Josep Martí Blanch-El Confidencial
- El manifiesto presentado hace un mes, ‘Ya basta, centrémonos en la recuperación’, ha dado el resultado esperado: ninguno
Tal y como era de prever, su iniciativa ha dado el resultado esperado: ninguno. Más bien al contrario. Dos días después de hacer público el manifiesto, el Gobierno catalán plantaba al presidente de SEAT en el acto del 70º aniversario de la enseña, en el que se anunció una fuerte inversión de Volkswagen para que la fábrica de Martorell produzca, en el futuro, coches eléctricos.
Semanas después, ERC alcanza un acuerdo de investidura con la CUP, formación de extrema izquierda anticapitalista cuyo programa está en las antípodas de priorizar el crecimiento económico. Posteriormente, asistimos al fracaso y humillación del candidato de ERC en su debate de investidura por parte de JxCAT, con lo que la puesta en marcha de un Ejecutivo ha quedado diferida hasta nueva orden en medio de la pandemia y la crisis económica.
Plantón a SEAT, protagonismo programático para la CUP y ninguna prisa por gobernar. He aquí los frutos del ‘Ya basta, centrémonos en la recuperación’ que clamaba el empresariado hace apenas 30 días ante los responsables políticos catalanes. Es cierto que se acabaron los disturbios en las calles y pillajes en los comercios protagonizados por la minoría de vándalos que aprovecharon las manifestaciones en favor de la libertad de expresión. Pero, con o sin manifiesto empresarial, hubiesen llegado igualmente a su fin, como en anteriores ocasiones, cuando las excusas para quemar contenedores y levantar adoquines fueron otras.
Presentado el manifiesto, patronales, cámaras y demás han vuelto a su estado más común y habitual: el silencio, que solo acostumbran a romper en los momentos en que el cauce de la normalidad ya ha sido desbordado.
Aun sabiendo de esta costumbre, es pertinente preguntarse: ¿por qué un acuerdo de ERC —aspirante a presidir el Gobierno— con la extrema izquierda anticapitalista, que incluye concreciones en políticas económicas y sectoriales, no levanta ni una sola voz crítica entre quienes están convencidos de que nada bueno puede salir para la economía catalana de una entente de este tipo? Hay, al menos, cinco razones que lo explican.
¿Por qué un acuerdo de ERC con anticapitalistas no levanta una sola voz crítica entre quienes saben que nada bueno saldrá para la economía?
La primera está dicha. Los agentes económicos catalanes hablan de uvas a peras y cuando no tienen más remedio que hacerlo. Mientras tanto, su manera de hacer es la de ir tirando. En catalán, hay un refrán que reza «aquest mal no vol soroll» (esta enfermedad no quiere ruido). Pues eso.
En segundo lugar, el acuerdo ERC-CUP no se ha plasmado en un documento de matriz bolivariana, sino más bien en un papel de tintes socialdemócratas envalentonados. A pesar del giro a la izquierda que simboliza, su redactado es lo suficientemente tenue en la concreción de medidas como para que pueda ser percibido como el inicio en Cataluña de un nuevo sistema económico que ponga patas arriba el actual. Ni siquiera hay mención a la política impositiva y ningún compromiso adopta concreción alguna para su futura ejecución. Así que el acuerdo no se contempla como una amenaza, simplemente como un papel coyuntural que ERC necesita para empezar a gobernar.
En tercer lugar, hay que anotar que en Cataluña se ha instalado una tendencia, propiciada por la manera de legislar de los últimos gobiernos, que invita a mirar al Gobierno autonómico con cierto menosprecio, como si su capacidad de hacer daño con medidas concretas fuese limitada. Detrás de esta actitud está el razonamiento de que el Parlamento puede acabar aprobando lo que quiera, pero ya vendrá el Tribunal Constitucional a sacarnos las castañas del fuego sobre la base de una extralimitación competencial o la existencia de una ley general del Estado que hay que respetar. Es decir, la legislación más amenazadora siempre acabará siendo papel mojado. Este posicionamiento obvia la capacidad de los discursos para generar realidades, más allá de su concreción jurídica y que afecta, particularmente, a las futuras inversiones. Pero lo cierto es que, equivocado o no, funciona como elemento tranquilizador.
El empresariado es también víctima del enroque de posiciones de uno y otro lado y le toca medirse para proteger la cohesión de sus organizaciones
Hay que añadir, como cuarta razón, la complicación que supone para cualquier entidad participar del debate político sin arriesgar. Y no por miedo, como tantas veces se insiste desde fuera de Cataluña. Simplemente, porque todas las organizaciones, a poco plurales que sean, cuentan entre sus miembros con personas que tienen miradas matizadas, cuando no opuestas, sobre el conflicto Cataluña-España. El empresariado es también víctima del enroque de posiciones de uno y otro lado y le toca medirse para salvaguardar la cohesión de sus organizaciones. Y también, hay que escribirlo, de igual modo que el control del BOE asegura unos silencios, el DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) hace también lo propio con otros. El empresariado tiende a la prudencia cuando un porcentaje elevado de su facturación depende de las decisiones políticas publicadas en los boletines oficiales.
Una quinta razón es que parte del empresariado anda estos días haciendo cábalas sobre a quién le tocarán ciertos departamentos de la Generalitat, convencido de que JxCAT puede neutralizar algunas tentaciones del binomio CUP-ERC. A pesar de que el partido de Carles Puigdemont ya ha dado muestras de ser, desde el punto de vista ideológico, una cosa y la contraria al mismo tiempo, una parte del sector empresarial sigue viéndolo como un partido de centro derecha de apariencia liberal en aspectos económicos. Esto es particularmente así entre las fundaciones y empresas que centran su actividad en el sector salud y educación, que confían en que los departamentos con los que han de entenderse pasen a manos de JxCAT y los encabecen personas sensibles con la política de conciertos.
Más allá de la dificultad de pensar en JxCAT como un partido ideológico coherente, el error de esta apreciación está en considerar que los riesgos están únicamente en quién maneja un departamento y no en el Parlamento, que es donde se hacen las leyes que se aplicarán en caso de que no haya motivos para que las tumbe el TC. Repóquer de motivos para callar, o hablar más bien poquito y solo de vez en cuando.