En una reciente conferencia en la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, Pablo Iglesias se mostró partidario de la estatización de los medios de comunicación. En concreto, la fórmula que proponía es que un tercio de los medios esté controlado por el Gobierno, un tercio por los sindicatos y un tercio «por los millonarios de siempre». En su nueva faceta de tertuliano en una cadena radiofónica, el antiguo vicepresidente del Gobierno de Podemos coincidía con otra exvicepresidenta, Carmen Calvo, semanas antes de que el presidente de RTVE, Pérez Tornero, fuera empujado a dimitir por los socialistas que lo propusieron hace dieciocho meses.

En esa tertulia, se mostraban incondicionales del control de la información y la opinión por el poder político y la adjudicación de cuotas de periodistas afines al Gobierno en los espacios de RTVE. Para ambos, la profesión de periodismo está formada por voceros partidistas, etiquetados y simplificados como hostiles o partidarios del Ejecutivo. Y el Gobierno, al haber ganado las elecciones, tiene derecho a seleccionar y colocar a los periodistas simpatizantes. Ya antes de llegar al Ejecutivo de coalición, el exlíder de Podemos confesaba que el precio para apoyar un acuerdo con los socialistas sería «que me dieran una televisión pública».

La caída del presidente de RTVE elegido por consenso en el Congreso y la designación de Elena Sánchez como presidenta interina con el beneplácito de La Moncloa, con un intenso calendario electoral en los próximos meses, no hace más que confirmar la preocupación del Gobierno por el control del ente. Es llamativo que, tras un proceso largo y complejo para designar a los miembros del consejo de administración de RTVE y a un presidente consensuado por las fuerzas mayoritarias del Parlamento, que en su momento se consideró un éxito de la política dialogante, haya sido derribado en poco más de año y medio.

Supone la vuelta al estilo de los presidentes de TVE a dedo, afines al Ejecutivo. Con el fin de saltar por encima del procedimiento de negociación y consenso que requeriría cubrir el puesto de Tornero, La Moncloa recurrió el decreto ley que modifica los Estatutos de RTVE que limitan el papel de la presidencia interina en el área ejecutiva y en su remuneración. Este atajo, sin embargo, tiene lagunas legales que, de momento, han impedido la ratificación de la candidata de Pedro Sánchez al frente de RTVE para los próximos meses de campaña electoral. Pero el ente es una olla a presión y el Gobierno no está dispuesto a dejar de controlar el mando a distancia.