Begoña Gómez escogió ayer ejercer su derecho constitucional a guardar silencio ante el juez que la investiga por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios porque, de acuerdo con su defensa, el objeto del proceso no es claro.
El abogado de la esposa del presidente del Gobierno argumentó que, según una resolución dictada por el juez Peinado el pasado 1 de julio, los hechos del procedimiento son «todos los actos, conductas y comportamientos que se han llevado a cabo por la investigada, desde que su esposo es el presidente del Gobierno, que se contienen en la denuncia inicial». Con esta imprecisión, concluyó el letrado, no es posible saber, con la concreción imprescindible, de qué tiene que defenderse.
Puede que la decisión de no declarar sea impopular a ojos de muchos españoles. Especialmente de aquellos que sostengan que, si uno no tiene nada que ocultar, ¿qué problema encuentra en hablar? Pero es fácilmente comprensible que, en el plano de la defensa (el más básico de los derechos ligados al juicio justo) nadie quiera responder sobre algo que desconoce. Y, en este sentido, conviene ser claros. Es el propio juez, con sus acciones y sus omisiones, quien está alimentando la confusión.
Basta con un repaso del proceso para justificar esa afirmación. El hecho de que las diligencias abarquen «todos los actos y conductas» de la esposa del presidente constituye una indeterminación inaceptable, aunque el instructor se refiera a la «denuncia inicial» de Manos Limpias, en la que se incluyeron desde bulos a conjeturas, según apreció la Audiencia de Madrid.
Podemos recordar también la citación a declarar de Begoña Gómez en plena campaña electoral europea, pese a que la fecha de la comparecencia fue señalada por el juez para un mes después.
O la comparecencia de la esposa de Pedro Sánchez el pasado 5 de julio sin haberle notificado antes la ampliación de la querella de una de las numerosas acusaciones populares personadas, lo que obligó a suspender su declaración.
O estar, de facto, investigando la cátedra extraordinaria de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid sin haber acordado en una resolución ampliar las diligencias a ese extremo.
Lo último, ayer mismo, es que el juez ha dado al empresario Barrabés la condición de investigado tras haberle recibido declaración como testigo, es decir, obligado a decir la verdad y a contestar a todas las preguntas.
Sin mayor precisión sobre qué hechos supuestamente delictivos imputa a este implicado, el juez le ha convertido en investigado apelando a dos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que, sin embargo, no reflejan datos incriminatorios y, además, son anteriores a la comparecencia testifical del empresario. Si Peinado considera que esos informes contienen elementos para dar a Barrabés la condición de investigado, no debió obligarle a declarar como testigo.
Efectivamente, el juez está dando pie a la confusión. Pero es intolerable que ello sirva como una enmienda a la totalidad del proceso, y se explote para lanzar a las fieras contra el instructor. El presidente del Gobierno y sus ministros han ido demasiado lejos en la agitación, convirtiendo la causa particular de una mujer sin cargo político en una cuestión de Estado, llegando a promover una supuesta «regeneración democrática» para coaccionar y desprestigiar a los medios de comunicación que informan sobre las actividades quizá legales, pero sin duda indecorosas, de Gómez.
Es inexplicable que el ministro Félix Bolaños utilizase ayer de nuevo la confusión para acusar al juez Peinado de “ensuciar el buen nombre de personas honestas”. Incluso llegó a decir que Sánchez y su esposa sufren una persecución “terrible, cruel e inhumana”. Son expresiones impropias de un miembro del Gobierno, inaceptables en un titular de Justicia que dice respetar las decisiones jurisdiccionales.
La campaña iniciada desde Moncloa es evidente. Por una parte, explota la decisión de la investigada de no declarar, proyectando sobre el juez la idea de que no sabe qué investiga. Por otra, promueve a través de sus medios de comunicación afines que detrás de la «persecución» contra el presidente hay una conspiración de políticos y jueces. Es un disparate sin fundamento. La confusa instrucción justifica el silencio de Gómez, pero no el linchamiento del instructor.