La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registró este jueves la casa de José Luis Ábalos en Valencia, requirió contratos a Adif Alta Velocidad y detuvo a seis personas en una nueva pieza secreta del caso Koldo.
Entre ellas está Cristian Corvillo, el militante socialista cordobés que acompañó como chófer a Pedro Sánchez por Andalucía en las primarias de 2017.
A veinticuatro días de las elecciones del 29 de noviembre, la corrupción del sanchismo ha entrado en campaña. Y no lo ha hecho por la puerta de los mítines. Sino por la de la Audiencia Nacional.
Sánchez ha despachado el asunto con una sola frase en la rueda de prensa de clausura de la Cumbre Iberoamericana: «Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo«.
También ha dicho que «parece que no es nada nuevo».
En eso tiene razón. Pero no en el sentido que él pretende.
Los seis detenidos han quedado en libertad este mismo jueves y serán citados como investigados. El juez Ismael Moreno abrió la pieza el martes, tras recibir un nuevo informe de la UCO.
El sumario es secreto. Se investigan presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y blanqueo de capitales en adjudicaciones de obra pública del Ministerio de Transportes.
Los agentes también han requerido documentación en la sede sevillana de Azvi, la constructora cuyo presidente reconoció ante el Supremo haber contratado a Koldo García como consultor a finales de 2023.
Corvillo no es un desconocido para los investigadores. Un informe de la UCO de 2024 lo situó «a las órdenes» de Víctor de Aldama en las gestiones para conseguir un chalé en La Alcaidesa presuntamente destinado a Ábalos.
Su hermano Rubén, detenido también este jueves, ha tenido sociedades vinculadas a Aldama. Como reveló EL ESPAÑOL, una empresa suya pagó el aval que permitió al comisionista obtener la cesión gratuita de dos edificios municipales en San Roque.
Moncloa niega que Corvillo fuera chófer de Sánchez. Pero fuentes del Gobierno admiten que no pueden descartar algún desplazamiento con él durante aquellas primarias, que es una forma de reconocer que sí lo fue.
Las fotos tampoco ayudan a la versión oficial. Corvillo aparece en primera fila en un mitin de Sánchez en Córdoba en abril de 2017. Y es el autor de la conocida imagen del candidato comiendo paella en plena gira. En aquel mitin, Sánchez agradeció el «trabajo silencioso» de varios colaboradores. Entre ellos citó a «Cristian».
Pero Corvillo no es una excepción. Es el último eslabón de una cadena que lleva desde el Peugeot a la corrupción en el Ministerio de Transportes, el de mayor presupuesto de todo el Gobierno.
Ábalos, que fue después secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, cumple en prisión una condena de veinticuatro años impuesta por el Supremo. Koldo García, que custodiaba los avales de la candidatura de Pedro Sánchez, también está en prisión tras ser condenado por el mismo tribunal.
Santos Cerdán, sucesor de Ábalos al frente de la Organización socialista, pasó casi cinco meses en prisión provisional y sigue investigado en la Audiencia Nacional.
Y este jueves, el hombre que según numerosas informaciones le hacía de conductor por Andalucía ha salido de su casa acompañado de agentes de la UCO.
Los compañeros de viaje de Sánchez en las primarias de 2017 han ido pasando, uno a uno, por las manos de la UCO.
Con cada uno de ellos, el presidente ha recurrido al mismo método. A Koldo lo redujo a una relación «anecdótica». De las andanzas de la exmilitante Leire Díez dijo que nunca las conoció y que «no las habría tolerado».
«Ninguna de las dos hipótesis deja a Sánchez en buen lugar»
Puede que Sánchez no supiera nada. Pero entonces habría que concluir que quien llegó a Moncloa con una moción de censura contra la corrupción no supo verla cuando viajaba a su lado. ¿Tan fácil le resultó detectarla en el PP y tan poco cuando viajaba a su lado?
Y si la vio, la conclusión es todavía peor.
Ninguna de las dos hipótesis deja a Sánchez en buen lugar.
Mientras la UCO registraba, el Gobierno y los medios afines han preferido hablar de otra cosa. En concreto, de una enrevesada denuncia de Koldo García, difundida este jueves desde la cárcel.
Koldo sostiene que el abogado del PP le ofreció un millón de euros a través de un medio de comunicación a cambio de declarar contra Sánchez.
Que un medio pague a quien le concede una entrevista es una práctica reprobable que, por desgracia, empieza a ser cada vez más frecuente en algunos medios. Pero los afines al Gobierno han dado por hecho que ese dinero era del PP.
Y lo han mezclado con las conversaciones entre acusaciones y defensas, paralelas y habituales en muchos procesos penales, como si fueran la prueba de una conspiración.
Según el relato de Koldo, ese dinero se recuperaría con publicidad institucional. No deja de ser una paradoja que hablen de publicidad institucional quienes más se han beneficiado de la generosidad del Gobierno con los medios afines.
Sánchez despidió el martes a Óscar Puente con un «no todos somos iguales» que el PSOE ha convertido en lema de campaña.
Es cierto. No todos los candidatos han visto desfilar ante la UCO a quienes les acompañaron hasta Ferraz. Y ni el chófer de Feijóo ni el de Abascal están siendo investigados por delitos de corrupción.
Sánchez puede decir que no se enteraba. Pero el 29-N la corrupción también viajará con él hasta las urnas.