Javier G. Jorrín-El Confidencial

  • España tendrá que soportar un elevado coste como consecuencia de la subida de los precios energéticos, que causará un deterioro de la balanza comercial y un drenaje de rentas

La crisis energética tiene en Europa al gran perdedor mundial. Y uno de los países destacados es España. La escasez de materias primas energéticas en el continente obliga a importar millones de toneladas de gas y petróleo cada año. Esta dependencia implica una gran vulnerabilidad económica, que se está mostrando con dureza en los últimos meses. España tendrá que soportar un elevado coste como consecuencia de la subida de los precios energéticos. El primero es el deterioro de la balanza comercial por las importaciones de petróleo, gas y carbón. El segundo es el drenaje de rentas que supone, tanto de familias como de empresas, que está lastrando ya el empleo, el consumo y la inversión.

En los últimos años, España ha logrado consolidar su superávit por cuenta corriente. Esta es la ‘joya de la corona’ del país, el gran éxito colectivo que contribuyó a sacar España de la crisis financiera de 2008. Sin embargo, una parte de ese superávit es consecuencia de la drástica mejora de la balanza energética por el desplome de los precios del petróleo y del gas desde la última crisis financiera. Por ejemplo, el precio medio del barril de Brent, de referencia en Europa, fue en 2020 un 61% inferior al de 2012. Esto explica casi la totalidad de la mejora de la balanza energética de España.

Incluso en 2021, con la crisis actual de precios, el precio medio del crudo sigue siendo un 38% inferior al de 2012. Sin embargo, con el ‘boom’ de precios de los últimos meses, la diferencia con el precio medio de 2012 se ha estrechado, hasta el punto de que está ya a menos de un 25%.

Este cambio de ciclo en los precios internacionales permitió que España pasara de tener un déficit energético próximo al 4% del PIB en 2011 y 2012 a situarse por debajo del 2% en 2019. En 2020, marcó su mínimo en la época moderna con un déficit de apenas el 1,3% del PIB. Esto implica un ahorro en importaciones de más de 25.000 millones de euros al año, dato que va directamente a engrosar el PIB del país. Y, si bien es cierto que una parte de la caída se debe a la sustitución de energías contaminantes por las renovables y a la mejora de la eficiencia, la realidad sigue siendo que la principal fuente de ahorro es la caída de precios.

Desde el año 2012 hasta 2019, el déficit del petróleo se ha desplomado un 54% y el del gas, un 33%. Sin embargo, si se observa el volumen de las importaciones en toneladas, los datos cambian significativamente: se redujeron apenas un 23%, y las de gas fueron apenas un 1% menores.

No hay duda, por tanto, de que el grueso del ahorro conseguido por España no se debe a la mejora de la eficiencia energética o a la sustitución de combustibles por energías renovables producidas dentro del país. Estamos, pues, ante un ahorro coyuntural generado por los mercados internacionales, pero los problemas estructurales energéticos de España se mantienen. Simplemente, estaban anestesiados.

El resultado es que, con los precios congelados, el ahorro de España en petróleo habría sido de 7.700 millones de euros al año y no de 18.000 millones como fue, y en el gas se habrían perdido los casi 3.400 millones ahorrados. En total, suman más de 13.500 millones que España se ahorró en un solo año gracias a la caída del precio del petróleo y el gas, frente a los 7.800 millones ahorrados por la reducción del consumo.

Más del doble del ahorro energético que logró España hasta 2019 se produjo por los precios de la energía y no por una reducción de las importaciones. Esto significa que los buenos datos que mostró la balanza energética durante los años posteriores a la crisis financiera dan una aparente sensación de que España tiene menor dependencia energética, pero la realidad es que los problemas se mantienen. Y la cuantía no es menor: los 13.500 millones de euros ahorrados equivalen a un punto del PIB. Esta magnitud es importante, porque es la que ahora está en riesgo con la subida de precios de las materias primas energéticas.

