Aprobada nuestra primera Constitución liberal, la de 1812, Argüelles, desde la escalinata del Oratorio de San Felipe Neri, mostró su texto a los gaditanos con aquellas famosas palabras: «Españoles, esta es vuestra patria».

Era una Constitución para el pueblo, pero sin el pueblo, como la mayoría de las que siguieron. Hace 44 años, por el contrario, fuimos los españoles los auténticos protagonistas al ratificar la Constitución que hoy celebramos y a cuyo amparo España ha vivido los más largos, libres y prósperos años de lo que va de los siglos XIX y XX.

Celebramos este 44º aniversario, sin embargo, intranquilos al comprobar hasta qué punto esta Constitución está hoy bloqueada. Han dejado de funcionar, al menos parcialmente, órganos capitales como el Tribunal Constitucional o el Consejo General del Poder Judicial. No busquemos su causa en las imperfecciones que, como toda obra humana, tiene su texto. Porque el origen de este parcial bloqueo no está en su contenido, sino en los propios partidos políticos.

Una de las funciones capitales de los partidos, además de las conocidas funciones regulatorias, distributivas y redistributivas, es la que desde Th. J. Lowi se denomina el constituent role o función constituyente y que se refiere no sólo al privilegiado protagonismo de los partidos tras la II Guerra Mundial en la elaboración de la Carta Fundamental, sino también a su misión de fijar las reglas del juego político y respetarlas. En el Estado de partidos, estos, cumpliendo este constituent role, hacen funcionar todos los engranajes de la Constitución. Y, al hacerlo, alimentan su propia legitimidad.

Durante las Legislaturas I a XIII los partidos políticos en España, a través de sus grupos parlamentarios y Gobiernos, han desempeñado razonablemente, visto lo que ahora nos ocurre, esa función constituyente. Fue a través de pactos, salvo casos excepcionales, como se aprobaron desde 1978 las leyes que regulan el funcionamiento de los principales órganos constitucionales (Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, defensor del Pueblo) y otros organismos de especial relevancia.

Y ha sido a través de pactos, siempre laboriosos y perfectibles, como los partidos han hecho posible en los últimos 40 años el funcionamiento de toda la maquinaria constitucional. Sin este desempeño, nuestro sistema democrático se hubiera gripado desde la primera legislatura ordinaria de la democracia.

Pero hoy las cosas están cambiando.

«De los principales y originarios partidos constituyentes sólo quedan en pie dos, el PSOE y el PP»

Los partidos políticos son incapaces de hacer funcionar la maquinaria y no han renovado en tiempo y forma ni la Defensoría del Pueblo, ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Tribunal de Cuentas, ni el Tribunal Constitucional. Por no referirnos a otros de menor entidad, pero también de indudable relevancia institucional. Sencillamente, no están cumpliendo esa función constituyente que les corresponde.

Entre las causas que explican esta grave anomalía me atrevería a sugerir las siguientes.

En primer lugar, no podemos perder de vista la transformada morfología del actual sistema de partidos. Hay partidos políticos que estuvieron en el pacto constituyente, pero que hoy han desaparecido. Desapareció la UCD. También desaparecieron el PSP y Minoría Catalana. El PCE, de capital importancia en la elaboración de la Constitución, ha mutado radicalmente de posición a lo largo de estos años. El PNV estuvo en la negociación del texto constitucional, pero finalmente no la apoyó. AP, que se abstuvo entonces, ha corregido felizmente su posición constitucional una vez refundada como PP.

Así pues, de los principales y originarios partidos constituyentes sólo quedan en pie dos, el PSOE y el PP. Este, como constituyente sobrevenido.

En segundo lugar, en nuestro actual sistema de partidos ha cobrado un peso hasta hace poco desconocido, y en todo caso determinante en la política nacional, todo un conjunto heterogéneo de organizaciones como Vox, Unidas Podemos, ERC, JxCat, HB Bildu, CUP, Ciudadanos, BNG, Compromís, etcétera.

Aunque algunos, como Ciudadanos, manifiestan un inequívoco compromiso constitucional, entre el resto no faltan partidos legatarios de quienes trataron con las armas de abortar todo el proceso constituyente, o de quienes hace poco intentaron quebrar la Constitución, o partidos de quienes cabe presumir que la mutarían en una dirección abiertamente reaccionaria, si tuvieran oportunidad.

