El sanchismo ha llevado a la sociedad española a un grado tal de polarización política que un gran número de ciudadanos respalda o hasta se alegra de la deslocalización de Ferrovial, decisión que en circunstancias normales constituiría una mala noticia para cualquiera que la enfocase con una mirada objetiva. Esos 49 de cada cien encuestados por Metroscopia –para ‘El Confidencial’- que justifican la salida frente a los 44 que la reprueban confirma la evidencia que casi todos los sondeos certifican, y es que el Gobierno ha perdido la mayoría. Pero el dato demuestra también que la fobia suscitada por el presidente inclina el juicio de la opinión pública hacia una visión crítica nublada por la suspicacia banderiza, reforzada a su vez por una reacción oficial cargada de sectarismo populista. En este momento, la falta de crédito acumulada por Sánchez tras una legislatura de ocultaciones y mentiras permite imaginar que si mañana anunciase el descubrimiento de una cura del cáncer, la mitad o más de nuestros compatriotas no le creería.

La fuga fiscal de una gran compañía, que es de lo que se trata a fin de cuentas por más que medien argumentos de mayor operatividad competitiva o financiera, resulta un acontecimiento de negativa repercusión estratégica, tanto si se considera desde una perspectiva ideológica de izquierdas como de derechas. Su alto nivel de aprobación, sin embargo, sugiere la idea de que un gran número de españoles, sean empresarios, autónomos o empleados por cuenta ajena, harían lo mismo si pudieran, hastiados de una presión tributaria descomedida que los sitúa al borde del empobrecimiento o de la quiebra. Los sectores productivos del país se sienten desprotegidos, expoliados, sin fuerzas físicas ni morales para seguir sosteniendo la vertiginosa espiral de costes, impuestos y deuda mientras el aparato de poder incrementa su gasto con orgullosa incontinencia. Si hay algo en la decisión de Del Pino que les molesta es la frustración de no estar en condiciones para irse también fuera.

Ese sentimiento de desamparo distorsiona la percepción de una espantada empresarial preocupante, al punto de beneficiarla con una tolerancia social notable. Un Ejecutivo consciente de sus obligaciones estaría ahora negociando con Ferrovial para que se quedase –herramientas políticas no le faltan a su alcance— en vez de lanzar sobre sus directivos anatemas estimuladores del odio de clase, cascadas de consignas y dicterios basados en un cálculo erróneo de rendimientos electorales. La reacción sanchista, en cambio, deja al Gabinete con las vergüenzas de la inseguridad jurídica al aire, retratado en la burbuja de su propia parálisis sin otro recurso que la excitación, puro peronismo, de las iras populares. Sin entender que esos aspavientos de impotencia exhiben la debilidad flagrante de quien ha perdido la brújula de sus responsabilidades.