Detrás de la quita de la deuda autonómica que el Gobierno de Pedro Sánchez ha llevado al Consejo de Política Fiscal y Financiera y que ha provocado el plante de las comunidades gobernadas por el PP, subyace la misma lógica política que hay detrás de la ley de amnistía: se trata de satisfacer, al precio y costo institucional que sea, a los aliados políticos a cambio de los votos que le permitan al presidente seguir en La Moncloa. La diferencia es que mientras la amnistía puede resultar aberrante para muchos ciudadanos a los que se les pide opinión cada cuatro años y que eventualmente será bendecida por un tribunal vestido para la ocasión, las decisiones económicas tienen impacto directo sobre el bolsillo y están sometidas a la opinión de los mercados. Precisamente ayer, cuando la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda, vicesecretaria general del PSOE y candidata a la presidencia de Andalucía, María Jesús Montero, planteó el asunto, la agencia Standard & Poor’s advirtió a los inversores sobre el aumento del ‘riesgo moral’ que implica el perdón de la deuda y les recordó que esta no resuelve los problemas de infrafinanciación de las regiones.

La quita es fruto de un pacto entre los socialistas y ERC para la investidura de Sánchez en noviembre de 2023. Como tal, fue anunciado por Oriol Junqueras, exvicepresidente económico de la Generalitat, condenado precisamente por utilizar el dinero público para financiar la secesión de Cataluña. Junqueras ya fue indultado por Sánchez. Con esta decisión, además, se borran parte de los efectos de lo malversado. Los socialistas se han empeñado en extender el beneficio al resto de las comunidades autónomas, incluso a aquellas que tienen poquísima deuda o que pueden financiarse en los mercados. Aquí es donde entran los métodos de cálculo. La mayoría de los expertos consideran que primero se han asignado unas cantidades, que favorecen especialmente a Cataluña y a Andalucía, y después se han construido los criterios de atribución. De hecho, el perdón a Andalucía no sería tan generoso si Montero no fuera la candidata socialista, como recalcó ayer el expresidente Felipe González.