EL MUNDO 18/12/13
JORGE DE ESTEBAN
· El autor critica el modo en el que la Generalitat ha creado el marco para la realización de un posible referéndum
LOS NACIONALISTAS catalanes son maestros tanto en el arte de tergiversar la Historia, como en el de disfrazar ciertos conceptos, según les venga bien a sus intereses. Sobre el primer punto existe ya una amplia bibliografía sectaria, pero la muestra más reciente de su arraigo la tenemos en el Congreso España contra Cataluña, que se acaba de celebrar en Barcelona y en el que se ha hablado, salvo excepciones, de una Historia ficción. En lo que respecta al segundo punto, es decir, a su obsesión por disfrazar las palabras o los conceptos, hay ejemplos clásicos como el de referirse a España como el «Estado español» y también ejemplos más actuales como el famoso «derecho a decidir», en lugar del derecho de autodeterminación, o asimismo el de utilizar «consulta» por referéndum para sortear así la falta de competencia de la Generalitat para convocar referéndums, lo que ha confirmado el Tribunal Constitucional (STC 48/2003).
Ahora bien, esta facilidad para tergiversar la Historia y los conceptos, se ha visto enriquecida con la aportación que acaban de hacer triunfalmente los aliados independentistas presentando las dos preguntas que han redactado para cuando se celebre la consulta el 9 de noviembre de 2014, si es que se celebra. En este sentido, se debe recordar, como señala el constitucionalista británico J.F.S. Ross, que una condición necesaria para que todo referéndum sea válido es la de plantear bien la pregunta que se hace al pueblo. Afirma así que «la esencia del referéndum es, por supuesto, plantear una pregunta al cuerpo general de ciudadanos. Evidentemente cualquier necio puede hacer una pregunta, pero plantear la pregunta correcta y hacerlo de la forma debida es completamente otra cuestión». Un referéndum mal planteado o excesivamente técnico supone que se está confundiendo al pueblo sobre lo que se pregunta.
De este modo, en aras de la simplificación del referéndum, lo normal es que se haga una sola pregunta y se responda «sí» o «no». Sin embargo, a veces los gobernantes que plantean una consulta popular complican las cosas de tal manera que en lugar de una pregunta se hacen dos, lo cual implica entrar en el terreno resbaladizo de la confusión o incluso de la manipulación, como acaba de explicar Stéphane Dion, autor y político canadiense que algo sabe de todo esto. Pero como en este mundo siempre hay precedentes para todo, también lo hay en lo que se refiere a la pregunta dual que los nacionalistas catalanes quieren someter al electorado. Efectivamente, en Puerto Rico, en 2012, se hizo un referéndum con dos preguntas, a efectos de conocer si los puertorriqueños deseaban seguir manteniéndose como Estado asociado de Estados Unidos, primera pregunta; o, por el contrario, optaban, segunda pregunta, por una de las tres posibilidades siguientes: convertirse en el 51 Estado americano, pasar a ser un Estado independiente, o, por último, mejorar la situación actual manteniendo la soberanía de Puerto Rico y, al mismo tiempo, seguir asociados con Estados Unidos, de igual a igual. Pues bien, el resultado fue meridiano en lo que se refiere a la primera pregunta, pues el 54% de los votantes se inclinó por el no, esto es, rechazaban la situación actual, mientras que el 46% quería mantenerse tal y como están ahora. Ahora bien, en la segunda pregunta, la primera opción obtenía un 61,4%, eligiendo integrarse en los Estados Unidos; la segunda opción consiguió únicamente un 5,5%; mientras que la tercera supuso un 33,4%. La consecuencia es que tras ese confuso resultado, no se sabe todavía qué es lo que quiere realmente la mayoría de puertorriqueños, porque casi la totalidad de los electores no entendieron la pregunta.
Pues bien, la gran aportación de los nacionalistas catalanes ha sido también plantear dos preguntas confusas, en las que lo único que queda claro es que ellos distinguen dos categorías de Estado: el Estado dependiente y el Estado independiente. Esta distinción es realmente soberbia y rompe así con la doctrina clásica del Derecho Constitucional y la Ciencia Política. En efecto, cuando se utiliza simplemente la palabra Estado, procedente del italiano lo stato, que ya utilizó Maquiavelo en su clásica obra El Príncipe, lo que se quiere afirmar es que todo Estado es soberano e independiente, es decir, que en el orden interno tiene la potestad de imponer sus decisiones a los gobernados y que en el orden internacional no está sometido a ninguna otra autoridad.
