de Universidades, Joan Subirats, confirmó esta divergencia al rescatar la idea de celebrar una consulta en Cataluña para «cambiar la estructura de Estado». 

En Moncloa, vuelven a ocupar la sala de máquinas perfiles del PSOE presanchista y ajenos a la cultura de coalición que construyeron sus antecesores, mientras que en Unidas Podemos imperan las prisas por volver al choque con los socialistas ante la posibilidad de quedarse disipados en el proyecto liderado por Yolanda Díaz. Esta última llamaba en los últimos días a «cuidar la coalición» en un mensaje que no se dirigía solo a los socialistas. El mantra que se sigue repitiendo es que el Gobierno de coalición «goza de buena salud», pero son evidentes los giros estratégicos de los socios que anticipan cómo la coalición entra en una nueva fase coincidiendo con el inicio de la segunda mitad de la legislatura. Y estos tienen que ver tanto con la agenda económica pendiente como con las prioridades del programa de gobierno y la elección de los aliados parlamentarios.

Apenas tres semanas después de aprobar los presupuestos de 2022 con la mayoría del bloque de investidura, se ha producido un punto de inflexión. Los socialistas tienen ahora asegurado el mandato, con unas cuentas prorrogables hasta finales del próximo año, y tratan de levar anclas para navegar sin sus aliados. Reducir así los costes electorales de apoyarse en el independentismo e incluso de cogobernar con Unidas Podemos, que pierden parte del oxígeno que les proporcionaba negociar bajo la amenaza de hacer descabalgar al Ejecutivo. La dependencia, tras los presupuestos, es menor. Los tiempos los controla ya solo Pedro Sánchez. 

Desde la dirección morada, llevan tiempo reconociendo que la legislatura llegaría a su fin tras aprobar las cuentas públicas, refiriéndose como tal a su fuerza negociadora para arrancar medidas a los socialistas. El riesgo de ruptura está sobre la mesa, aunque no hay incentivos por ninguna de las partes para hacer descabalgar la legislatura. Un ministro socialista, preguntado a este respecto, responde que a quien menos le interesa es a sus socios porque perderían el escaparate del Ejecutivo quedando fuera del foco. «¿Yolanda Díaz adónde se iría, tiene acta de diputada?», se pregunta irónicamente. Se estire o no la legislatura sin romper la coalición, lo que se desprende es que la convivencia se vaya deteriorando cada vez más. 

Los socialistas comienzan a mirar en el Congreso a Cs y otras formaciones como PNV y PDeCAT 

Esta percepción del cambio de ciclo, de viraje en Moncloa, comienza a cundir también entre los socios de Sánchez. Pere Aragonès avisaba en Madrid este miércoles al presidente del Gobierno de que dejase el juego de las dilaciones con la mesa de diálogo o no tendría «una segunda oportunidad» en la siguiente legislatura. «Una negociación no se hace para ganar tiempo», recriminó, añadiendo que «no podemos eternizar la resolución del conflicto» y que «si no aprovechamos esta oportunidad, seguiremos adelante». Arnaldo Otegi ha trasladado un mensaje similar en el marco de las negociaciones por la reforma laboral. 

Los socialistas comienzan a mirar en el Congreso a Ciudadanos y otras formaciones como PNV y PDeCAT. Un pretendido cambio de alianzas que se observa en las negociaciones para la reforma laboral, con el PSOE buscando nuevas fórmulas y los morados queriendo preservar el bloque de investidura. Las dificultades para sacar adelante la agenda de reformas económicas comprometidas con Bruselas, y de las que dependen los fondos del plan de recuperación, están también detrás de este intento de cambiar alianzas. La reforma fiscal que ha encomendado Hacienda a un grupo de expertos será continuista y sin cambios significativos en los grandes tributos, como adelantaba el periodista Carlos Sánchez en este diario. Tampoco se está planteando una posición ‘agresiva’ sobre uno de los asuntos más polémicos, como es la armonización fiscal de algunos tributos cedidos, como el de patrimonio o el de sucesiones. Un asunto que exigen los republicanos y que fue uno de los compromisos que arrancaron al Ejecutivo para apoyar las anteriores cuentas.

Es de presuponer que la reforma no cumplirá con las expectativas de los soberanistas de izquierdas, pero tampoco de Unidas Podemos ni de Yolanda Díaz, a juzgar por lo que expresó en su coloquio el pasado viernes con el economista francés Thomas Piketty. «No hay proceso ni proyecto que camine hacia la igualdad sin progresividad fiscal», concluyó poniendo el foco en que en España «hay una deserción fiscal de los ricos» o de sociedades como las socimis. Lo mismo se anticipa en otras de las principales medidas económicas pendientes de desarrollar, como el segundo paquete de la reforma de las pensiones. Principalmente en lo referente a la ampliación del periodo de cómputo para calcular la edad de jubilación, comprometido con Bruselas, que los socios califican de «recorte». Otro punto de fricción dentro del Ejecutivo y dentro del bloque de investidura serán los peajes en las autovías, a los que morados y fuerzas progresistas se oponen. 

Entre los síntomas que dibujan una convivencia endiablada, más allá de la subida de tono discursiva, se encuentra el freno por parte del PSOE a las medidas estrella de Unidas Podemos, tanto en el Congreso como en los ministerios morados para llevarlas al Consejo de Ministros. El bloqueo en las negociaciones para enmendar la tramitada reforma del Código Penal para despenalizar los delitos relacionados con la libertad de expresión es una de ellas. El freno en el Consejo de Ministros a la ley de protección animal o la ley de familias que el Ministerio de Derechos Sociales tiene redactada desde hace semanas o a iniciativas de Consumo como la del semáforo nutricional son otros ejemplos.

No en vano, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, evitó enumerar estos proyectos de los morados entre las leyes que destacó como «más importantes» del plan anual normativo para 2022, incidiendo principalmente en las que llevan sello socialista. En lo que respecta a la ley de vivienda, los morados han trasladado su «preocupación» por «los retrasos injustificables», pues la norma se había comprometido en llegar al Congreso en diciembre. Primero por la demora del Ministerio de Transportes al solicitar el informe preceptivo al CGPJ y ahora por la decisión del pleno del órgano de poder de los jueces de posponerlo hasta el próximo 27 de diciembre. 

Los choques por determinar la agenda y hacerse con las banderas del Ejecutivo también se han incrementado con el telón de fondo de las elecciones en Castilla y León, que inaugurarán el goteo de comicios de un largo ciclo electoral de casi dos años. Los dirigentes socialistas están de gira para reivindicar como propia la bandera de la reforma laboral y la crisis por las macrogranjas ha enfrentado a los equipos de comunicación de la coalición. Los socialistas contribuyeron primero a alimentar la polémica y ahora piden a sus socios cerrarla. 

En privado, se argumenta el daño que hace al Gobierno, al desplazar de la agenda el discurso sobre la recuperación económica 

El argumento en público es que se trata de una cortina de humo del PP para tapar sus casos de corrupción en Castilla y León. En privado, se argumenta el daño que hace al Gobierno, al desplazar de la agenda el discurso sobre la recuperación económica. Los morados, sin embargo, no quieren desaprovechar el nicho que les han dejado los socialistas al abandonar la bandera verde. Un espacio que además se disputan con Más País, que ha quedado desdibujado en favor de Unidas Podemos al no concurrir a los comicios castellanoleoneses. «Cuando hay piñata, todos quieren caramelos», explicaba metafóricamente un ministro morado. Y cada vez hay menos incentivos para repartirlos.