Imaginen el carajal si los presidentes de todas las comunidades autónomas decidieran poner precio y cobrar por adelantado para asistir a las conferencias de presidentes que convoca el jefe del Gobierno. Imaginen si en cada ocasión hubiera que organizar un coro de ministros implorando a los 17 presidentes que nos hicieran el inmenso favor de acudir a la convocatoria, aun sabiendo de antemano que obtendrán el desprecio por respuesta. Imaginen tal cosa en un Estado serio. 

Sería imposible, claro. Primero porque, si así fuera, la Conferencia de Presidentes no se convocaría jamás. Segundo, porque tal situación solo es imaginable cuando un Gobierno autonómico (más bien el partido que lo controla) tiene cogido por el cuello al Gobierno central, que necesita su apoyo para seguir existiendo.

Si Pedro Sánchez no hubiera establecido una relación de dependencia existencial con el PNV y con ERC, los presidentes del País Vasco y Cataluña asistirían o no a la conferencia: ninguna norma los obliga a ello, aunque sí un principio elemental de responsabilidad y lealtad institucional. Pero en ningún caso podrían permitirse el lujo de traficar con su presencia (modelo Urkullu) o de someter el Gobierno de España a la humillación de suplicar en vano (modelo Aragonès). Quizás habría dos asientos vacíos, pero ellos tendrían que explicar el absentismo a sus ciudadanos. Aquí sucede lo contrario: es Sánchez quien se ve en el trance de explicar por qué sus aliados políticos lo dejan tirado y, además, obtienen recompensa de ello (en realidad, obtienen recompensa de todo). 

Es una pena que nuestros constituyentes del 78, que tomaron prestadas tantas cosas del sistema alemán, no importaran también de él un instrumento de cooperación institucional tan esencial en un Estado descentralizado como la reunión tasada y regular del poder central con los de los territorios para concertar políticas de interés para todos. Si la Conferencia de Presidentes fuera un órgano constitucional desarrollado en una ley orgánica, todo estaría más claro y el juego ventajista de unos y otros con sus reuniones tendría otra trascendencia. A falta de un Senado que sirva para algo, este es uno de los pocos instrumentos de vocación federal que podrían introducir algo de cohesión si se tomara en serio. Aunque visto lo que sucede con otros órganos constitucionales, nada impediría que el sectarismo partidista lo inutilizara igualmente.

Por desgracia, como recuerda Zarzalejos, la Conferencia de Presidentes nació sobre un vacío legal y ahí continúa, en el espacio etéreo de los objetos que, pudiendo ser valiosos, devienen inútiles. La convoca el presidente del Gobierno cuando le conviene, asiste a ella quien quiere, sabotearla es gratuito y no se recuerda nada trascendental que haya nacido de una de ellas. En la época de Zapatero, fue un escenario más de la bronca partidaria: los presidentes del PP pasaban por Génova y los del PSOE por Ferraz, recibían la consigna, se mataban durante unas horas y regresaban a casa con la satisfacción del deber incumplido. No eran gobernantes, eran sarracenos. Rajoy pasó olímpicamente de la tal conferencia: la convocó dos veces en siete años, entre bostezos. Y Sánchez hace de ella, como de todo, una plataforma propagandística al servicio de Su Persona. Si esta se le tuerce, no les extrañe que sea la última de la legislatura. 

El PNV, jugador de ventaja donde los haya, sigue sacando oro de las piedras. ¿Cuánto vale que Urkullu se deje fotografiar con los demás presidentes autonómicos, como si fuera uno de ellos? Eso tiene un precio, amigo. La ventaja para él es que ahora ha encontrado un cliente dispuesto a pagar sin rechistar. En cuanto a Aragonès, no se ve qué ventaja podría obtener de contaminarse en un foro multilateral cuando ya le han entregado no una, sino dos mesas bilaterales permanentes en las que obtener todo lo que necesite. 

La institucionalidad del Estado les estorba excepto si se trata de arrancar privilegios a cambio de sus votos en el Congreso 

Lo que sucede es que ni los nacionalistas catalanes ni los vascos consideran sus territorios como comunidades autónomas del Estado español. La institucionalidad del Estado les estorba excepto si se trata de arrancar privilegios a cambio de sus votos en el Congreso. Los primeros aspiran a ser república independiente y los segundos, conscientes de que el País Vasco no sería viable como Estado, buscan consolidar en la práctica un estatus confederal. Mientras la realidad los obligue a permanecer en España, lo suyo siempre será poner por delante el hecho diferencial. 

El partido de Sánchez contribuye a la confusión oscureciendo progresivamente el lenguaje, que es una forma más de difuminar el perímetro de la Constitución para transitar impunemente por sus líneas fronterizas. ¿Qué diablos será la ‘cogobernanza multinivel’ para redefinir nuestro modelo de Estado?

Si se refiere a que hay varios estratos de gobierno —el municipal, el autonómico, el estatal y el europeo— que deben colaborar entre sí, estamos ante una solemne obviedad. Gracias, no nos habíamos dado cuenta hasta que lo pusieron en su ponencia política. Si trata de sugerir otra cosa, entramos en zona de máximo peligro conceptual. Si la idea de la España multinacional remite a la diversidad, encaja en el artículo 2 de la Constitución —siempre que no se pretenda extraer de ella conclusiones sediciosas— y enlaza naturalmente con el origen histórico de España, la de un país ‘multinivel’, según como se entienda, es un artefacto explosivo que apela directamente a la desigualdad. 

El palabro está concebido para que cada uno entienda exactamente lo que más le convenga. Es un paso más de la guerra cultural que el nacionalismo destituyente está ganando de calle con la colaboración del sanchismo-podemismo. El efecto buscado es desarraigar del debate público el vocabulario constitucional para sustituirlo por un neolenguaje opaco, polivalente, deliberadamente abstruso y de semántica insidiosa. Cuando en un texto político la España de las autonomías se sustituye por la ‘cogobernanza multinivel’, pueden tener la seguridad de que algo turbio se está cociendo. Algo que los propios cocineros saben que será difícil de digerir —e imposible de comprender— para la mayoría. 

No será el hallazgo de la ‘cogobernanza multinivel’ lo que restablezca el averiado crédito social de Sánchez. Aunque tampoco está diseñado para eso, sino para seguir tirando en la confusión constitucional, que es la razón de ser de su mayoría parlamentaria. Pronto habrá que construir y descodificar el diccionario del nuevo régimen.