ABC-IGNACIO CAMACHO
El PP ha sacado al ponente del juicio del «procés» de su sitio justo cuando el Gobierno trata de minimizar el delito
BIEN está: vamos a aceptar como mal menor el bochorno del Poder Judicial. Concedamos, en un despliegue de generosidad intelectual, que ese oscuro trapicheo bipartidista pueda ser el trasunto de la soberanía popular de la que emana la Justicia. Demos por no oído, con sordera cortés, el chirrido de las puertas giratorias entre la política y la judicatura. Confiemos, que es mucho confiar, en la independencia sobrevenida de senadores y diputados que han concurrido a las elecciones bajo unas siglas. Dispensemos incluso la escandalosa falta de respeto a la formalidad democrática que supone anunciar el nombre del presidente del CGJP antes de que se constituya el órgano que debe elegirlo…
—Eh, oiga, no. Por ahí no se puede pasar. Es una obscenidad inaceptable.
—Vale, de acuerdo. Pongamos entonces que nos resignamos. Y olvidemos, para no caer en la melancolía, aquella promesa de «cambio revolucionario» en el sistema que Sánchez hizo en la investidura fallida de 2016…
—Es que entonces, como diría Carmen Calvo, no era jefe del Gobierno.
—Por eso. Pero aun así, hay algo que no cuadra en el tejemaneje. Y es qué diablos gana el PP quedándose en minoría en ese sórdido trueque.
—Escoger la presidencia del Supremo. ¿Le parece poco?
—Pues depende. En principio parece una compensación apreciable. Sin embargo, ese mismo tribunal debe renovar en los próximos años el 45% de sus miembros. Carece de lógica que el partido más fuerte del Congreso renuncie a la mayoría que decide los nombramientos. Además de tragarse la inclusión del juez, por llamarlo de alguna manera, que redactó en la sentencia Gürtel la frase sobre Rajoy que detonó la moción de censura. Por no hablar de la nueva configuración que la salida por elevación de Manuel Marchena deja en la Sala que juzgará la insurrección catalana.
—Pues el exministro Catalá le dijo ayer a Herrera que ese juicio no está en riesgo. Que Marchena, aunque deje de ser ponente, ejercerá su
auctoritas y que en cualquier caso los componentes de esa Sala mantienen una firme unidad de criterio.
—Es que las cosas han cambiado. Para empezar, la magistrada que sustituye al nuevo presidente es de Jueces para la Democracia, asociación que se ha declarado a favor de considerar el golpe como sedición. Y el Gobierno ha obligado a la Abogacía del Estado a pronunciarse en el mismo sentido… O sea, que la atmósfera es distinta. Y que el poder ejecutivo, y la mayoría del legislativo, que es el que elige al Consejo, son proclives a suavizar la consideración del delito. Hay una sospechosa cuña de estrategia política que el Gabinete ha introducido como un calzo en el juicio…
—Y entonces… ¿en virtud de qué bien jurídico tendríamos que minimizar toda esa vergüenza de la que hablábamos al principio?