Llama la atención la forma en que se ha introducido el asunto en la agenda política, no solo de la OTAN sino asimismo de la UE, que ha acabado asumiendo como propia una tarea que, en principio y de acuerdo con sus Tratados constitutivos, no puede decirse que entre dentro de su ámbito competencial. Y menos aún abogando, para la financiación de los programas de rearme, por un incremento del gasto en unas proporciones que carecen de precedentes, como es el tránsito del actual 2% del PIB, aprobado en la cumbre de Gales de 2014, a nada menos que el 5% que se exige ahora. En nuestro caso, según las estimaciones realizadas estos días, supondría pasar de alrededor de 30.000 millones anuales a más de 80.000 millones.

Llama igualmente la atención que una exigencia como esta, que en las proporciones y cuantía reseñadas es completamente nueva y no estaba contemplada en ninguna de las propuestas que se barajaban hace solo un año, haya tenido una acogida tan acrítica por parte de las principales fuerzas del ‘establishment’ europeo. Sobre todo teniendo en cuenta que no parte de ninguna instancia comunitaria, sino que se trata una exigencia externa a la UE que solo contribuye a la adquisición y acumulación por los Estados de armamento más sofisticado, más caro y de procedencia en su mayor parte estadounidense, lo que poco tiene que ver, más bien nada, con la articulación de un sistema integrado de seguridad y defensa común europea.

Pretender justificar las medidas de rearme y el consiguiente gasto que comportan -5% del PIB-, cuya aplicación afectaría principalmente a Europa puesto que EE UU ya ha contribuido suficientemente hasta ahora, invocando la amenaza de invasión rusa como ha ocurrido en Ucrania, no es un argumente creíble. Sostener que los planes del Kremlin apuntan a una incursión de sus divisiones -que no fueron capaces de llegar a Kiev en los primeros días de la invasión como era su objetivo- en el territorio europeo hasta alcanzar el Rin o los Pirineos es algo que solo puede convencer a quienes ya de antemano están predispuestos a creer todo lo que les diga su autoridad competente. Pero no tiene verosimilitud alguna.

Como tampoco la tiene sostener que un incremento del gasto militar de las proporciones del que se viene anunciando no solo no va a incidir en los programas de protección social sino que incluso va a garantizar nuestro modelo de sociedad por el efecto inducido que la inversión en programas de armamento va a tener en la dinamización de la actividad económica en su conjunto.

No deja de resultar chocante la utilización de esta argumentación, que podríamos caracterizar como una variante del ‘neokeynesianismo bélico’, por parte de los defensores de la más rigurosa ortodoxia liberal en materia de gasto público, empezando por el actual secretario general de la OTAN y anteriormente jefe del Partido Liberal y del Gobierno neerlandés, Mar Rutte.

Aunque tratándose de gastos militares puede hacerse una excepción, o simplemente aplicarles un régimen especial de no contabilización como déficit ni como deuda, lo que no deja de ser una fórmula contable original e imaginativa que permite la ‘barra libre’ en el gasto… siempre que se destine a la adquisición de armamento. Incluso se ha dado un paso más en esa dirección, precisamente en Alemania, uno de los países que con mayor rigor ha defendido la austeridad presupuestaria, aprobando recientemente una reforma constitucional, de signo diametralmente opuesto a otra anterior (2009) en esta materia, para eliminar la limitación del gasto público si tiene como finalidad la defensa.

A la vista de como se han desarrollado los prolegómenos de esta cumbre y a falta de conocer los términos exactos del acuerdo anunciado a última hora por Pedro Sánchez sobre la exención de la obligación del 5% para España, no hay muchos motivos para dudar de que la resolución que finalmente se adopte asumirá las directrices marcadas por Trump, de donde parte realmente la exigencia del aumento del gasto, transmitida fielmente a sus ‘socios’ europeos por Rutte. Más dudas ofrece determinar cómo se va a hacer efectiva realmente en la proporción y cuantía anunciadas y, sobre todo, calibrar los efectos que puede tener en los planos económico y social.