EL MUNDO – 20/03/16
· Exige desoír al TC y que los Mosos no acaten las órdenes judiciales para frenar el procés.
· La CUP aumenta su presión sobre Carles Puigdemont. Los antisistema no están dispuestos a que el presidente del Govern ralentice el proceso soberanista y pretenden que el Parlament se comprometa a desobedecer la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló la declaración independentista del pasado 9 de noviembre, por la que se declaró oficialmente inaugurado el proceso de «desconexión» entre Cataluña y el resto de España.
La formación anticapitalista que apuntala el Gobierno de Junts pel Sí ha presentado una moción en la Cámara catalana que llama a «no atender el contenido de la sentencia» del Alto Tribunal. Pero no se queda ahí, la iniciativa de la CUP también insta al Govern a presentar en un plazo máximo de 30 días desde su aprobación en el Parlament un plan de actuación que detalle las próximas fases del «proceso constituyente». Además, exige un plan de ejecución de todos los anexos a la declaración anulada que, fundamentalmente, proclaman que Cataluña actuará con total autonomía y sin tener en cuenta la jerarquía institucional en cuestiones sociales tan dispares como la acogida de refugiados, la atención sanitaria a inmigrantes o el modelo educativo.
El Parlament ha constituido esta semana la ponencia que redactará las «tres leyes de desconexión» –la de la agencia tributaria, la de protección social y la de transitoriedad jurídica–, pero eso no basta a la CUP. Los antisistema quieren redoblar el desafío al Estado con la aprobación de una moción fundamentada en la desobediencia y que podría votarse en el pleno que el Parlament celebrará el próximo 30 de marzo.
La iniciativa parlamentaria de los antisistema es ambiciosa y promete poner a prueba la estabilidad del acuerdo de gobernabilidad entre la CUP y Junts pel Sí. Y es que también insta al Ejecutivo liderado por Puigdemont a promover la desobediencia entre los Mossos d’Esquadra. La CUP pretende que la policía autonómica catalana «desatienda» eventuales requerimientos de la Audiencia Nacional «relativos al proceso de desconexión democrática del Estado español». Es decir, persigue que los agentes no actúen para frenar actos ilegales relacionados con la proclamación de la independencia unilateral aunque se lo reclame un juez.
La última exigencia de la CUP pasa por incluir una partida presupuestaria que sirva para financiar el avance del proceso soberanista. Esta partida debería incluirse en las cuentas que el Govern está elaborando y que necesitarán del apoyo de los anticapitalistas para ver la luz. La reserva explícita de estos fondos con fines secesionistas serviría en bandeja una impugnación de las cuentas, algo que el PP ya hizo en 2014 al entender que incluían una partida de cinco millones de euros para costear la consulta del 9-N. Finalmente, el Consell de Garanties Estatutàries –una suerte de Tribunal Constitucional catalán cuyas resoluciones no son vinculantes– avaló la constitucionalidad del gasto y los presupuestos acabaron aprobándose con un mes de demora.
EL MUNDO – 20/03/16