La tensión por la detención esta semana de militantes de la CUP por quemar fotos del Rey llegó ayer a su máximo apogeo, escenificado en la división palpable entre los partidos soberanistas. La formación anticapitalista amenazó una vez más con rechazar los Presupuestos de la Generalitat para 2017 y dejar al Ejecutivo de Carles Puigdemont en la cuerda floja. El Govern, por su parte, defendió el papel de los Mossos d’Esquadra y blindó al conseller de Interior, Jordi Jané, cuya destitución exigió ayer de nuevo la CUP como pago por las detenciones. Mientras, los cinco antisistema, dos de los cuales fueron arrestados cuando se dirigían en autobús a Madrid, fueron puestos en libertad provisional tras negarse a declarar ante la Audiencia Nacional.
La CUP permitió a mediados de noviembre que los Presupuestos de la Generalitat fueran admitidos a trámite y sometidos a debate en el Parlament. La actuación de los Mossos, sin embargo, ha reactivado las dudas sobre la decisión que tomará la formación antisistema. La diputada Mireia Vehí se encargó ayer de certificar la amenaza y aseguró que consideran la detención de sus militantes y su traslado a la Audiencia para declarar por injurias a la Corona como un hecho «grave».
La decisión sobre los Presupuestos será trasladada a las bases de la CUP, «para que valoren si tiran adelante o no», dijo Vehí. Las mismas bases rechazaron las cuentas de 2016 y dejaron a las puertas del final la actual legislatura que Puigdemont salvó con una cuestión de confianza en septiembre.
Como respuesta inmediata a la crisis, la CUP insistió ayer en reclamar la destitución del conseller Jané como sacrificio necesario para mantener la unidad del independentismo. Vehí acusó abiertamente al titular de Interior de «no estar a la altura del mandato democrático» para avanzar hacia la independencia y de «torpedear» el proceso soberanista. La diputada también se preguntó: «¿Al lado de quién se pondrá Jané, del Estado monárquico o de nuestra República?». En medio del clima de tensión, la sede del PDC –antigua Convergència– en el barrio de Horta de Barcelona amaneció con pintadas como «botiflers–traidores, en catalán–» o «Jordi Jané y Marta Pascal lo pagaréis». La CUP pidió no «sobredimensionar» las pintadas. El presidente de la Generalitat tachó el hecho de «impresentable, indecente, injusto y cobarde».
El Govern defendió ayer la actuación de los Mossos, pero no pudo extenderse en las críticas a la CUP porque su viabilidad depende de los antisistema. La portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, dio «pleno apoyo al conseller de Interior» y a la Policía a la vez que defendía que «no hay ningún cambio» en la mayoría que sostiene su hoja de ruta.
La portavoz del Govern quiso moverse entre esas dos aguas para no echar a perder la negociación de los Presupuestos de la Generalitat. Dijo por ejemplo: «No nos gusta que haya personas perseguidas por hacer uso de su libertad de expresión. Pero no nos gustan las quemas de banderas o que se quemen o rompan fotos».
Munté intentó en todo momento desviar las preguntas de los periodistas, tras la reunión del Govern, al terreno que une a Junts pel Sí y la CUP: las críticas a la actuación de la Justicia con relación, por ejemplo, a la investigación contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, quien debe declarar este viernes por desobediencia y prevaricación. Sí afirmó que es injusto criticar a los Mossos.
La portavoz no supo qué contestar cuando se le recordó que la Policía catalana actuó de oficio –sin denuncia previa– contra la quema de fotos. La CUP demostró por la tarde con papeles que no fue un episodio aislado: los Mossos también denunciaron de oficio por un delito de ultraje a España a tres encapuchados que quemaron una bandera española.
El enfado de la CUP por las detenciones no se extendió ayer a la decisión judicial sobre los arrestados: los cinco quedaron en libertad sin ningún tipo de medida cautelar. La Fiscalía de la Audiencia consideró que no era necesario acordar ninguna medida restrictiva –comparecencias periódicas, retirada de pasaporte, fianza, prisión–, pese a que los investigados habían ignorado la primera citación judicial y declarado públicamente que mantendrían el desafío.
Los cinco se negaron a declarar ante el juez Fernando Andreu. Dos callaron y tres se limitaron a decir que no reconocían al tribunal y que todo se trataba de un ataque a la libertad de expresión.