La CUP se está especializando en presionar con mucha eficacia al Gobierno catalán. Los anticapitalistas, que primero provocaron la dimisión de Artur Mas y unos meses después contribuyeron a tumbar los Presupuestos de la Generalitat de 2016, ponen ahora el foco en las cuentas de 2017. Su exigencia es clara: no negociarán su apoyo, imprescindible dada la composición del Parlament, hasta que Carles Puigdemont ponga fecha a un eventual referéndum unilateral de independencia.
Cada vez más sectores del independentismo creen que la consulta unilateral debe ser el próximo hito del proceso soberanista. Tanto en la CUP como en Esquerra son partidarios de dar ese paso, que provocaría el enfrentamiento abierto con el Gobierno central. En el Partit Demòcrata Català (PDC), la antigua Convergència, tienen más dudas y, sobre todo, quieren evitar un nuevo fiasco con los Presupuestos tras el verano, que consagraría la imagen de una Generalitat anquilosada y sin capacidad de gobernar el día a día.
Puigdemont vinculó hace semanas de manera inequívoca la superación de la cuestión de confianza convocada para el 28 de septiembre con la aprobación de los nuevos presupuestos. El president entiende que, como ese día ofrecerá un nuevo plan de gobierno, su aceptación implicaría que la ley más importante del año tendría también luz verde unas semanas después.
Pero los anticapitalistas no aceptan, al menos de entrada, ese calendario. La CUP anunció ayer que rechaza reunirse con el Govern para empezar a negociar la propuesta de Presupuestos para 2017 si antes no hay una cumbre para redefinir la hoja de ruta que debe hacer posible la «ruptura democrática» con el Estado.
En declaraciones a Catalunya Ràdio, Natàlia Sánchez y Xevi Generó, miembros del nuevo secretariado nacional de la CUP, recordaron que hace semanas que reclaman a Puigdemont una reunión para acordar los términos de un referéndum unilateral de independencia, que entienden que debería celebrarse en 2017.
Pese a los «constantes» contactos con el Govern y con el grupo parlamentario de Junts pel Sí, esta reunión para reformular la hoja de ruta soberanista, para poner en el calendario un referéndum unilateral o concretar los detalles del proceso constituyente de un Estado independiente, «desgraciadamente aún no se ha hecho».
Generó subrayó la importancia de «acelerar los tempos» del proceso independentista para hacer frente a «los nuevos embates del Estado español». Los anticapitalistas dejaron claro que en su opinión debe darse «prioridad» a esta negociación, en vez de a la de los Presupuestos; de hecho, han aplazado toda reunión sobre las cuentas hasta que Puigdemont concrete qué piensa ofrecer el 28 de septiembre.
Quien también se pronunció ayer sobre el eventual referéndum fue Artur Mas. Sin entrar en la cuestión de si debería celebrarse aún sin acuerdo con el Gobierno central, el ex presidente de la Generalitat aseguró que la mayoría de Estados de la Unión Europea ve «lógico» y «comprende» que Cataluña «tiene derecho» a celebrar un referéndum con «autorización del Estado español».
En Europa, dijo Mas, se considera que «si hay una mayoría de la población catalana» que reivindica un referéndum «sería lógico» que pueda celebrarse, «de la misma manera que los hubo» en Québec y en Escocia.
En la misma entrevista, el ex president también mostró que sigue molesto con la CUP desde que lo defenestró. «Entre la CUP y nosotros no hay casi coincidencias, excepto la necesidad de conseguir un Estado para Cataluña, un lazo que nos une temporalmente», dijo.
El desafío secesionista impulsado en los últimos años en Cataluña, así como una política económica orientada hacia una mayor presión fiscal tanto a empresas como a ciudadanos, ha provocado desde 2012 la fuga de cientos de empresas de la comunidad catalana que han decidido llevar sus negocios a otras partes de España. Una suerte de tormenta perfecta que ha beneficiado a los territorios más cercanos, que han sabido atraer estos negocios manteniendo políticas atractivas. Es el caso de Baleares, una de las más agraciadas junto a Madrid y Comunidad Valenciana: de las 471 sociedades que ha perdido Cataluña en el último año, ha logrado captar casi a 100.
No en vano, Cataluña es la comunidad más perjudicada de todo el país por la deslocalización de sociedades en los últimos tres años, fruto además de la inestabilidad política que vive la región. En los últimos 12 meses, el resultado es que 471 negocios han decidido hacer las maletas para no volver.
Aquí es donde entra en acción Baleares, una de las autonomías más beneficiadas en este particular trasvase de empresas que se ha producido con un saldo en la pasada legislatura más que positivo. Las islas han engrosado su cifra de sociedades en 95 gracias a estos movimientos, con el dato porcentual más alto de todo el país. Ninguna otra comunidad ofrece un mejor balance en este sentido, según los datos del Registro Mercantil recogidos por la agencia de ráting española Axesor, aunque numéricamente la Comunidad de Madrid haya logrado atraer a un mayor número de sociedades.
De esta forma, el archipiélago logró en la anterior legislatura (PP) revertir la tendencia en la que se instaló el Pacte presidido por el socialista Francesc Antich, cuando entre 2008 y 2011 se iban más empresas de las que llegaban a Baleares. Entre las razones que señala el informe, destacan las políticas atractivas para captar inversión –tanto nacional como extranjera– así como incentivos fiscales que terminaran de convencer a los indecisos.
El Pacte está impulsando este año un aumento impositivo que afecta al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y a los de Patrimonio, Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales.