El tremendismo y la hostilidad de la política española ha provocado en torno al acuerdo sobre el poder judicial una reacción paradójica, y es que los firmantes no sólo no presumen de haberlo alcanzado sino que disimulan su satisfacción entre excusas pudorosas para que los votantes más arriscados no crean que han cedido a la tentación de la concordia. Es tal el clima de animadversión tóxica que ambas partes recelan de que sus simpatizantes entiendan el acercamiento al rival como una derrota. Ha sido algo puntual, eh, vienen a decir, y por necesidad perentoria; no vayáis a pensar que a partir de ahora vamos a comernos la boca. Y a continuación vuelven a zurrarse como de costumbre para disipar cualquier sospecha de avenencia amistosa entre adversarios que han sembrado la atmósfera pública con la cizaña de una polarización patológica. Incluso han congelado nuevos compromisos –el Banco de España, RTVE, las comisiones reguladoras–ante cuya simple perspectiva les salen ronchas.

El Gobierno se ha apresurado a desmarcarse de la reforma del método de elección de los vocales: sí, existe un párrafo al respecto en el documento pero no es vinculante. Se trata de una propuesta que deberá ir al Parlamento y allí cualquiera sabe: habrá enmiendas, retoques, debates, y acaso el trámite pueda estirarse hasta que la legislatura decaiga y todo quede en el aire. Aun así, al sanchismo le queda por pasar el trago indigesto de aprobar con el PP los cambios inmediatos para que la renovación del Consejo surta efecto; esa votación de tres quintos será un agujero en el muro de hierro levantado entre los bloques de la caverna y del progreso, y necesitará compensaciones generosas para evitar que los socios marginados boicoteen el próximo Presupuesto y se carguen el mandato antes de tiempo. A veces, el problema de pedir algo con mucha insistencia consiste en el riesgo de acabar obteniéndolo.

Los populares, por su lado, no terminan de creer que Sánchez haya cedido al pacto. Recelan, quizá con motivo, que pueda haber gato encerrado, pero no logran identificarlo. No saben si el presidente ha transigido porque proyecta convocar elecciones tras el verano, porque Europa le ha presionado o simplemente porque está harto. Algún dirigente hay que achaca el final feliz al empeño de Bolaños, uno de los pocos ministros con cierto sentido institucional, por dejar su propio legado. Ni siquiera se atreven a felicitarse de que Feijóo haya reforzado su liderazgo porque temen que en algún momento vaya a aflorar el truco y todo el entusiasmo se venga de repente abajo. Y los jueces, sobre todo los de las asociaciones minoritarias, están escépticos o directamente decepcionados por la fuerte politización del reparto. El proceso de desinstitucionalización de estos años ha vacunado a todo el mundo de espantos. Y cuando algo parece salir bien queda flotando un presagio de engaño.