EL MUNDO – 13/11/16
· Da el visto bueno a las cuentas del Govern tras incluir una partida para la consulta.
· Cinco meses después de poner en jaque al Govern de Carles Puigdemont, al tumbar sus Presupuestos para 2017, la CUP decidió ayer dar el visto bueno a que las cuentas de la Generalitat puedan empezar a tramitarse.
El cambio de opinión del partido anticapitalista se produce después de que la antigua Convergència y ERC hayan aceptado endurecer la fiscalidad catalana para penalizar a las rentas altas, pero, especialmente, después de que el Ejecutivo catalán se haya comprometido a incluir en las cuentas partidas específicas para garantizar la celebración del referéndum de autodeterminación el próximo año.
La reserva de fondos para posibilitar la votación independentista en septiembre de 2017 fue el factor «clave» para que la negociación entre el Gobierno catalán y la CUP se «desatascase», según reconoció la diputada antisistema Eulàlia Reguant, encargada de trasladar la decisión adoptada ayer por el Consejo Político de la CUP –su principal órgano de dirección–, en un cónclave convocado a tal efecto. La formación que apuntala el Govern de Puigdemont avaló respaldar la tramitación de los presupuestos con 44 votos a favor, ocho en contra y siete abstenciones.
Reguant subrayó que la CUP únicamente se compromete, por ahora, a «facilitar» la admisión a trámite de los Presupuestos, es decir, a permitir que superen la primera de las votaciones a las que se enfrentarán en el Parlament. La parlamentaria antisistema pidió no presuponer, ya que su partido va a permitir la aprobación final de las cuentas. Para escenificar esa suerte de apoyo parcial al proyecto presupuestario del Govern, sólo dos diputados de la CUP votarán a favor de las cuentas en la Cámara catalana y los ocho restantes se abstendrán, lo que permitirá salvar por la mínima el trámite inicial al sumar 64 votos favorables, uno más de todos los que pueden reunir los partidos de la oposición.
Los Presupuestos llegarán al Parlament inmediatamente después de que el próximo 29 de noviembre el Govern los apruebe en su Consejo Ejecutivo. A partir de entonces, el president Puigdemont y el consejero de Economía, Oriol Junqueras, deberán encontrar el modo de incluir las partidas para financiar el referéndum en las cuentas.
Para poder celebrar la consulta del 9-N, Artur Mas decidió reservar 10,6 millones de euros de los presupuestos de 2014, de los que, finalmente, acabaría empleando 8,9 millones. El ex president creó un apunte contable específico titulado «gastos de procesos electorales y consultas populares». Por tanto, la partida no especificaba en ningún momento que los fondos iban a destinarse al sucedáneo de referéndum que acabaría organizando el Govern tras el veto del Tribunal Constitucional (TC) a la consulta originaria. Falta por conocer si la CUP aceptaría una argucia de este tipo o reclamará una partida que aluda literalmente al referéndum de autodeterminación de 2017 para permitir la aprobación final de los Presupuestos a principios del próximo año.
Esta discusión podría abordarse en el marco de una cumbre sobre el referéndum de independencia que la CUP lleva meses reclamando y que el Govern tiene previsto convocar después de que los presupuestos superen el primer trámite parlamentario. Los antisistema quieren pruebas de que el diseño de la consulta avanza, después de que Puigdemont lanzara su ya célebre «referéndum o referéndum» durante el debate de la cuestión de confianza que el president acabaría superando gracias a los votos de la CUP.
Ya entonces, Puigdemont advirtió a los independentistas radicales de que convocaría elecciones si no le permitían aprobar los presupuestos. El dirigente de Convergència pidió una «cadena de confianza» para mantener la estabilidad presupuestaria hasta que el proceso soberanista concluya con la convocatoria del referéndum y, por el momento, la CUP está cumpliendo con su parte del trato.
Para seguir haciéndolo, los anticapitalistas también exigirán medidas fiscales más ambiciosas al Govern. Ayer, Reguant ya aclaró que no se conformarán con el impuesto sobre el uso particular de yates, aeronaves u otras propiedades puestos a nombres de empresas, el gravamen que Bildu implantó en la Diputación de Guipúzcoa y que ahora Junqueras quiere copiar. La CUP pide aumentar la presión fiscal sobre las grandes fortunas de un modo más directo, actuando sobre el IRPF, algo que el Ejecutivo catalán no ve viable por sus limitaciones competenciales.
Sí están acordadas ya otras medidas que satisfacen a la formación de izquierda radical, como la modificación de la deducción adicional que la Generalitat aplica a las familias por la compra de viviendas. Unos 200.000 contribuyentes con rentas mayores de 30.000 euros dejarán de poder desgravarse la adquisición de sus inmuebles.
El paquete de medidas fiscales para contentar a la CUP se completa con una tasa sobre las bebidas azucaradas y otra sobre la producción de energía nuclear.
MARCHA CONTRA LA «JUDICIALIZACIÓN» DEL ‘PROCÉS’
«Ataques del Estado». La ANC, Òmnium Cultural y la AMI han llamado a los catalanes a concentrarse hoy en defensa de los cargos electos y las instituciones catalanas ante los «ataques sistemáticos» del Estado contra los impulsores y defensores del proceso soberanista.
Asistentes. Bajo el lema ‘Por la democracia. Defendemos nuestras instituciones’, la movilización contará con la presencia del ex presidente de la Generalitat Artur Mas; las ex ‘conselleras’ Joana Ortega e Irene Rigau; el portavoz del PDECAT en el Congreso, Francesc Homs – encausados por el 9N – ; y la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, entre otros. Hasta el momento hay 150 autocares confirmados y, según las entidades soberanistas, se quiere evidenciar el apoyo de la sociedad civil.