LIBERTAD DIGITAL 09/12/14
CAYETANO GONZÁLEZ
El paso del tiempo, poco realmente, ha dado la razón a todos aquellos que con pesar y tristeza pronosticamos en su día que las víctimas del terrorismo iban a ser las grandes sacrificadas en y tras el mal llamado «proceso de paz» con ETA que llevó a cabo Zapatero en los años de su Gobierno, y cuyos compromisos con la banda terrorista transmitió a Rajoy al llegar este a La Moncloa, a finales del 2011.
El último episodio vivido con la puesta en libertad del que fuera jefe del aparato militar de la banda terrorista, Santiago Arróspide Sarasola (Santi Potros), que ordenó entre otros los atentados de Hipercor (Barcelona), en el que murieron 21 personas, y la Plaza de la República Dominicana (Madrid), en el que fueron asesinados 12 guardias civiles, es un capítulo más de la ignominia que las víctimas del terrorismo, y con ellas gran parte de la sociedad española, están teniendo que sufrir desde hace ya varios años.
Algunos han dicho, con razón, que en estos casos las víctimas lo son por partida doble: primero, por el atentado terrorista en el que les arrebataron a sus seres queridos, y segundo, al ver cómo quien ordenó o llevó a cabo ese crimen queda en libertad sin cumplir íntegramente la pena impuesta. Las peticiones, tan llenas de razón y de sentido común, que las víctimas resumieron hace ya un tiempo en tres palabras –Memoria, Dignidad y Justicia– saltan por los aires, cada vez que el poder ejecutivo o el judicial cometen ese tipo de tropelías.
En ese sacrificio de las víctimas, las responsabilidades están muy claras. Es evidente el mal causado por Zapatero y su ideólogo Rubalcaba –al que tanto echa de menos Rajoy– con el proceso de negociación política que llevaron a cabo con ETA desde el 2005 e incluso, como se ha sabido, desde antes de llegar al Gobierno. Pero al menos en aquellos años una buena parte de la sociedad supo estar al lado de las víctimas y salir con ellas en nueve ocasiones a la calle para decir alto y claro al Gobierno de Zapatero que en su nombre no negociara con la banda terrorista.
La gran sorpresa llegó cuando en la segunda legislatura de Zapatero, es decir, la que comenzó en el 2008, Rajoy dejó de criticar la política antiterrorista de aquél argumentando que había cambiado en la buena dirección. Lo que en realidad cambió fue la postura de Rajoy por pura estrategia política. Tras la derrota electoral sufrida en marzo de 2008, su asesor Pedro Arriola le convenció de que tenía que cambiar de estrategia y no estar todo el día en la calle criticando al Gobierno del PSOE, bien fuese por la política antiterrorista, por el aborto, por los matrimonios homosexuales o por la libertad de enseñanza. Relativismo arriolesco y rajoyesco en estado puro con un único objetivo: ganar las siguientes elecciones.
Esa nueva postura del PP y de su líder respecto a la política antiterrorista de Zapatero tuvo su reflejo más sorprendente el 20 de octubre de 2011, día en que ETA anunció que cesaba su «actividad armada». Ese día Rajoy afirmó, para asombro de propios y extraños, desde la sede del PP de la calle Génova que la decisión de ETA «se había producido sin ningún tipo de concesión política a cambio». Con esa declaración, al parecer sugerida por el propio Zapatero, la traición de Rajoy a las víctimas del terrorismo quedaba patente, y lo que había sido una seña de identidad fundamental de su partido durante muchos años, la defensa de quienes más han sufrido la sinrazón del terrorismo, era arrumbada por quien un mes más tarde de esa declaración llegaría a la Presidencia del Gobierno.
Conviene también recordar que cuando no había transcurrido ni un mes de su salida del palacio de La Moncloa, Zapatero, a petición propia, se reunió por espacio de dos horas en la sede del Ministerio de Interior con el titular de este departamento, Jorge Fernández Díaz, para transmitirle y explicarle la hoja de ruta que tenía pactada con ETA.
Lo sucedido después es de triste recuerdo y de todos conocido: el Ministerio de Interior puso en marcha en el verano del 2012 el proceso para la liberación del torturador-secuestrador de Ortega Lara Josu Bolinaga, aduciendo que padecía una enfermedad terminal. Han pasado casi dos años y medio y ese individuo sigue disfrutando de la vida y de la libertad en su localidad natal de Mondragón. Luego fue la aplicación exprés por parte del Gobierno de Rajoy de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de derogar la denominada Doctrina Parot. Se dijo en un principio que sólo afectaba a un terrorista. Luego salieron a la calle varias decenas, amén de violadores y delincuentes comunes.
Por eso produce literalmente asco y repugnancia oír a la vicepresidenta del Gobierno o al ministro de Interior decir en estos días que están en contra de la decisión de la Audiencia Nacional de poner en libertad a Santi Potros y que apoyan el recurso anunciado por la Fiscalía General del Estado. Este Gobierno hace ya tiempo que perdió toda credibilidad en esta cuestión, y por ello ha pagado y seguirá pagando en las próximas citas electorales. Este Gobierno del PP, con su presidente al frente, ha renunciado desde antes de que llegara al poder a la derrota total y absoluta de ETA, que, conviene recordar –sobre todo al ministro de Interior, que se nota a la legua que no domina la materia–, es algo más que un grupo de asesinos: es un proyecto político totalitario que nació en 1959 con un único objetivo: destruir España. Y con personajes tan nefastos como Zapatero, Rubalcaba o Pascual Sala, tan inanes y relativistas como Rajoy o tan ineptos como Fernández Díaz, poco a poco lo están consiguiendo.
Mientras que los terroristas y quienes siempre les han apoyado están felices y contentos con la marcha de los acontecimientos, las víctimas y muchos españoles con ellas asistimos a esos mismos acontecimientos con enorme tristeza. Porque, en el fondo, y cada día más en la forma, habrá que aceptar que ellos han ganado y nosotros hemos perdido. El drama es que por el camino se han quedado 857 vidas.