«La historia y biografía constitucional de PP y PSOE es lo que de alguna forma se está desdibujando gravemente en esta XIV Legislatura»

El número, pues, de los partidos que apoyaron y siguen apoyando esta Constitución se ha reducido notablemente. Y, entre los nuevos, algunos no sólo no cumplen con esa función constituyente, sino que su estrategia es claramente deconstituyente.

Pero con ser todo esto preocupante para quienes defendemos la Constitución (incluido el título X. De la reforma constitucional), nos debe desasosegar otro tanto la cultura y práctica constitucional de los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, pilares del sistema en estas cuatro décadas. El compromiso constitucional de los partidos (Mauro Calise, La democrazia del leader) se sedimenta, como custodios de las reglas del juego, en decenios de reflexiones, teorizaciones, debates y tomas de posición.

Han sido los afiliados, dirigentes y simpatizantes de esos partidos quienes a lo largo de estos 44 años han ido conformando e interiorizando esa cultura constitucional hasta el punto de convertirla en parte integrante de su biografía y de sus señas de identidad. Y es eso, la historia y biografía constitucional de estos partidos, lo que de alguna forma se está desdibujando gravemente en esta XIV Legislatura.

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El PP porque, incumpliendo leyes que el mismo impulsó con sus mayorías (Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio del Poder Judicial), ha pasado del juego constitucional duro consistente en arrastrar los pies en la negociación de los órganos constitucionales a situarse fuera de juego con su rechazo a negociar con el actual PSOE la elección de los miembros del CGPJ. Actitud que, por otra parte, supone retrasar también la renovación del Tribunal Constitucional.

En cuanto al PSOE, este ha desdibujado su propia historia y biografía constituyente como organización al aliarse para gobernar con fuerzas antisistema (HB Bildu y ERC) y al adoptar algunas decisiones, como la derogación del delito de sedición, que ponen en riesgo la fortaleza del orden constitucional.

Ya pocos saben quién empezó primero. Y no creo que averiguarlo sea ahora lo más importante. El resultado es que la Constitución ha quedado debilitada y parcialmente bloqueada.

«Si los partidos constituyentes y sus líderes no cambian de estrategia, no hay que descartar la implosión en un futuro del actual orden constitucional»

Pues bien, en este 44º aniversario tal vez no sea ocioso recordar que esta Constitución, con la exigencia de mayorías reforzadas y de respeto de los usos y rutinas de décadas, está diseñada para que funcione solamente a través del acuerdo de los partidos en la renovación de los órganos constitucionales. Sin tales acuerdos, cambiando unilateralmente las leyes sin respetar las prácticas de estos cuarenta años, o forzando la interpretación de las leyes que regulan la renovación de estos órganos, estamos condenados a mutaciones constitucionales por vías de hecho.

La conocida estrategia de las dos orillas, históricamente rechazada por los principales partidos, pero hoy practicada socialmente, condena a la orfandad a miles y miles de ciudadanos, atrapados en dos ciudades que cavan trincheras cada día más profundas y han roto todos los puentes entre ambas orillas.

A su vez, institucionalmente, la polarización de la vida política en dos bloques, que es el retrato final de esta legislatura y tal vez un anticipo de las siguientes, gripa el normal funcionamiento de una Constitución diseñada para funcionar con acuerdos.

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Si los partidos constituyentes y sus líderes no cambian de estrategia, no hay que descartar la implosión en un futuro del actual orden constitucional. Porque, como prueba el gripado de algunos órganos en estos cuatro años, esta Constitución no puede metabolizar una política basada en bloques graníticos como los que nos han caído en desgracia.

Si los constituyentes hubieran dejado por escrito algún manual de instrucciones para el buen manejo de esta compleja maquinaria, ese hipotético manual posiblemente hubiera comenzado con una única advertencia de este estilo: Atención, esta Constitución no funciona con bloques.

Nuestra Constitución fue una respuesta a la tragedia de nuestra historia. Pues bien, nada hay más alejado del propósito de aquel pueblo español en su momento constituyente, nada más contrario al auténtico Volksgeist del 78, que volver a dividir a los ciudadanos en dos bloques (pueblo y casta, buenos y malos, puros e impuros, fascistas y comunistas). La Constitución del 78 no está diseñada para este tipo de políticas de bloques. Y, por ello, así no podrá funcionar mucho tiempo.

Esto es algo que nos debería inquietar en este 44º aniversario.