LIBERTAD DIGITAL 22/12/16
PABLO PLANAS
· No es de extrañar que a Puigdemont le preocupe más quedar bien con Anna Gabriel que con el fiscal superior de Cataluña.
Desvanecido el efecto mediático y la relativa sorpresa de la operación Diálogo del Gobierno, la política catalana torna a arrojar los inquietantes síntomas de la desobediencia, la desconexión y el descontrol. Los autos, requerimientos y notificaciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reposan, en el mejor de los casos, hechos un buñuelo en las papeleras de los más insignes despachos.
Este miércoles, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y sus consejeros han recibido el aviso por escrito de la anulación del acuerdo del Parlamento que fija la celebración de un nuevo referéndum separatista para el próximo septiembre. Aún se oyen las carcajadas en los pasillos del Palacio de la Generalidad y en los distintos departamentos autonómicos.
Los consejeros más decorosos se han abstenido de montar el habitual número insumiso, a pesar de que cada incidencia judicial en relación al proceso se la toman como una condecoración a su valentía, coherencia y acendrado catalanismo. Otros, como Puigdemont y el vicepresidente Oriol Junqueras, han aprovechado la tesitura de la entrega en mano del parte a cargo de un funcionario del TSJC para hacerse una foto con mensajero incluido y subirla al twitter. En la cuenta de Puigdemont, el president escribe sobre la patética imagen: «Notificados y advertidos por tercera vez; quien quiere dialogar lo hace con política y no con los tribunales por medio». Cabe aclarar que diálogo para Puigdemont es determinar si el referéndum es consentido o forzado.
Causa cierto desasosiego el modo con el que los líderes separatistas despachan los trámites judiciales, pero aún más el trato preferente que la justicia dispensa a quienes pretenden erradicar todo rastro de legalidad y respeto a las leyes en Cataluña. Por un lado, aseguran que el anónimo funcionario, un señor con una carpeta morada de papel, es la encarnación del brutal aparato represivo del Estado, los tanques por la Diagonal y los tricornios en la plaza de San Jaime. Por otro, firman el acuse de recibo como quien estampa un garabato en el comprobante de entrega de una cesta navideña, entre jujús y jajás.
Se saben impunes y ni en sueños se imaginaban haber llegado hasta donde lo han hecho sin más inconveniente que los caprichos de la CUP, cuya actuación ha sido más dañina para el proceso que toda la papelería jurídica destilada por los tribunales. El caso de Artur Mas ejemplifica a las claras que lo que no pudo (ni quiso) el Gobierno con la ley de su parte lo consiguió el grupo parlamentario antisistema. En semejante contexto, no es de extrañar que a Puigdemont le preocupe más quedar bien con la diputada de la CUP Anna Gabriel que con el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, a quien ni saluda en los actos públicos.
En sus buenos tiempos, Jordi Pujol decía que él era el máximo representante del Estado en Cataluña. Ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP, entendió el juego de palabras. Ahora, el Estado es la CUP, que ha decidido dar el visto bueno temporal a los presupuestos autonómicos a la espera del veredicto final en febrero, cuando decidirán si precipitan unas elecciones a mayor gloria de Junqueras o queman a Puigdemont en la pira del 9-N bis.