La detención por sedición de Joan Coma, el edil de la CUP en la localidad barcelonesa de Vic, ha llevado al partido anticapitalista y a ERC a aumentar la presión sobre Carles Puigdemont para que avance la convocatoria de la consulta sobre la independencia de Cataluña. Convocatoria que el presidente de la Generalitat fijó en septiembre de 2017.
«A mayor judicialización, adelanto del referéndum». Ésta fue la premisa defendida ayer por la diputada de la CUP Anna Gabriel, coincidiendo con la declaración de Coma en la Audiencia Nacional tras ser arrestado el martes por los Mossos d’Esquadra para llevarlo ante el juez. La formación antisistema considera que existen dos motivos para apostar por este avance. En primer lugar, que el arresto del concejal antisistema prueba que el Gobierno no tiene voluntad de negociar una consulta pactada y, por tanto, no es preciso demorar más la activación de la vía unilateral. Y, en segundo término, porque el adelanto de la consulta aceleraría la secesión y permitiría evitar «condenas e inhabilitaciones» de los cargos públicos que están quebrantando la ley para impulsar el procés, porque, según la CUP, la eventual Cataluña independiente podría dejar de acatar las sentencias de los tribunales españoles.
Gabriel retó ayer a Puigdemont a «estar a la altura» y convocar la votación independentista «cuanto antes mejor», dado que «hay indicios suficientes para darse cuenta de que el Estado no tiene la voluntad de resolver el conflicto desde una perspectiva democrática».
A esta petición se sumó también ERC, aunque empleando las cautelas propias de un partido que comparte el Gobierno catalán con el Partit Demòcrata Català Europeu (PDeCAT), la nueva Convergència. El parlamentario de los republicanos en el Congreso Gabriel Rufián se declaró ayer «partidario» de avanzar la consulta «si hay inhabilitaciones en masa», pero no antes de que se produzcan.
La presión de la CUP y ERC coloca a Puigdemont en una posición complicada, puesto que Ada Colau está exigiendo al president que se olvide de los plazos si pretende contar con su apoyo para explorar la posibilidad de convocar una consulta acordada con el Gobierno. «Quizás es mejor no poner fechas a corto plazo o la sensación de tener prisa, porque si no se cumple, lo que suele pasar es que se genera frustración», dijo la alcaldesa de la capital catalana tras la cumbre del referéndum, celebrada el pasado viernes en el Parlament.
De ahí que Gabriel extendiese ayer su reclamación a Colau. La diputada de la CUP aseguró que su partido «no entendería» que la líder de Barcelona en Comú no apoyara la vía unilateral. «Cuando crees en el derecho a decidir, si te encuentras ante alguien que te niega tu soberanía, la respuesta que tú das es hacerla valer y, en este caso, convocar el referéndum», trasladó la anticapitalista a Colau.
Sin embargo, por el momento, Puigdemont y el PDeCAT están apostados del lado de Colau. El presidente de la Generalitat ya evitó hacer cualquier alusión a la independencia unilateral tras la cumbre sobre la consulta y la coordinadora general de la formación que pilota el Govern, Marta Pascal, pidió públicamente a la CUP que deje de fijar plazos si quiere que la consulta sea convocada.
A esas consideraciones hay que sumar la de Mercè Conesa, otro peso pesado del partido de Puigdemont, que pidió empezar a asumir que el referéndum puede acabar por no celebrarse.
«Seguiré con mi lógica desobediente». Con esta amenaza abandonó ayer la Audiencia Nacional Joan Coma, después de comparecer ante el juez y a pesar de que fue advertido de que puede incurrir en nuevos delitos si incumple alguno de los requerimientos del magistrado Ismael Moreno.
El concejal de la CUP quedó en libertad tras serle retirado el pasaporte y con la obligación de comparecer tantas veces como sea citado por la Audiencia Nacional, que le investiga por un presunto delito de incitación a la sedición, tras llevar al Pleno del Ayuntamiento de Vic una resolución que llamaba a desobedecer al Tribunal Constitucional (TC), que había declarado nula la resolución del Parlament sobre el inicio del «proceso de desconexión» con el resto de España.
Según informó su abogado, el también diputado de la CUP Benet Salellas, Coma aseguró durante su declaración que no reconoce a «ningún tribunal que no respete los derechos políticos de los pueblos pisoteados». Ésa fue la respuesta ofrecida por el concejal antisistema a las preguntas de la Fiscalía dirigidas a conocer por qué decidió no comparecer cuando se le había citado, obligando a su detención.
Para el Ministerio Público, además de llamar a la desobediencia al TC, el edil utilizó el pleno de su ayuntamiento para realizar pronunciamientos a favor de la independencia que «en modo alguno pueden calificarse como espontáneos o individuales» y que cumplen los requisitos del delito de sedición. Según el auto, Coma dijo en el Pleno: «Siempre hemos dicho que para hacer la tortilla habrá que romper los huevos». Una analogía que, según la información policial, Coma pronunció en tono muy exaltado y que llamó la atención del fiscal. Según el abogado de Coma, el representante del Ministerio Público preguntó al edil de la CUP si cuando hablaba de tortilla se refería al Estado o las leyes y si «romper los huevos» significaba utilizar la violencia o llevar a cabo una estrategia de ruptura.
Coma estuvo respaldado por medio centenar de familiares, amigos y representantes de la CUP y ERC, que celebraron su puesta en libertad entre proclamas como: «Sin miedo, ni un paso atrás».
El concejal de la CUP se mostró indignado con su arresto y llamó a la movilización para «acabar de una vez por todas de la regresión que está viviendo el Estado español».