La decisión más crítica de Carmena y la más dramática para Madrid

EL CONFIDENCIAL 06/12/16
JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS

· Hay un ‘urbanismo de izquierdas’ que propugna el crecimiento cero para las ciudades, y un modelo de expansión de ejecución pública que priva de legítimas plusvalías a los inversores y propietarios

En las próximas semanas, Madrid se juega su ser o no ser como gran capital europea. Dependerá de que la alcaldesa Carmena y su grupo municipal aparquen sus prejuicios, alimentados por un grupo de arquitectos y urbanistas ideologizados, y aprueben, con el apoyo del PP y Ciudadanos —es de esperar que también con los votos del PSOE en el consistorio—, el plan parcial de reforma interior de la prolongación del paseo de la Castellana para que la sociedad Distrito Castellana Norte (DCN) pueda reconvertir el norte de la capital para situarla al nivel de otras grandes como Londres, Berlín o París. El administrador ferroviario ADIF ha prorrogado el convenio con DCN (BBVA, Grupo San José y pequeños propietarios) por el que cede sus terrenos a esa sociedad a cambio de 1.200 millones de euros. Pero si el ayuntamiento madrileño no da su visto bueno a la iniciativa y pretende imponer la suya (denominada Puerta Norte), DCN arrojará la toalla y esa “llaga” —según expresión de Carmena— que es el norte de la ciudad seguirá siendo un páramo desvertebrado, repleto de playas de vías y construcciones desvencijadas.

La expansión de la capital de España por el norte implica, según el proyecto de DCN, todo esto: actuar sobre un área de más de 3.110.000 metros cuadrados; prolongar la Castellana 3,7 kilómetros hasta la M-40, regenerar todo el entorno de la estación de Chamartín, irradiar esta acción urbanística sobre 20 barrios del entorno (560.000 habitantes), construir 17.000 viviendas (1.700 de protección pública), crear espacios verdes (el 17,9% del espacio total), dotar la zona de oficinas de alta calidad de las que carece la ciudad y dedicar hasta el 80% del suelo a infraestructuras y dotaciones públicas. Se trataría de acometer una regeneración urbana comparable —e incluso superior— a La Dèfense en París, Canary Wharf en Londres o Postdamer Platz en Berlín. Implicaría, además, invertir más de 6.000 millones de euros y crear durante el desarrollo del proyecto hasta 120.000 puestos de trabajo, tiempo durante el cual se prevén también unos ingresos fiscales para el Ayuntamiento de Madrid del orden de 3.300 millones de euros.

¿Por qué un proyecto así no sale adelante? Por razones ideológicas y partidarias. Hay un ‘urbanismo de izquierdas’ que propugna el crecimiento cero para las ciudades y, en todo caso, un modelo de expansión de ejecución pública que priva de legítimas plusvalías a los inversores y propietarios; concurre un cálculo electoral, según el cual la zona norte de Madrid estaría sociológicamente sesgada a favor de opciones de centro-derecha, y se añade la connotación de que las entidades integrantes de Distrito Castellana Norte (BBVA y Grupo San José) representan exactamente todo aquello que el populismo de izquierdas instalado en el edificio de Correos detesta. Por lo tanto, si Madrid debe crecer por el norte —lo cual parece asumido por todos—, que lo haga con una drástica disminución de la edificabilidad y eliminación de plusvalías. Esas, y no otras, fueron las razones por las que, en el mes de mayo pasado, el Ayuntamiento de Madrid (Ahora Madrid y, extrañamente, también el PSOE) denegó viabilidad jurídico-administrativa a esta iniciativa, negativa que fue impugnada en los tribunales por DCN.

Las entidades integrantes de Distrito Castellana Norte representan exactamente aquello que el populismo de izquierdas instalado en el edificio de Correos detesta

En la capital de España, como ocurre en Barcelona, con Carmena y Colau respectivamente, la gestión se subordina a modelos ideológicos empobrecedores. Es razonable que los consistorios negocien limitaciones y establezcan prevenciones, pero deja de serlo cuando imponen condiciones leoninas que, lejos de poner en valor la función social de la propiedad, la desconocen como un derecho real con el que se negocia y, en consecuencia, con el que es legítimo obtener ganancia. Una ganancia que en este caso lo es también para la ciudad en su conjunto. Madrid necesita un gran proyecto que relance la ciudad. O más de uno. Y la prolongación de la Castellana hasta la M-40 dotaría a la capital de lo que no tiene: oficinas ‘premium’ para la instalación de compañías financieras y tecnológicas (más aún después del Brexit), viviendas que contuviesen el incremento del precio del parque inmobiliario, espacios verdes para hacer la ciudad más sostenible, infraestructuras que mejoren la movilidad… en definitiva, un gran proyecto urbano que propulsase la capital de España, que vive ahora con un tono vital bajo y sin expectativas ilusionantes.

La decisión es crítica para Carmena y para su grupo municipal. Y esencial para Madrid. Si la alcaldesa persiste en imponer su modelo de expansión del norte de la ciudad (el proyecto Puerta Norte) en detrimento de las propuestas de Distrito Castellana Norte, el plan actual no podrá salir adelante por ausencia de la mínima rentabilidad de la operación. Y la responsabilidad será, por entero, de la alcaldesa y de Ahora Madrid, cuyas trayectorias en el consistorio —ya evaluables— no solo son polémicas y controvertidas sino manifiestamente mejorables en cualquiera de las variables en que se mida la eficiencia de su gestión municipal. A este paso, los denominados ‘ayuntamientos del cambio’, tanto por incompetencia como por sectarismo, van a durar solo la actual legislatura, tiempo bastante para contrastar que su éxito fue, justamente, un arrebato populista, suficiente, eso sí, para abortar proyectos como este de Madrid, que trasciende a la ciudad y, por sus dimensiones, bien podría considerarse un objetivo nacional.