Veamos lo que está ocurriendo este año. Hasta agosto de 2021, España ha registrado un déficit por gas y petróleo de casi 14.000 millones de euros. Esta cifra es nada menos que un 58% superior a la de los mismos meses del año 2020. Cabría la posibilidad de pensar que esta diferencia se debe a que en el año de la pandemia se hundieron las importaciones de petróleo y gas. La realidad es que no, porque en 2021 los registros del inicio del año fueron peores que los de 2020.

La realidad es que el déficit energético de España se ha disparado casi un 60%, pero las importaciones, en toneladas, apenas han crecido un 3%. A medida que la economía se siga recuperando y aumenten el transporte y la movilidad, es de esperar que las importaciones seguirán creciendo y el coste se irá disparando. Y dada la dependencia que tiene España de estos bienes, la situación económica se irá deteriorando. Basta recordar que el déficit comercial impacta directamente en el PIB (en el cálculo de esta macromagnitud, las importaciones se restan directamente en el cálculo).

La renta disponible

El ahorro de la balanza energética no es solo un número macroeconómico, es la realidad para las familias y las empresas. Cuando un ciudadano rellena el depósito de su coche y paga un 40% más que hace un año, la mayor parte de ese dinero se transforma en ese déficit. Y lo mismo ocurre con una buena parte del encarecimiento del recibo de la luz, especialmente ahora que los impuestos se han rebajado drásticamente.

Se trata de un drenaje de la renta disponible para financiar un gasto que es muy inelástico. Esto es, gasto que no se puede evitar, como tener la casa caliente, utilizar el coche para desplazamientos rutinarios o encender la luz. Según los cálculos de Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, el repunte de la inflación, provocado por el encarecimiento de la energía, costará 19.000 millones de euros a familias y empresas.

Las familias están sufriendo un deterioro de su poder de compra valorado en 8.000 millones de euros como consecuencia del encarecimiento de la energía y el efecto sobre el resto de productos. Además, hay que añadir el deterioro del ahorro por el ‘impuesto invisible’ que supone la inflación, ya que provoca una merma del poder adquisitivo de este dinero. Este impacto se estima en unos 1.000 millones de euros para las familias.

Antes del repunte del IPC Tras el repunte del IPC Diferencia (millones euros)
Hogares:
Renta disponible real (variación en %) 1,8 1 −7 500
Ahorro embalsado (% de la RDB 2020) 8,2 8 −600
Empresas no financieras:
Costes energéticos (% del VAB) 5,9 6 11 300

 

Por su parte, las empresas salen de la crisis financiera en una situación más delicada que los hogares por las pérdidas que han soportado durante la pandemia. Los costes energéticos se llevarán casi un 6% adicional de su valor añadido, lo que implica un deterioro en sus cuentas de resultados de 11.000 millones de euros. Para las empresas, el encarecimiento de la energía sí que supone un gasto inelástico y, además, afecta a todos los sectores, aunque no sea con la misma intensidad.

En las últimas semanas, diversas industrias han anunciado la paralización de sus plantas de producción por el encarecimiento de la energía. Si Europa no consigue controlar los precios de la energía pronto, se enfrenta a un escenario de pérdida de competitividad, ya que las empresas no pueden soportar el encarecimiento de los costes de producción en sus márgenes. Pronto tendrán que trasladarlos al precio final de sus productos, acelerando así la inflación y perdiendo competitividad respecto al resto del mundo.

En España, el IPC ha superado ya claramente el de la eurozona y el de los principales países del euro. Esto significa que el país empieza a perder competitividad porque la volatilidad del precio de la energía es mayor en España que en la mayor parte del continente. Y todavía están por venir meses muy complicados, los del invierno. El reto ahora para el Gobierno, ya con poco margen de reacción en cuanto a la contención de precios, es evitar los apagones si se producen olas de frío.