ABC, 23/10/11
El comunicado de la banda abre interrogantes sobre los pasos a seguir en los frentes policial, judicial y político. Los responsables de los dos primeros insisten en que «no cambia nada y vamos a seguir por la misma senda». La pelota queda, pues, en manos de los políticos
Frente policial
Máxima atención a posibles escisiones
«No se quitará ni un solo agente destinado a la lucha contra ETA, ni en España ni en Francia. Todas las operaciones contra la banda se mantienen». Fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por ABC se muestran así de contundentes ante el nuevo escenario que se abre tras el comunicado etarra en el que anunció el «cese definitivo» de la violencia. «Es cierto que no usan el término “irreversible” —añaden las mismas fuentes—, pero en cambio utilizan dos veces el de «definitivo». No se ve posible marcha atrás».
Aunque «el comunicado de ETA es el reconocimiento de una derrota, de una capitulación, no afecta al trabajo de las Fuerzas de Seguridad». Según ha sabido ABC, el ministro del Interior, Antonio Camacho, recalcó el viernes esta idea ante los máximos responsables de las Fuerzas de Seguridad.
«Al menos a corto y medio plazo, y en función de los acontecimientos, el despliegue será el mismo, salvo que algún responsable político cometa el error de creer que está todo solucionado», sostienen los expertos consultados por ABC. Es más; el trabajo policial será decisivo en esta nueva etapa, pues a la desarticulación de comandos habrá que sumar, por una parte, la comprobación de que en efecto los pistoleros abandonan sus actividades criminales y, por otra, los movimientos de los más duros, que no están muy conformes con la decisión de la dirección etarra.
«Hay información de que algunos han aceptado de mala gana la decisión, pero también sabemos que por ahora la acatan. Y cada día que pasa les va a ser más difícil intentar una operación de escisión como la del IRA auténtico, entre otras razones porque cuando esa banda se disolvió era aún fuerte, mientras que la ETA actual es casi residual».
Sobre los presos, la banda terrorista ya asume que no habrá una amnistía y solo espera una aplicación escalonada de medidas, como la eliminación de la doctrina Parot, el fin de la dispersión y la excarcelación de los reclusos enfermos. «Pero que nadie se engañe: ETA ha sido derrotada. Ahora es el turno de los políticos».
Frente político
Una herencia envenenada
El nuevo Gobierno que salga de las urnas el 20-N, muy probablemente presidido por Mariano Rajoy, será el que tenga la delicada misión de gestionar el final definitivo de la banda terrorista sin que ello suponga una victoria de ETA después de haber dejado las armas. Para ello, será más necesaria que nunca la complicidad y unidad del PSOE y el PP, quienes son muy conscientes de que el final del terror será aprovechado por sus herederos para intentar obtener réditos políticos.
El punto de inflexión en esta materia tan sensible se produjo con la autorización por parte del Tribunal Constitucional de que Bildu se presentase a las pasadas elecciones municipales y autonómicas. Los preocupantes resultados obtenidos por los batasunos, consecuencia sobre todo del silencio de las pistolas, les proporcionaron mayores cuotas de poder que nunca en su historia. No solo eso; en torno a ellos han logrado uno de sus objetivos más añorados, como es la «acumulación de fuerzas soberanistas», con la complicidad de partidos como la marginal Eusko Alkartasuna y Aralar.
El final de ETA les da otra oportunidad de oro para crecer. Alejada la posibilidad de que los tribunales puedan cerrarles el paso a las urnas, las últimas estimaciones hablan de que podrían llegar a tener grupo parlamentario propio en Madrid. Su particular «círculo virtuoso» —una pesadilla para los demócratas— se cerraría en las próximas municipales y autonómicas, donde esperan obtener aún mejores resultados que les permitan lanzar desafíos al Estado con una política de decisiones unilaterales.
En este contexto, el PNV jugará un papel decisivo, pues tendrá que elegir entre aliarse con unos nacionalistas de extrema izquierda, muy alejados de sus posiciones y con el inconveniente añadido de que tendrían en contra al sector empresarial del País Vasco, o pactar con el PP y el PSOE, a los que en cualquier caso les intentaría arrancar alguna concesión para salvar la cara ante los suyos.
Frente judicial
Casi 150 causas abiertas en la Audiencia
Jueces y fiscales especializados en la lucha contra el terrorismo, un colectivo siempre amenazado por ETA, tienen claro que el anuncio de la banda terrorista no va a cambiar ni un ápice el trabajo que cada día desarrollan en la Audiencia Nacional. Instructores, magistrados de la Sala Penal y miembros de la Fiscalía preguntados por ABC coinciden de forma milimétrica cuando aseguran que la Justicia va a seguir actuando pase lo que pase, haya negociación política o no.
«Las causas penales abiertas [unas 150] siguen adelante; los etarras en busca y captura tienen que ser detenidos; Francia seguirá extraditando terroristas; los presos preventivos deben ser juzgados y los condenados, cumplir sus penas. Nos queda mucho trabajo para los próximos años». En este punto, algunas fuentes advierten de lo importante que resulta que la Fiscalía mantenga su línea, puesto que los jueces no pueden juzgar ni condenar si no hay una acusación, ni pueden imponer penas más altas de las que soliciten el fiscal y las partes.
La opinión del Ministerio Público quiso dejarla clara el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. La Fiscalía, aseguró, «va a seguir haciendo lo mismo que ha venido haciendo hasta ahora», que es aplicar la ley investigando y juzgando a los terroristas. Porque la «justicia penal está para eso, al margen de los contextos y de los vaivenes políticos. Así ha sido siempre y así debe ser», puntualizó.
También es generalizada la satisfacción ante una noticia que se considera «histórica» y «esperanzadora». Aunque en la Audiencia Nacional se muestran cautos porque, indican algunos, al anuncio de «cese definitivo de la lucha armada» le falta un adjetivo: «irreversible». «Es una buena noticia que tiene que traer otras buenas noticias —indica un fiscal—. Se ha abierto una puerta para que se disuelvan, entreguen las armas y explosivos y se pongan a disposición de la Justicia. De lo contrario, el anuncio se quedaría en meras palabras».
ABC, 23/10/11