Santiago González-El Mundo
LA MINISTRA de Sanidad es una mujer muy catalana como denota su habilidad para echar balones fuera en el extraordinario asunto del tesoro de Sijena. Dolors Montserrat culpa al alcalde de Lérida, el socialista Ángel Ros, y al presidente de la comunidad aragonesa, el también socialista Javier Lambán, del traslado de las piezas de arte sacro desde el Museu de Lleida hasta su primitivo emplazamiento del Monasterio de Sijena.»El PSOE tenía mucho que decir, había mucho que hablar entre el presidente de Aragón y el alcalde de Lleida, Àngel Ros, para que el Gobierno aragonés no reclamara la ejecución de la decisión judicial y esperara la sentencia del Tribunal Supremo, que será la definitiva y decidirá dónde se queda y de quién son los bienes de Sijena».
La ministra Montserrat es, por supuesto, partidaria del cumplimiento de la ley. Así lo daba a entender al retuitear a Rajoy en su cuenta de Twitter: «Sin respeto a la ley no puede haber seguridad jurídica ni libertad. En España la ley se cumple y así va a seguir siendo». La ministra sabe, sin duda, que la clave de la devolución no es otra que la asunción de las competencias de Cultura de la Generalidad por su colega Íñigo Méndez de Vigo, que decidió acatar la resolución del juzgado de 1ª Instancia de Huesca para devolver las obras y dio las órdenes para que así se hiciera.
Uno se pregunta si lo de la ministra Montserrat es una particularidad cultural catalana. El asunto de las obras, cuadros para el pobre Rufián, viene dando vueltas por las salas de Justicia desde hace años. Ya hace dos que el Supremo (12/1/16) dio luz verde al cumplimiento de la sentencia del Tribunal de 1ª Instancia de Huesca del 15 de abril de 2015 para que se devolvieran las obras por ser nula dicha compra. Y puesta a pedir explicaciones, podría pedírselas a su compañero Méndez de Vigo cualquier viernes y no al pobre Ros, que había sido un modelo de racionalidad en las aguas revueltas del PSC, pero que en este asunto estaba mucho más de acuerdo con ella que con el presidente aragonés. El alcalde de Lérida había dado su beneplácito al 155, aunque expresó su confianza en que «no lo usen para esto». No era para eso, sino para aplicar la ley y cumplir las sentencias, algo a lo que no estaban acostumbrados. A ver si la culpa va a ser de los jueces.