Por la significación que estos documentos adquieren para terminar de describir un episodio trascendental de nuestra historia colectiva -memoria viva aún para tantos ciudadanos que un día ya no estarán aquí para poder contarlo-, habría sido deseable que su desnudez hubiera estado acompañada por una escenificación verdaderamente institucional. Un rango que otorgase empaque a una decisión que ha tomado por sorpresa el presidente Pedro Sánchez, en atribución de las funciones que asisten a su Gobierno, y bajo la cobertura aún, a falta de la reforma varada por el disenso, de la ley franquista que regula los secretos oficiales desde 1968. Una vez más, la extrema polarización asfixia el entendimiento que exige a los dos grandes partidos del país el manejo de una información tan sensible.

Los papeles ahora sometidos a escrutinio apuntalan el relato que decanta del lado de aquella democracia recién estrenada al rey Juan Carlos I, erigido en el objetivo a derrocar por los frustrados golpistas tras el 23-F. Ni el reproche que merecen las actuaciones personales que forzaron su marcha a Abu Dabi, ni los prejuicios de las posiciones más dogmáticas en los extremos a izquierda y derecha y entre los soberanismos periféricos, deberían llevar a emponzoñar la envergadura de la responsabilidad histórica que asumieron el jefe del Estado y el resto de los actores de la restitución democrática. Porque si algo demuestra el eco documental del ‘tejerazo’ es que no cabe frivolizar con los derechos y libertades que guarece la Constitución de todos. Y mucho menos coaccionarlos.