Un veterano sindicalista, Alberto Pérez, durante mucho tiempo secretario de Organización de UGT, calculó en 2015 —y desde entonces ha habido algunos cambios adicionales— que en los 20 años anteriores el Estatuto de los Trabajadores (aprobado en 1980) se había cambiado en 52 ocasiones con reformas laborales de mayor o menor calado. Esas modificaciones habían afectado a 75 artículos —cuenta con 92—, además de algunas disposiciones adicionales y transitorias. Tan solo entre 2008 y 2014, el Estatuto de los Trabajadores se había tocado en 21 ocasiones mediante 21 reales decretos-leyes o leyes, y en tres ocasiones por partida doble, ya que primero se dicta el correspondiente real decreto-ley y luego, mediante tramitación parlamentaria, se convierte en ley, pero casi siempre con añadidos al RDL original. No es de extrañar que el propio Pérez hablara de “orgía reformista”, habida cuenta de los numerosos cambios aprobados. De hecho, no hay Gobierno que no haga su reforma.

Lo singular, sin embargo, es que desde mediados de los años ochenta, cuando el exministro Almunia introdujo la contratación temporal —aquí el texto—, España ha sido sistemáticamente el país europeo con mayor tasa de desempleo, lo que indica que se trata de un problema estructural y no solo relacionado con la legislación laboral. Aquella reforma pretendía, según su exposición de motivos, “dotar al marco legal de una mayor claridad y estabilidad para reducir la incertidumbre empresarial de las actuaciones que conducen a la creación de nuevos puestos de trabajo”. ¿Les suena? Con ese objetivo, se introdujeron en la legislación nuevos contratos en prácticas, formación, a tiempo parcial y una nueva modalidad que se llamó de relevo.

Han pasado 37 años y desde entonces ningún Gobierno ha dado con la tecla. Probablemente, porque la reforma laboral, convertida en una especie de mantra que se repite de forma mecánica, es el epicentro de una batalla política. O ideológica, como se prefiera. No es que la regulación del mercado de trabajo no lo sea, hay pocas cosas más políticas que la correlación de fuerzas entre capital y trabajo, sino que se aprovecha para marcar el terreno y diferenciarse del anterior Gobierno. Puro relato, que se dice ahora.

Una entelequia

Es en este marco en el que hay que situar el insólito acuerdo sellado ayer en el seno del Gobierno, que viene a ser una especie de síntesis superadora hegeliana. Insólito porque se dice que se va a derogar la reforma laboral en los términos que quiere la vicepresidenta de Trabajo, pero, al mismo tiempo, se da la razón a la vicepresidenta Calviño, que quiere justamente lo contrario, como no se ha cansado de repetir. Para ello, se ofrece una salida a modo de síntesis que no es más que una entelequia. O una cuestión de fe, como se prefiera, ya que no se dice cómo se van a resolver los antagonismos, que son la base de la dialéctica hegeliana.

Obviamente, porque lo que se pretendía con la reunión no era encontrar una salida al conflicto, sino simplemente trasladar a la opinión pública que el Gobierno disfruta de una paz celestial. Como eso no es así, de lo que se trata es de ganar tiempo con mensajes que rápidamente compran los medios de comunicación. Entre otras cosas, y este no es un detalle menor, porque quienes tienen la última palabra —salvo que Sánchez tire por la calle de en medio y decida aprobar la reforma de forma unilateral— son los sindicatos y empresarios, que tienen, como todo el mundo sabe, posiciones antagónicas, y que también son la tesis y la antítesis hegeliana. 

Ni mucho menos hay razones para pensar que el Gobierno volverá a situar la indemnización por despido en 45 días por año trabajado 

Por un lado, no parece tan claro que los empresarios acepten que los convenios de empresa dejen de tener prioridad frente a los sectoriales en materias como el salario, las jornada laboral o la flexibilidad interna dentro de los centros de trabajo en los términos que impuso la reforma laboral del PP. Ni parece tan claro que la ultraactividad o los descuelgues de convenio desaparezcan del ordenamiento jurídico. Ni mucho menos hay razones para pensar que el Gobierno volverá a situar la indemnización por despido en 45 días por año trabajado o volverá a reconocer los salarios de tramitación, aspectos que se eliminaron de la reforma laboral. O se recuperará la necesidad de autorización administrativa en los despidos colectivos (ahora se exige solo un periodo de consultas). ¿O es que se van a volver a prohibir las agencias de colocación privadas o volverá a ser ilegal la cesión de trabajadores?

Reformar la reforma

Tampoco está claro que los sindicatos acepten dejar las cosas como están, máxime cuando gobierna ‘una de las nuestras’, como se vio en el reciente congreso de CCOO, pero ni ellos mismos reclaman hoy una vuelta a las viejas indemnizaciones. El propio Unai Sordo, de hecho, ya transita por la vía del acuerdo con Bruselas. Ha dicho en ‘La hora de la 1’, en TVE: “Creo que en el próximo mes vamos a ir a una corrección en profundidad de la reforma laboral [no habla de derogación] que tiene que tener tres ejes: el reequilibrio de la negociación colectiva, medidas para estabilizar la contratación y fórmulas de adaptación de las jornadas en las empresas que eviten los despidos”. Es decir, reformar la reforma. “Si la negociación va en esta dirección, no solo sería compatible con los compromisos adquiridos por el Ejecutivo con Bruselas, sino que incluso podría ser fruto de un acuerdo tripartito”. Más claro, agua.

Esto hace que sea muy probable que haya acuerdo social encontrando fórmulas intermedias que gusten tanto a Garamendi y la cúpula patronal como a los sindicatos, pero eso, en ningún caso, podrá significar la derogación de la reforma laboral. Por ejemplo, limitando la prioridad de los convenios de empresa a las de mayor tamaño y no a las pequeñas. O un endurecimiento de las cláusulas de descuelgue. Pero eso sería, y no es menos importante, una salida inteligente a una dialéctica endiablada de la que quiere salir el Gobierno, que ha utilizado el término ‘derogar’ de manera tan frívola que ahora no sabe cómo esconderlo bajo una polvareda de palabras. Pura propaganda que sin duda ha cumplido sus objetivos electorales.

Como el papel lo aguanta todo, sin embargo, insistirá hasta el último día en hablar de derogación, aunque Moncloa sepa que no se hará. Eso sí, la reforma del PP sufrirá cambios. Probablemente en la dirección acertada, ya que introducirá un mayor equilibrio en el seno de las empresas, que fue el error de la anterior, ya que, por un lado, debilitó la negociación colectiva y, por otro, de alguna manera, al introducir tanta flexibilidad, ‘descausalizó’ en la práctica la contratación temporal, precisamente el asunto que más preocupa a la UE, harta de la enorme dualidad del mercado laboral. 

Esto significa, ni más ni menos, que para el Gobierno lo relevante ahora no es solo llegar a un acuerdo con sindicatos y empresarios, la fecha límite es el 1 de enero, sino que el objetivo de cara a la opinión pública es vender la no derogación como si fuera lo contrario. Entre otras cosas, porque una derogación pura y dura no solo sería rechazada por Bruselas, sino que, además, crearía un vacío legal impropio de un país civilizado. La enésima reforma laboral está en marcha.