Nadie debería entender el paso dado ayer por el Parlamento vasco como una equiparación entre víctimas de una y otra índole. El Estado, al reconocer su culpabilidad en la vulneración de los derechos humanos de las «otras víctimas», se engrandece a sí mismo frente a los terroristas y refuerza su calidad democrática a los ojos de la ciudadanía.
Es más que probable que ni los propios parlamentarios que ayer debatieron el ‘Informe sobre víctimas de vulneraciones de derechos humanos (…) en un contexto de violencia de motivación política’ se percataran de que estaban dando cumplimiento, con más de veinte años de retraso, a un olvidado artículo 6 del Pacto de Ajuria-Enea que reza como sigue: «Nos comprometemos a velar por que la necesaria defensa del Estado de Derecho contra los ataques de la violencia se produzca siempre dentro del más estricto respeto (…) de los derechos humanos (…), sintiéndonos legitimados para denunciar (…) los casos en que pueda haber violaciones de dicho principio». Una lástima. Porque, si la memoria no hubiera sido tan lábil, y la unidad en la política antiterrorista se hubiera mantenido vigente, en vez de quebrarse, a lo largo de estas dos últimas décadas, el informe que ayer se asumió como punto de partida para un futuro acuerdo no habría tardado tanto tiempo en abordarse ni tenido que superar tantos obstáculos para adoptarse.
Con todo, aunque tarde, ha llegado, por fin, la dicha de ver cómo el Parlamento comienza a cerrar, de manera explícita, el círculo que se abrió en junio de 2008 con la Ley de Reconocimiento y Reparación de las Víctimas del Terrorismo, reconociendo ahora, y disponiéndose a reparar, a esas llamadas «otras víctimas» que también han sufrido la vulneración de sus derechos fundamentales, injustamente cometida, incitada o tolerada por algunos aparatos del Estado. Y quizá no deba considerarse casual que esta recuperación del consenso en un punto tan delicado haya podido iniciarse cuando comienza también a vislumbrarse la victoria definitiva del Estado de Derecho sobre la sinrazón terrorista.
Sin embargo, para que el paso dado ayer por el Parlamento sea un avance y no un retroceso, habrían de interiorizarse por parte de toda la sociedad dos principios que están expresamente enunciados en el informe. El primero es la no equiparación entre víctimas de una y otra índole. Porque, si bien ambas comparten, desde el punto de vista humano, un mismo sufrimiento, las circunstancias en que éste se produjo no son en absoluto equiparables. Nadie debería, por tanto, entender el paso que ayer se dio como si el Parlamento se situara en una posición de neutralidad frente a todo tipo de víctima y las reconociera por igual como bajas que han caído en uno y otro lado a consecuencia de un conflicto.
El segundo principio que contiene el informe pretende precisamente descartar esta errónea interpretación. Porque, si, adoptando una posición de equidistancia y neutralidad, el Estado, además de ofender a las víctimas del terrorismo, se habría también negado a sí mismo en su calidad de Estado de Derecho, al reconocer, por el contrario, su culpabilidad en la vulneración de los derechos humanos de esas «otras víctimas», se engrandece a sí mismo frente a los terroristas y refuerza, a la vez, su calidad democrática a los ojos de toda la ciudadanía.
José Luis Zubizarreta, EL CORREO, 2/12/2010