Un gobernante ha de asumir que tiene un problema serio el día en el que dice una verdad y se pone en duda. Después de cuatro años en Moncloa, Pedro Sánchez –igual que ha ocurrido con sus antecesores en el cargo– ya ha tenido tiempo suficiente para acumular una extensa lista de episodios en los que alguien desde su gobierno nos dijo una cosa y su contraria en horas 24. En esa misma lista aparecen situaciones en las que se dieron por confirmados determinados hechos que, pasado un tiempo, se demostraron alejados de la realidad. Y, así, cuando un día se nos advierte, como en el cuento, de que ahora sí viene el lobo, la mayoría tiende a dar poco crédito al aviso.

Los españoles asistimos desde hace años a un acelerado proceso de deterioro de las instituciones del Estado. Y en los últimos días, el quebranto se focaliza en el Centro Nacional de Inteligencia. El CNI –igual que las Fuerzas Armadas o los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado o la sanidad o la educación o el Parlamento–, ha de ser sobreprotegido, porque de ello depende el bienestar de los ciudadanos y la seguridad nacional. Y el primero que debe velar por su preservación es el Gobierno. De ahí que genere tantas dudas ese ejercicio de striptease realizado por Moncloa al contar a España y al mundo que nuestro presidente ha sido espiado por no se sabe quién. Se trata de dos reconocimientos que dan miedo: primero, que el presidente puede ser espiado y, segundo, que ignoremos quién dispone de esa información. En resumen, España reconoce ser un país débil y lejos de guardar una mínima reserva sobre tal debilidad, la aireamos con gran aparato trompetero. Y la siguiente derivada es que, sin embargo, el Gobierno ha conseguido unanimidad en generar sospechas sobre cuáles son sus verdaderas intenciones al hacerlo público y sobre el momento elegido: por qué ahora, y no antes o después.

El escritor británico del siglo XIX Anthony Trollope dejó escrito que «un primer ministro es competente simplemente porque la gente cree que lo es». He ahí la cuestión.