La alambicada fórmula que la titular de Hacienda hizo pública ayer denota que ha sido diseñada para responder a la contestación generada por las sucesivas reclamaciones del independentismo. Aunque ayer una parte de este, Junts, optó por mostrar públicamente su descontento ante la quita concedida a Cataluña e insistió en que aquella autonomía necesitaría una de 73.000 millones de euros nada menos. Al tiempo que Andalucía pasaría a ser la comunidad con una mayor deuda condonada. La negativa de Alberto Núñez Feijóo a aceptar un remedo que alivia la situación financiera de las administraciones territoriales, pero que podría posponer la actualización del modelo de financiación autonómica, sitúa a las comunidades gobernadas por el PP en una difícil tesitura. Lo que sin duda busca también el Gobierno.

Pero la conversión de la propuesta en un proyecto legislativo que cuente con la anuencia de las Cortes Generales está todavía por ver. Además, la singularidad reclamada por el independentismo catalán difícilmente puede ser compatible con la generalización de la quita a las autonomías de régimen común. Aunque la fórmula de distribución del monto total de 83.252 millones prime a Cataluña. Porque el soberanismo secesionista, hasta en su versión más gradualista, requiere de la distancia jurídico-política que su comunidad alcance respecto a todas las demás. María Jesús Montero ha podido atenuar las críticas de desigualdad interterritorial que arreciaron en un primer momento. Pero la propia competencia entre Junts y ERC exigirá al Gobierno de Sánchez concesiones intransferibles a las demás comunidades.