La cuestión

La actitud de firmeza de Rajoy respecto al soberanismo catalán ha sido más acertada que la de quienes propusieron aceptar la convocatoria de un referéndum consultivo (que habría sido empezar por el final, dividiendo en dos a la población y condicionando cualquier paso ulterior); uno de los efectos de esa firmeza ha sido que Artur Mas considere ahora prioritario que el Gobierno presente una “propuesta de altura” que permita negociar una salida que incluya la consulta prevista. Lo que intuitivamente se deduce de ello es que conviene mantener la negativa a ese referéndum y dejar que Mas se estrelle contra él. Sin embargo, para que la sociedad catalana se desenganche de la dinámica rupturista todavía dominante es más eficaz compaginar esa firmeza con una propuesta alternativa. No limitarse a decir que la Constitución prohíbe un referéndum de autodeterminación, sino plantear la posibilidad de uno legal; no de ruptura sino de ratificación del acuerdo posible entre el Estado y la Generalidad sobre un nuevo marco de relación mutua.

El inminente líder del PSC, Miquel Iceta, ha argumentado estos días que la cuestión no es votar o no votar sino sobre qué hacerlo. Plantea preguntar a los catalanes si aprueban una negociación con el Estado sobre un reforzamiento de la autonomía, y someter el acuerdo alcanzado a referéndum en Cataluña. Una consulta, pues, legal y pactada. Los socialistas de Rubalcaba han venido argumentando contra una consulta solo en Cataluña sobre algo que afectaría a todos los españoles; pero también es problemático que todos los españoles deban decidir sobre un nuevo estatus de Cataluña. De ahí la conveniencia de situar primero el pacto y luego su ratificación en referéndum, y no al revés: primero referéndum y después negociación sobre la aplicación de su resultado, que sería irreversible aunque no fuera formalmente vinculante.

Es cierto que un acuerdo en esos términos será difícil. Desde Convergencia se ha respondido a Iceta considerando irrenunciable que el referéndum sea sobre la independencia. Es posible sin embargo que, tras la probable suspensión de la consulta, el presidente catalán sea receptivo a una oferta de acuerdo que pudiera presentar como avance hacia sus objetivos, incluso al precio de romper con Esquerra (que ocurrirá en todo caso). Sería una opción menos mala para él que las otras dos posibles: elecciones anticipadas (que casi seguro ganaría Esquerra); o Gobierno de concentración soberanista presidido por él (que Junqueras difícilmente aceptaría).

No sería realista ignorar que juega con ventaja quien ofrece a los ciudadanos la oportunidad de decidir mediante su voto. Mientras que quien se opone a ello, aunque sea con poderosas razones (la primera, que divide de manera cortante a la población, y que en caso de prosperar convierte en extranjeros a casi la mitad de los ciudadanos) tiene dificultades para desactivar la demagogia del “no nos dejan votar”.

Hoy parece seguro que el proceso será largo y que esa ventaja solo se compensará si a la negativa en nombre de la legalidad constitucional se une una propuesta que reconozca a los catalanes el derecho a decir la última palabra; pero no para romper con el resto de los españoles sino para seguir debatiendo con ellos sobre sus problemas y aspiraciones.