AL bendecir la ley del aborto, Núñez Feijóo tomó esta semana una decisión crucial para su estrategia política. Podía haberse limitado a aceptar el veredicto del Constitucional con alguna expresión evasiva pero optó por respaldar la norma –recurrida por el PP hace trece años– de manera explícita, a sabiendas de la contrariedad que podía suscitar en los sectores más comprometidos con la defensa del derecho a la vida, incluidos los que habitan en sus filas. Una especie de «Roma locuta, causa finita», aunque en este caso la apreciación del alto tribunal diste mucho del pensamiento vaticano. Por convicción o por cálculo, ha empujado a su formación a zanjar un intenso debate moral de un seco carpetazo. Y el gesto tiene relevancia porque de un golpe sitúa al partido alfa de la derecha española en el campo del liberalismo laico y lo inclina con claridad hacia el espacio que ha desocupado el desplome de Ciudadanos.

Esa apuesta, de indudable repercusión electoral, levanta ante Vox un muro de diferencias notables y lo hace de forma deliberada, tajante, sin rodeos ni ambigüedades. Cede a Abascal el terreno de la confesionalidad política y plantea un dilema a una significativa porción de votantes, que deberán elegir entre sus principios éticos y el instinto pragmático de concentrarse en sumar fuerzas para desalojar a Sánchez. Ante una cuestión muy divisiva, el líder de los populares envía a la sociedad el nítido mensaje de que no va a bajar a las trincheras de las ‘guerras culturales’. O sí, pero en sentido distinto al que desean los segmentos más combativos. El evidente giro supone una vuelta de tuerca a la indefinición del marianismo, que tras poner en marcha una reforma de la regulación del aborto acabó dejándola en el limbo y abocando a Gallardón a abandonar el Consejo de Ministros. Ahora ya no hay dudas: el pronunciamiento ha sido taxativo. Un pulgar hacia arriba en señal de asentimiento inequívoco.

Feijóo ha aprovechado su buen momento demoscópico para imponer un criterio polémico pasando por encima de una prerrogativa que el reglamento del PP atribuye a los congresos, expeditivo método de reafirmar la solidez de su liderazgo interno. El movimiento desafía la teoría del «consenso progre», tan grata a Vox, al poner el acento en que aunque sea progre se trata de un consenso, y expresa la determinación de construir una mayoría desde el centro. La iniciativa, sin embargo, implica asumir ciertos riesgos, y la posibilidad de perder un voto ideológico o de conciencia no es el principal de ellos. La verdadera prueba de contraste llegará a la hora de gestionar alianzas con una fuerza que aun en posición minoritaria le reclamará, como en Castilla y León, medidas antiabortivas para prestarle su confianza. Ésa va a ser una negociación antipática y ahora mismo parece ilusorio pensar que el PP reunirá suficiente ventaja para evitarla.