El 13 de octubre de 2017 un altavoz propagandístico de la izquierda abertzale publicó una entrevista a Joseba Azkarraga, portavoz de Sare, en la que admitía nítidamente cuál era el propósito de esta organización: «Hay que cambiar esa legislación y hay quienes esto lo plantean legítimamente desde la exigencia de la amnistía. Persiguiendo los mismos objetivos, que son vaciar las cárceles, creemos que hay que llegar hasta ahí con el apoyo de la mayoría de la sociedad, y en eso estamos». En términos parecidos se expresó Arnaldo Otegi en una entrevista más reciente en el mismo medio, el 17 de octubre de 2022: «El tema de los presos afecta a la convivencia en este país. (…) Todos deberíamos entender que no hay víctimas de una parte y de otra, sino que todos han sido víctimas. Con los presos debería suceder lo mismo: no son nuestros presos, son los presos que ha dejado una fase histórica en este país».

Las dos declaraciones reflejan perfectamente que las posiciones de la izquierda abertzale no se han movido un ápice en los últimos años. Su prioridad son los presos. Unos presos cuyos delitos jamás mencionan. Podrán maquillar sus deseos de impunidad bajo el manto de la paz y la convivencia para hacerlos más digeribles, pero no existe eufemismo que les permita camuflar que quieren a esos presos libres y en casa. «Etxera»; es decir, impunes. ¿Por qué? Muy sencillo: para la izquierda abertzale, los crímenes de ETA no deberían tener un castigo penal porque matar estuvo bien. Terminada la política penitenciaria de dispersión, ahora centra su discurso de la «excepcionalidad penitenciaria» en que los etarras presos no puedan acceder a terceros grados sin cumplir con los requisitos que la ley exige para todos los presos: arrepentimiento, petición de perdón y disposición para colaborar con la Justicia. Carga contra la Fiscalía de la Audiencia Nacional por interponer recursos a los terceros grados otorgados de manera excesivamente generosa por el Gobierno vasco. Pero si hay algo «excepcional» en todo esto es precisamente pretender que se otorguen terceros grados sin cumplir con la ley. Denuncia una falsa «excepcionalidad» que, en realidad, desea para sus presos.

Los presos de ETA siempre han sido presos con doble candado: el de la Justicia que les ha condenado y el de la izquierda abertzale. Este último, el más férreo. «Arrepentimiento y delación son líneas rojas que un preso de motivación política no puede traspasar», advirtió Pernando Barrena en 2016. La izquierda abertzale es la principal culpable de que sus presos no puedan cumplir con los requisitos que exige la ley para progresar en grado. Y mientras controla el destino de los pocos asesinos que cumplen condena -recordemos que casi la mitad de las víctimas de ETA no han tenido nada de justicia, es decir, no han tenido a ningún asesino de sus familiares en la cárcel-, se dedica a dar lecciones de paz y convivencia. Lecciones que nunca se acompañan de ningún gesto sincero de arrepentimiento e impugnación del terrorismo. Puro cinismo.

Si quisiera hacer aportaciones a la paz y la convivencia después de haber impuesto el terror durante más de cincuenta años, podría empezar por asumir su responsabilidad en ciertos hechos: los asesinatos, los atentados con heridos, los secuestros, las amenazas, la persecución y el ataque sistemático y selectivo a los derechos humanos más básicos ocurrieron. Y no fueron accidentes meteorológicos, no fueron hechos al azar. Ocurrieron porque hubo quien decidió que ocurrieran. El terrorismo de ETA no fue responsabilidad exclusiva de los propios terroristas. Los asesinos materializaban los atentados, pero los ideólogos del engranaje de terror fueron los líderes de la izquierda abertzale. Y no han pagado por haber dictado la pena de muerte o haber forzado al destierro a quienes no cabíamos en su proyecto político y social. La resistencia a asumir una cierta carga de verdad respecto a esta realidad, a hacer un reconocimiento de hechos que están al margen de la opinión, es el principal lastre para la paz y la convivencia.

La digestión de estos últimos cincuenta años de terror no se puede solventar con un relato exculpatorio en el que todos fuimos víctimas porque todos sufrimos. Afirmar que los asesinos son tan víctimas como los asesinados es cruel. No tienen ninguna autoridad moral para dar lecciones de paz y convivencia quienes construyen su discurso político sobre el desprecio y la provocación a las víctimas de ETA, llamando «presos políticos» a los asesinos de nuestros familiares y exigiendo constantemente -en manifestaciones, pintadas, pancartas- su impunidad. Una convivencia en paz y libertad solo se puede edificar sobre la base de que los terroristas y sus cómplices no sean considerados ni héroes ni víctimas, porque no lo fueron.