ABC-IGNACIO CAMACHO
Los adversarios de la Constitución no le han perdonado al Rey su papel en el fracaso del golpe contra el Estado
HAY una mala noticia para los republicanos, y es que la monarquía parlamentaria mantiene el prestigio intacto cinco años después de la abdicación del Rey Juan Carlos, cuyo diseño político y legal fue el último gran éxito del bipartidismo dinástico. La Corona se ha consolidado resistiendo dos pruebas cardinales como la prisión de Urdangarín y el golpe separatista contra la integridad del Estado; sólo una institución muy sólida podría absorber sin tambalearse esa clase de impactos. Felipe VI ha levantado cortafuegos de transparencia para mantener la ejemplaridad a salvo y ha afrontado una crisis política descomunal jugándose el liderazgo, como su padre, cuando el resto de autoridades de la nación amenazaba con entrar en colapso. En aquel discurso de octubre asentó la legitimidad de ejercicio y se ganó la estima de la mayoría de los ciudadanos, aunque los enemigos de la Constitución no se lo hayan perdonado.
Porque también hay una mala noticia para los monárquicos, y es que los partidos rupturistas tienen la abolición fijada en el entrecejo. El independentismo catalán, el vasco, legatario de ETA, y el conglomerado poscomunista de Podemos alientan un programa destituyente, de cambio radical de modelo, en el que la Jefatura de Estado constituye un objetivo directo. Esa coalición anticonstitucionalista goza de elocuente peso específico en el Congreso, como pudo verse cuando sus diputados convirtieron el acto de jura en un inaceptable esperpento. Hoy no podría abordarse una operación como la del relevo en el Trono sin grave riesgo de sabotaje del consenso. Y la cuestión se vuelve especialmente delicada ante el hecho de que los adversarios del sistema han sido, y con alta probabilidad volverán a ser, los socios preferentes del Gobierno encargado de hacer respetar las reglas del juego.
Porque de eso se trata. De que una parte de la izquierda –incluido el PSOE, al menos en significativa proporción de su militancia– y casi todo el nacionalismo sienten una sobrevenida nostalgia republicana y consideran la destrucción de la Corona como elemento clave –lo es– de su ofensiva global contra la Carta Magna. Saben lo que atacan: el Rey se ha revelado como el más firme garante de la unidad de España y de su vigente estructura de convivencia democrática. Por eso resulta como poco inquietante el papel de relevancia que el sanchismo viene concediendo a quienes profesan hostilidad declarada a una legalidad que consideran fruto de una imposición autoritaria.
Lo que se ventila en el próximo mandato no es quién va a ostentar el poder desde el Consejo de Ministros, sino su voluntad de sostener el ordenamiento político y jurídico. Es decir, las bases del pacto de libertades compartidas que cuestiona el nacionalpopulismo y del que la monarquía constituye bastante más que un símbolo. La correlación de fuerzas en la investidura dará algunas pistas en ese sentido.