«Las palabras más aterradoras en el idioma inglés son: soy del gobierno y estoy aquí para ayudar». Ronald Reagan.

Llevamos algunas semanas acudiendo, con una mezcla de sorpresa e indignación, al rescate de empresas que nuestro Gobierno de progreso define como estratégicas. Un horror fue salvar a los bancos (a las cajas, disculpen mi torpeza, todas trufadas de políticos en sus consejos y asambleas, como Pedro Sánchez en la de Cajamadrid, hoy Bankia, entre 2004 y 2009), nacionalizar autopistas quebradas fue otro, pero sólo porque quien lo hizo pertenecía a la rancia derecha, entonces casta y hoy trumpista.

Sin entrar en la definición del calificativo, lo que no cabe duda es que es uno de los más manidos por el Gobierno, cualquiera que sea su signo, a la hora de justificar intervenciones, bien bajo la forma de participaciones de capital, bien bajo la de préstamos. Estratégicas eran las cajas, estratégica era Indra, estratégicas las autopistas, estratégico es el carbón. Tan importante es el concepto que tenemos un fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas, creado al amparo del RD-Ley 25/2020 de 3 de julio pasado dentro de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la heredera de aquel zaibatsu público franquista, el Instituto Nacional de Industria o INI. Dotado inicialmente con 10.000 millones de euros, su objetivo es «aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia empresarial de compañías no financieras afectadas por la pandemia de la covid-19, que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional, por su sensible impacto social y económico, su relevancia para la seguridad, la salud de las personas, las infraestructuras, las comunicaciones o su contribución al buen funcionamiento de los mercados, entre otros motivos». Es decir, mientras no sean financieras, caben todas.

Plus Ultra, la compañía con más maletas

Tan es así que la ministra de hacienda, en sede parlamentaria, ha defendido como estratégica (y española, como si la SEPI pudiese ayudar a otras, recordando ese nacionalismo económico que tanto critica en otros partidos) a la compañía aérea Plus Ultra («la aerolínea española que ofrece más maletas», reza su web), que se ha beneficiado de un rescate de 53 millones de euros aportando sólo el 0.03% de las conexiones aéreas del año 2019, con 300 empleados en plantilla y un avión.

Diez años va a hacer que el Gobierno de Mariano Rajoy acudió a su rescate, permitiendo una fusión con Antena 3 tras rebajar el Consejo de Ministros las duras condiciones que había impuesto la Comisión Nacional de la Competencia

Otras empresas que se han beneficiado del calificativo de estratégicas y se han visto regadas con la manguera de la SEPI han sido Duro Felguera, empresa industrial con historia centenaria con 120 millones, la aerolínea Air Europa, con 475 millones, o la agencia de viajes Ávoris, con otros los 320 millones, tras haber despedido a 200 trabajadores en el país donde el Gobierno que la rescata prohibió despedir. Presentan credenciales para el rescate Room Mate, una cadena hotelera que ha cifrado su ayuda en 51 millones de euros; Abengoa, en una situación muy delicada desde antes de la pandemia (por cierto, como todas las anteriores) y que lo pide por 249 millones, así como Mediapro, la empresa del fundador de La Sexta, que ha venido haciéndose en los últimos años con los derechos audiovisuales de varias ligas de fútbol europeas y que estaría negociando un rescate de 300 millones. Claramente, quien no entienda el fútbol como estratégico no merece llamarse español. Diez años va a hacer que el Gobierno de Mariano Rajoy acudió a su rescate, permitiendo una fusión con Antena 3 tras rebajar el Consejo de Ministros las duras condiciones que había impuesto la Comisión Nacional de la Competencia.

La alegría que supone mantener miles de empleos no puede esconder, ni explicar, la tristeza de la destrucción de cientos de miles. Mientras la hostelería y el turismo se hunden, otros se agarran al flotador que les lanza el Gobierno con unos impuestos que no pagan sanidad, ni educación, ni infraestructuras, todo aquello que se le echó en cara hace cuatro días a esos egoístas insolidarios que viven de su trabajo en Youtube. Porque de los 10.000 millones del citado fondo no se verá beneficiado el sector de la hostelería, que dio empleo a 1,7 millones de trabajadores en 2019 y facturó entonces 129.000 millones de euros, equivalentes al 6,2% del PIB. Como tampoco el turístico, un sector que suponía prácticamente el 15% del PIB en 2019 y que ha visto una caída del 70% en su contribución al mismo en este annus horribilis de 2020. En noviembre, el sector tenía a más de 110.000 trabajadores afectados por ERTE de los 169.000 que mantenía en plantilla un año antes. La caída de la facturación en 2020 se cifra en alrededor del 85%, y el 55% de los establecimientos no ha podido abrir durante el año.

La delgada línea que separa la estrategia de la indecencia ha resultado ser una línea aérea.