El entremés estuvo a cargo del triministro de Justicia, cuya autosatisfacción le llevó a felicitarse a sí mismo por la aprobación de la amnistía en la Comisión parlamentaria. El triunfo se debió gracias al voto, entre otros, de los representantes de los futuros amnistiados, y de sus cómplices en La Moncloa. El señor Bolaños reconoció que una amplia mayoría social del país no apoyaba la medida, pero aseguró que con el tiempo se verían las virtudes de la ley. O sea, como la gobernación del presente se les resiste, se aprestan en cambio a resolver los problemas de nuestro incierto futuro.

El primer acto comenzó con los monólogos de José Luis Ábalos. Aprendiz aventajado de su antiguo jefe, en apenas una semana fue capaz de interpretar distintos personajes y decir una cosa y su contraria sin solución de continuidad para negar su responsabilidad política, al no habérsele reclamado la penal, en el putiferio organizado por su amigo y guardaespaldas Koldo García. Las primeras noticias dan pie para una serie televisiva de indudable éxito: los garantes del partido del Gobierno “más feminista del mundo”, en manos del portero de un puticlub y custodio de los avales electorales para las primarias de nuestro presidente; un aizcolari ejemplar que manejaba dinero negro, de a quinientos euros el billete, para no dejar rastro de sus alegres vigilias nocturnas. Y a tenor de cuya investigación judicial ya hay 12 empapelados. El guardián de los secretos todavía no ha dicho prácticamente nada que permita ampliar la nómina. Sin embargo, para animar la intriga de repente aparece entre bastidores el mismo alcahuete del caso de las mascarillas como mediador de Air Europa, mientras el Gobierno rescataba por cientos de millones esa empresa de aviación. Y por último, como no podía faltar, Rodríguez Zapatero, embajador sentimental de la Venezuela de Maduro, de quien todavía esperamos explicaciones sobre el viaje de la vicepresidenta de ese país que él organizó y del que tuvieron que sacar las castañas del fuego el mismo Koldo y el conseguidor de turno. Por aficionado que fuera al arte escénico, Pablo Iglesias, el original y no la copia, nunca podría haber imaginado tragicomedia semejante.

Pero faltaba la apoteosis final. Una ley de amnistía que el propio Sánchez ha definido ya como absolutamente constitucional, acorde con el derecho europeo y un verdadero regalo para la convivencia de los españoles. En realidad se trata de un intercambio de favores con un grupo de delincuentes huidos de la justicia que atentaron contra la Constitución, la soberanía de la nación y su unidad territorial. Se pacta el olvido y se otorga el perdón a los sediciosos, que prometen volver a delinquir. Todo eso a cambio de siete votos para que el ególatra de turno pudiera ser investido con el cetro del poder y desplegara la audacia, nunca la sabiduría, a la hora de su manejo. Las leyes llaman cohecho impropio al acto en que una autoridad o funcionario público, en provecho propio, obtuviere o solicitare, por sí o persona interpuesta, dádiva o favor de cualquier clase a cambio de cualquier ofrecimiento o promesa inherente a su cargo. Lejos de mi intención sugerir que esa consideración sea aplicable al intercambio de la ley de amnistía y la sumisión a los deseos de los delincuentes, por los siete votos regalados al perdedor de las elecciones. Ya se ocuparon los expertos de proclamar que todo responde a un proyecto político, a un pacto para mejorar la convivencia ciudadana, aunque haya quedado hecha añicos antes incluso de ponerse en práctica. La RAE en su definición de cohecho se limita a recoger su carácter delictivo. Pero hace tres siglos el primer diccionario de la institución, llamado de Autoridades, aseguraba que cohechar es corromper con dádivas a cualquier persona para que diga o haga lo que se desea o está bien; aunque sea contra razón y justicia.

A estas alturas a nadie le cabe la menor duda de que la amnistía ha sido un verdadero intercambio de favores pactado en secreto y en el extranjero, en condiciones humillantes para el Estado y, aunque no lo reconozcan así, para el propio Sánchez y el partido socialista. Por lo demás, como dice Manuel Aragón, magistrado emérito del Tribunal Constitucional, maestro de muchos de los grandes constitucionalistas en activo en nuestro país y fuera de él, “es comprensible que un partido intente acceder al gobierno, pero sería ilegítimo que para conseguirlo prometa adoptar decisiones contrarias a la Constitución y vejatorias para el conjunto de los ciudadanos”. Son decenas, quizá centenares, de expertos, catedráticos, estudiosos y politólogos los que coinciden con las observaciones del maestro y es simplemente hilarante que el Gobierno pretenda ser juez y parte de sus propias felonías.

Los partidarios de la constitucionalidad del aberrante pacto con Puigdemont dicen con acierto que en derecho todo es discutible. Pero la inmoralidad del pacto, el desprecio flagrante a las instituciones, singularmente al Parlamento, las agresiones contra el poder Judicial, el descaro frente al jefe del Estado, el primero en salir en defensa de la nación contra el ataque de los sediciosos, no tienen nada que ver con trucos leguleyos. Lo de menos son ya las mentiras recalcitrantes de un presidente de Gobierno incapaz de ser leal a sus propias palabras. Su política de contención de la pandemia ha logrado por fin hacer realidad la inmunidad del rebaño. Decenas de ministros y diputados que se ufanaron de la inconstitucionalidad de la norma, hoy la suscriben sin empacho y sin argumento alguno, falsifican las afirmaciones de la Comisión de Venecia y tratan a los electores socialistas como si fueran ignorantes. En este acto final la tragicomedia se convierte en drama, la bufonada en insulto y la audacia en ofensa a quienes defienden el sentido común y el interés general de la sociedad. Pedro Sánchez y sus socios amenazan con convertir nuestra democracia en una democracia iliberal. Ya sufrimos la democracia orgánica franquista y las democracias populares del estalinismo. La socialdemocracia española no puede seguir chapoteando en esta miseria moral. La commedia è finita.