¿Alguien cree que existe un hartazgo en los votantes del PNV, cuando están a punto de apuntalar su plan secesionista? ¿Cuántos votantes nacionalistas tienen miedo al plan Ibarretxe? ¿Cuántas manifestaciones contra el plan se han producido en Zeberio, Dima, Zeanuri o en los fogones de Arzak? ¿Cuántos votos van a traer Guevara o Arregi?
El pluralismo es un valor en alza. Nadie duda de que en el PSOE el pluralismo es parte de una tradición política arraigada. Siempre hemos creído que las diferentes posiciones enriquecen el debate y rompen el siempre temible monolito ideológico, que no es capaz de responder a las diferentes demandas sociales. Pero sería ridículo pensar que el pluralismo no tiene límites, sería romper con la esencia de los instrumentos que garantizan el sistema democrático.Sin partidos políticos que representen ideas claras y proyectos concretos no existe modelo democrático alguno.
El límite al pluralismo en política se puede situar en dos direcciones; hacia dentro de los partidos, cada uno debe ocupar un espectro político e ideológico concreto; en el conjunto de los mismos, no parece lógico que gocen de la categoría de partido político aquellas organizaciones que aboguen y participen del asesinato de negros, homosexuales, que basen su programa en la violencia contra las mujeres o que pretendan la eliminación física de todo ciudadano que no sea copartícipe de sus ideas.
De hecho, y me sitúo en la primera idea, los ciudadanos suelen premiar electoralmente a los partidos que tienen las ideas claras y que, gracias a la riqueza de tendencias que conviven en su interior, suelen ser capaces de construir un proyecto de centralidad y sentido común.
Respecto a la segunda idea, y siendo consciente de que no es fácil hacer pública una postura crítica, me siento obligado a participar en este debate sobre la ambición del nacionalismo para recriminar una reflexión previa de una compañera de partido, que además ostenta el cargo público de parlamentaria vasca.
No parece razonable decir que «los de Batasuna son amigos y parientes de los demás vascos» cuando cualquier expresión del MLNV ha participado permanentemente en la extorsión, en la obtención de información y financiación de su aparato militar que ha sembrado España de víctimas cuyo único delito era garantizar el Estado de Derecho.
No se puede ser más impertinente con las víctimas ni menos respetuoso cuando probablemente les debemos todo. ¿Qué hubiera pasado si las víctimas de ETA se hubieran pintado las manos de rojo para acusar a los sucesivos gobiernos democráticos de haber sido instigadores de los más de 900 asesinatos de la banda criminal? No es de recibo.
Ayer por la mañana, después de que Batasuna se postulara a favor del plan Ibarretxe en la Comisión de Interior del Parlamento vasco dando por enterrado al Estatuto de Gernika, un burukide nacionalista afirmaba: «Es uno de los mejores pasos en los últimos dos siglos para solucionar el conflicto». Lo decía sin ruborizarse, como si en la debilidad operativa de ETA la Guardia Civil, es decir, el Estado de Derecho, no tuviera nada que ver.
Ante la desfachatez con que los nacionalistas vilipendian todo aquello que no les da el poder absoluto y la seriedad que se supone deben tener los partidos que aspiran a regir los destinos de España, parece razonable que estos últimos articulen las propuestas programáticas necesarias para aclarar estos conceptos fundamentales.Porque sin Estado de hecho no existe el Estado de Derecho.
Hace unos meses el PSOE se reunió en Santillana del Mar para concretar y dar por cerrado el debate sobre el modelo territorial. De esta cumbre celebrada por los barones del PSOE nació un buen documento que fijaba claramente los límites en los que el Partido Socialista estaba dispuesto a reformar la Constitución para satisfacer las aspiraciones de algunas autonomías.
En las resoluciones del Congreso del PSE-EE (PSOE) también se definían claramente los ámbitos en los que el PSE se iba a mover, que -como no puede ser de otra forma- se enmarcaban en la Constitución y el Estatuto.
La sorpresa llegó el pasado sábado cuando pudimos leer en los periódicos toda una estrategia política que proponía entre otras cosas bilateralidad con el Gobierno de España, cuota en el Tribunal Supremo, política exterior, recaudación de cuotas de la Seguridad Social
Todo ello se enmarcaba en una, creí entender, propuesta intermedia entre el Estatuto actual y el abismo del plan Ibarretxe. La propuesta se llamaba, bajo curiosa ergonomía franquista, La comunidad.
Sin tiempo a leerlo y con la premura de tener que posicionarnos para ver si lo queríamos como punto de partida para un debate que va a durar varios meses y que terminara justo antes de las elecciones autonómicas, se celebró el Comité Nacional. Y a ver quién vota en contra.
Pese a tan húngaro resultado, tendríamos que pensar en qué cargos públicos del PSE-EE referentes de la ciudadanía, que no del poder orgánico, no participaron del citado encuentro por considerar las formas un verdadero atropello.
Sin entrar en que existe un principio de legitimidad democrática evidente que viene a decir que el acuerdo tomado en un determinado foro se debe revocar en un foro de la misma o superior entidad, la conclusión es sencilla: para revocar las disposiciones del Congreso de San Sebastián, se debiera convocar otro Congreso por parte del PSE.
La propuesta para mí es impresentable, innecesaria, inadecuada, ilógica, sencillamente un error de bulto.
No sé si el problema está en los aliados estratégicos. Tanto Joseba Arregui como Emilio Guevara son personas de indudable valor intelectual, pero no es menos cierto que el encargado de gestionar la plataforma para el cambio político Aldaketa no es un hombre formado intelectualmente en la izquierda y Emilio Guevara, si es el responsable intelectual de La comunidad, está claro que no milita en el mismo partido que José Bono, Chaves, Paco Vázquez o Zapatero.
Si por el contrario se trata de sumarnos a l’mode del PSC, se me escapa la similitud de la sociedad vasca y catalana, ya que sectores nacionalistas de ambas comunidades reclaman en su paranoia un hecho diferencial, que entiendo debe ser particular, y tengo mis dudas de que se encuentre en sus pretensiones la idea de que España sea el común denominador o un tercer hecho diferencial más.
Y si hemos sido tan irresponsables de hacer esta operación de cambio en la estrategia política por un puñado de votos, ya no entiendo nada.
¿Alguien cree que existe un hartazgo en los votantes del PNV, cuando están a punto de apuntalar su plan secesionista? ¿Cuántos votantes nacionalistas tienen miedo al plan Ibarretxe? ¿Cuántas manifestaciones contra el plan se han producido en Zeberio, Dima, Zeanuri o en los fogones de Arzak? ¿Cuántos votos van a traer Guevara o Arregi? Les aseguro que menos que Maite Pagaza, Rosa Díez o Ana Urtxueguia.
Con esta operación sólo hemos logrado legitimar un poquito más el entierro del Estatuto, nos hemos puesto en un escenario de probable inconstitucionalidad y, con toda seguridad, si este modelo de país es la base de programa electoral, el gran beneficiario de nuestro error será el Partido Popular, que logrará convertirse el único referente del Estatuto y la Constitución.
Niko Gutiérrez Saiz es concejal del PSE en el Ayuntamiento vizcaíno de Miravalles.
Niko Gutiérrez, concejal del PSE. EL MUNDO, 22/12/2004