Si un observador ajeno a la política catalana hubiera seguido el debate de ayer en el Parlament habría pensado que el Govern está a punto de caer. La oposición dedicó al proyecto de Presupuestos de la Generalitat, que se aprobará hoy, calificativos como «antidemocráticos», «Frankestein fiscal», «desequilibrados», «inconstitucionales», «esperpénticos» o «supremacistas». Pero la CUP, que da apoyo al Ejecutivo, tampoco se quedó atrás, y afirmó que «en políticas públicas y sociales, el Govern esconde la cabeza bajo el ala».
¿Por qué, entonces, los antisistema van a propiciar con sus votos que se aprueben los Presupuestos? Porque Carles Puigdemont y Oriol Junqueras han transigido con su exigencia de que incluyan una promesa de «habilitar partidas» para celebrar un referéndum de independencia. Esa disposición, que el propio Consejo de Garantías Estatutarias advierte de que es ilegal, ha permitido alargar unos meses la vida del Ejecutivo catalán.
Pero la CUP se ocupó de dejar ayer claro que su apoyo es «condicional». Eulàlia Reguant, diputada de la formación, exigió al presidente de la Generalitat que «ponga fecha» ya al referéndum. «Pese al chantaje, la CUP da dos votos positivos», anunció, en relación a las advertencias de Puigdemont de que sin Presupuestos se acababa el procés y a que de los 10 diputados antisistema sólo un par –los imprescindibles para alcanzar la mayoría absoluta– apoyarán las cuentas.
Reguant quiso ser solemne cuanto afirmó que la campaña del referéndum va con mucho retraso. «Si el referente es Escocia, ya es tarde. Alex Salmond anunció el referéndum 18 meses antes. Ha llegado el momento de ser claros y poner fecha y pregunta, para trabajar por el sí o por el no».
En ese momento, todos los diputados de la CUP alzaron una papeleta preparada por el partido con la pregunta que ellos quieren para esa votación. «¿Quiere que Cataluña se convierta en una República independiente?», se leía, en catalán y en aranés pero no en castellano.
La inclusión de la alusión al referéndum en las cuentas ha permitido que la CUP las apoye, pero también ha sido el principal foco de los ataques de la oposición. El portavoz de Ciudadanos se preguntó por qué existen partidas «opacas», que «eluden el control de la oposición». En ese sentido, añadió que se han incrementado en 130 millones de euros dotaciones destinadas en principio a catástrofes naturales. «¿Esperan ustedes que llueva mucho, que haya huracanes, maremotos? A lo mejor es que piensan cubrir terremotos políticos que ustedes provoquen con esas partidas», dijo.
Alicia Romero (PSC) se quejó de que Puigdemont y Junqueras piden «diálogo» al Gobierno español pero en el Parlament sólo hablan con la CUP. Y además criticó las lagunas sociales de unos Presupuestos que, en su opinión, «aumentan la desigualdad».
El portavoz parlamentario del PP catalán, Alejandro Fernández, aseguró que las cuentas del Govern «marcan la defunción» de un proceso soberanista «agotado». «Ni la propia legalidad catalana se respeta», aseguró, en alusión al dictamen del Consejo de Garantías que el Govern ha ignorado.
Ciudadanos, el PSC y el PP ya han advertido de que pedirán que el Tribunal Constitucional se pronuncie al respecto. Fernández dijo ayer que lo más «eficaz» será que el Gobierno del Estado presente recurso porque así se paralizará automáticamente la polémica disposición.
El portavoz de Catalunya Sí Que Es Pot, Joan Coscubiela, alertó de que el proyecto presupuestario «pone en riesgo» el referéndum, precisamente porque incluye la disposición considerada inconstitucional.
El portavoz adjunto de Junts pel Sí, Roger Torrent, pasó de puntillas por las quejas acerca de la inclusión del referéndum en las cuentas. Prefirió celebrar que con la aprobación de los Presupuestos «se avanzará hacia la república de los derechos sociales».