Algo se mueve, por primera vez en años, en las relaciones entre el Gobierno español y el catalán. La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, quiere abordar en esta legislatura el problema catalán y la Generalitat, aunque se queja de la falta de inversiones y de la «ofensiva judicial» contra los independentistas, está expectante. Pero Junts pel Sí se mantiene en el poder gracias a la CUP, y los anticapitalistas le lanzaron ayer un primer aviso por si el deshielo con Madrid provoca parones o desvíos en la hoja de ruta hacia la secesión.
A la CUP le interesa presentarse ante sus votantes como garante de que Esquerra y el PDC –la antigua Convergència– mantendrán el rumbo. Por eso ayer, y ante las primeras tomas de contacto entre Sáenz de Santamaría y el president, Carles Puigdemont, el partido denunció el «primer incumplimiento» del Govern en el plan pactado.
Se trata de un asunto en apariencia menor: se ha cumplido sin novedades el plazo para que se crease la comisión de seguimiento del proceso constituyente, una de las patas sobre las que debe descansar la transición hacia la independencia. El plan soberanista ha sufrido tantos cambios y se ha vuelto tan enrevesado que casi nadie se había percatado de que la fecha límite para la constitución de ese órgano era el 18 de noviembre.
Pero tanto la manera de anunciar el incumplimiento –a través de una web que la CUP creó para marcar al Govern con un reloj de cuenta atrás hasta la fecha del referéndum prometido– como las explicaciones de los antisistema, dan cuenta de un malestar profundo. La CUP ya ha dicho que preferiría una desobediencia más explícita hacia las instituciones españolas, y precisamente esa comisión de seguimiento del proceso constituyente está suspendida por el Tribunal Constitucional, y su votación ha sido la que ha llevado a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, ante los tribunales.
Los antisistema admiten que el incumplimiento tiene una importancia relativa, pero a renglón seguido instan a que se apruebe la comisión antes de final de año. Y recuerdan que el calendario establece que la plataforma del proceso constituyente –el siguiente paso– debería ponerse en marcha «después de las fiestas de Navidad».
En la misma línea, la CUP añade que controlará que «se vayan quemando etapas de cara al referéndum que hay que convocar antes de que finalice septiembre de 2017 y la aprobación de las leyes de desconexión». Esas normas deben, según los independentistas, «ofrecer un marco legal al proceso», para que los catalanes no se sometan a partir de ese momento «a ningún otro poder, juzgado o tribunal» español.
La presión de la CUP se incrementará con toda seguridad este fin de semana. Los antisistema celebrarán una de sus temidas –por Junts pel Sí– asambleas para coordinar nuevas acciones que hagan «avanzar el proceso de ruptura independentista», en este caso, desde los municipios. El partido, que reunirá a 150 concejales en Sant Celoni (Barcelona), cita explícitamente la posibilidad de abrir los ayuntamientos en los que tiene poder el 6 de diciembre, día de la Constitución.
La CUP está dispuesta a repetir la experiencia del 12 de octubre –Día de la Hispanidad– en Badalona, cuando sus concejales desobedecieron el mandato judicial de cerrar el Consistorio. Los independentistas buscan visibilizar que no están de acuerdo con celebrar «festividades impuestas».
La idea de abrir los ayuntamientos el 6-D provoca dudas en Junts pel Sí por las posibles repercusiones sobre los funcionarios, pero tanto el PDC como ERC están de acuerdo en realizar algún tipo de protesta. Paradójicamente, el Parlament aprobó ayer mantener tanto el 12-O como el 6-D como festivos en su calendario oficial del año que viene, y los declaró inhábiles.
En un gesto que podría interpretarse como una muestra de buena voluntad, el nuevo delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, aseguró ayer que no actuará contra aquellos cargos electos que decidan trabajar el 6 de diciembre. Sí lo hará si se obliga a los empleados públicos a acudir a su puesto de trabajo. «Si hablamos de funcionarios, la cosa cambia», dijo en TV3.
Millo, el hombre de Sáenz de Santamaría en Cataluña para esta nueva etapa, justificó el hecho de que algunos concejales trabajen el día de la Constitución, como él mismo hará en cumplimiento de sus funciones como representante del Gobierno en la comunidad en un día tan señalado.
El delegado explicó también que su objetivo en general es desactivar la «estrategia» de la Generalitat a través del «diálogo». «Estoy aquí para intentar evitar la colisión», subrayó Millo. Pero añadió que también será «beligerante siempre con el cumplimiento de la legalidad vigente», con «respuesta rápida, concreta y evidente» ante quien se salte la ley.