Por tanto, hablar de Estado independiente es un pleonasmo, pues no hay Estado que no sea independiente. Ahora bien, cuando la palabra Estado va acompañada de algún calificativo, como Estado federado o como Estado asociado, lo que se está afirmando es que ese Estado no es independiente, porque forma parte de una federación o alianza, que impide su total independencia, como ocurre con la Unión Europea. En cualquier caso, como la pregunta que plantean los nacionalistas catalanes consiste en saber si se quiere que Cataluña sea un Estado a secas, para preguntar después, en caso afirmativo, si se desea que ese Estado sea también independiente, no hay más remedio que concluir, según lo que piensan estos iluminados, que hay dos clases de Estado: el dependiente y el independiente. Pues bien, si por casualidad se lleva a cabo la consulta, lo que es mucho suponer, habría que preguntarse qué pasaría si ganasen en la primera pregunta los síes y los noes en la segunda. En otras palabras, los catalanes optarían así por un Estado dependiente y rechazarían el Estado independiente. Así las cosas, lo que falta por saber entonces es de quién dependería ese Estado, pues en puridad no sería Estado, ya que no sería independiente ni soberano.
Llegados a este punto habría que preguntarse si los ciudadanos catalanes, a la vista del proceder de sus gobernantes en los últimos meses, son conscientes de que están en manos de unos individuos peligrosos. Es más, no solo se demuestra este desvarío en las dos preguntas que he analizado, sino que además quieren establecer un sistema de cómputo de votos que es un primor de claridad y democracia. Ciertamente, según ha señalado Marta Rovira, secretaria general de ERC, el pacto que se ha establecido entre su partido, CiU, ICV-EUiA y la CUP, certifica que solo sería necesaria una mayoría simple a favor del sí, en cada una de las dos preguntas que se plantean, para que se obtuviese la independencia. Según ella, con un 26% del total de participantes en la consulta que votasen a favor de la opción independentista de forma explícita, Cataluña lograría su independencia plena, es decir, con esta minoría se acabaría con el Estado más antiguo de Europa. Su confusión es de tal calibre que durante la conferencia de prensa que celebró el pasado viernes, llegó a decir que la propuesta «era una mala pregunta», rectificando enseguida su lapsus freudiano.
LA SECRETARIA de ERC también ha dejado otra perla en sus comentarios. Según ella, la Carta de las Naciones Unidas está por encima de la Constitución, por lo que hay que admitir el derecho de autodeterminación que a su parecer reconoce dicho documento internacional. En efecto, el artículo 1.2 de la Carta dice que una de las funciones de las Naciones Unidas, entre otras, es la de respetar «el principio de la libre determinación de los pueblos». Cierto, pero esto era un postulado válido en el año 1945 y sirvió para que se llevase a cabo la descolonización de muchos pueblos, pero en el año 2013 ya no quedan apenas colonias en este mundo y desde luego no parece que sea el caso de Cataluña. Es más: la secretaria de ERC debería seguir leyendo la Carta de las Naciones Unidas, porque se afirma también de forma taxativa en ella que en las relaciones internacionales la ONU se abstendrá de recurrir al uso de la fuerza contra la «integridad territorial de los Estados», cláusula que todas las Constituciones democráticas suelen incluir y, entre ellas, la española, que así lo establece en los artículos 2 y 8. Evidentemente, Marta Rovira no ha debido leer con atención la citada Carta, porque mantiene igualmente que se dice en ella que la soberanía recae sobre los pueblos y no sobre los Estados. Conviene, por tanto, que la relea nuevamente para comprobar que los miembros de la ONU son los Estados y no los pueblos.
Por otro lado, el presidente del mismo partido, Oriol Junqueras no se cansa de repetir que la democracia está por encima de la Constitución. Es más, ahora los independentistas piensan llevar a cabo una campaña internacional con el lema: «Let us vote». Sin embargo, no acaban de darse cuenta de que estamos en un Estado de Derecho, que se rige por una Constitución que en el año 1978 fue votada en Cataluña por el 90,5% de los electores y que, por consiguiente, lo que señala la primera Norma del Estado vincula a todos. Por lo demás, también se aferran a otro silogismo falso que consiste en que no admiten que los 12 jueces del Tribunal Constitucional hayan podido anular algunos artículos del Estatuto que había sido aprobado en Cataluña con menos del 50% del electorado y que rebasaba los límites constitucionales por todas partes. Según ellos, no pueden existir normas jurídicas que vayan contra la democracia, pero se niegan a reconocer que no pueda haber democracia sin normas que la regulen y que hay que respetar. El Tribunal Constitucional obtiene su legitimidad de la propia Constitución que los catalanes aprobaron y, por tanto, sus actuaciones, incluso rechazando artículos de un texto aprobado en referéndum, son completamente legales y legítimas, porque al actuar así están cumpliendo con su obligación más genuina: vigilar por la integridad y el respeto de la Constitución. De ahí que el eslogan que han elegido para su campaña internacional no debería ser «Let us vote», sino «Let us break our Constitution».
Jorge de Esteban es catedrático de Derecho Constitucional y presidente del Consejo Editorial de EL MUNDO.