EL CONFIDENCIAL, 26/10/11
ENTRE ELLOS, EXDIRIGENTES COMO ‘MAMARRU’, ‘BALDO’ O EL PROPIO ‘PAROT’
Sesenta y un presos de ETA estarían en la calle al haber cumplido su condena si la Audiencia Nacional no les hubiese aplicado la “doctrina Parot”, que desde 2006 impide a los etarras refundir varias condenas en una sola de 30 años, sobre la que se aplicaban las redenciones. Seis más a los que se les aplicó ya han quedado en libertad. El Tribunal Constitucional (TC) está pendiente de resolver varios recursos de amparo contra la aplicación de la citada doctrina, que si los estima serían de aplicación a todos los presos de la banda. El PNV y la izquierda abertzale han reclamado su derogación tras el anuncio de “cese definitivo” de la violencia.
Solo en lo que va de año la Audiencia Nacional ha prorrogado la prisión a ocho etarras, que cumplirán diez años más de media antes de recuperar la libertad, según datos facilitados por Instituciones Penitenciarias. El último de los afectados por la “doctrina Parot” es el “arrepentido” Iñaki Recarte, condenado a más de dos siglos de reclusión por varios asesinatos, que iba a quedar libre este mes de octubre. El Colectivo de Presos de ETA lo expulsó en enero del año pasado por criticar a la banda y es uno de los etarras encarcelados en Villabona (Asturias), una de las “cárceles laboratorio” en las que el Ministerio del Interior concentra a los disidentes. Rekarte sale de prisión todos los días para trabajar.
Este mes iba a quedar también libre Javier Goldaraz, que acumula doscientos años de condena y que continuará entre rejas hasta 2022, once años más de lo previsto. Mucho antes, en mayo, habrían recuperado la libertad de no habérseles aplicado la “doctrina Parot” Elías Fernández Castañares (seguirá en la cárcel hasta 2016), y en junio el exertzantza Santos Berganza (hasta 2019), Jesús María Mendinueta (2021), Fernando Díaz Torres (2021) y el “histórico” Ignacio Erro Zazu “Pelos” (2017).
Cinco años de aplicación
El año pasado dieciséis etarras vieron como su permanencia en prisión se prolongaba durante más de una década. Uno de ellos es el exdirigente Isidro Garalde Bedialauneta “Mamarru”, que durante años se encargó del adiestramiento de terroristas en Francia. Lleva ya 25 años encarcelado entre España y Francia. Otro exdirigente afectado es José Javier Zabaleta Elósegui “Baldo”.
En 2009 la “doctrina Parot” se aplicó a 19 etarras, a 6 en 2008, a 7 en 2007 y a 13 en 2006, cuando entró en vigor con una fallo del Tribunal Supremo (TS) que impedía a los presos refundir sus condenas en una sola de 30 años (el máximo establecido en el Código Penal de 1973) sobre los que se aplicaban las redenciones por trabajo o estudios. Hasta entonces, los etarras no solían cumplir más de 20 años efectivos de cárcel. Con la sentencia del TS las redenciones ya no se aplican sobre el total de 30 años, sino sucesivamente sobre cada una de las penas, lo que deja sin efecto los beneficios penitenciarios para los terroristas con varias condenas. La reforma del Código Penal de 1995 dejó de facto sin efecto la «doctrina Parot» al eliminar los beneficios penitenciarios y elevar de 30 a 40 años el máximo de cumplimiento.
Los etarras recurren al TC
El TC tiene pendientes de resolver varios recursos de amparo, entre ellos el de Henri Parot, primer etarra al que se le aplicó (de ahí el nombre de la doctrina), condenado a cuatro mil años de reclusión por numerosos asesinatos como miembro de un comando que actuó en Madrid durante doce años. Detenido en 1990, su libertad estaba prevista el año pasado, tras veinte años de cumplimiento y diez más redimidos por beneficios penitenciarios. Si el Constitucional no dice lo contrario, permanecerá entre rejas hasta 2020.
El fallo, para el que no hay fecha, se producirá tras “cese definitivo” de la violencia anunciado por ETA. El PNV se ha manifestado a favor del acercamiento paulatino de presos a cárceles del País Vasco, que pondría fin a la política de dispersión, y la derogación de la “doctrina Parot”. El Gobierno y el candidato socialista el 20N, Alfredo Pérez Rubalcaba, han derivado cualquier decisión sobre los presos al Ejecutivo que salga de las urnas.
EL CONFIDENCIAL, 26/10/11