La oportunista desclasificación de los archivos del 23-F no ha servido a los propósitos distractivos del Gobierno, siempre aplicado a resucitar la memoria del franquismo. El material ahora accesible no aporta ninguna información sustancial que altere el conocimiento que ya se tenía sobre la estructura del golpe.
Al margen de algunos detalles de interés para los historiadores, no hay revelaciones de calado que modifiquen la cronología o las causas del asalto al Congreso.
En este sentido, la apertura de los archivos no ha contribuido a erosionar el prestigio de la Monarquía ni a cuestionar el relato de la Transición.
De hecho, lo más significativo es que la desclasificación no ha hecho aflorar ni un solo indicio que comprometa la actuación de Juan Carlos I. Al contrario, su figura sale reforzada como el actor principal que desarticuló la asonada.
Los documentos ratifican que el monarca se desmarcó de forma nítida de los golpistas tras asegurar la lealtad de las Capitanías Generales. Y hay cinco aspectos incontrovertibles que cierran la puerta a las teorías revisionistas que algunos sectores han intentado mantener vivas durante décadas.
En primer lugar, los papeles confirman que los propios golpistas consideraban al Rey un estorbo.
En sus análisis internos posteriores al fracaso, los implicados lamentaban haber cometido el error de «dejar al Borbón libre». Para los cabecillas de la trama, Juan Carlos I pasó a ser un «objetivo a batir y anular».
Este es el hecho más concluyente: nadie convierte en objetivo militar a quien considera su aliado.
Igualmente elocuente es la confirmación del veto de la Zarzuela a Alfonso Armada: los documentos respaldan la versión que siempre sostuvo Sabino Fernández Campo.
El Palacio impidió físicamente que el general Armada entrara en el recinto en la noche del 23 de febrero de 1981, para evitar que pudiera utilizar la figura del Rey como escudo de su propia maniobra política.
La firmeza de las comunicaciones personales del monarca tampoco deja lugar a dudas.
En su contacto directo con el insurrecto Milans del Bosch, el Rey fue tajante al espetarle: «Esto tiene que acabar de una vez». Juan Carlos I ordenó que el ayer fallecido Antonio Tejero depusiera su actitud y advirtió de su firme determinación de mantener el orden constitucional y de no abdicar la Corona.
Los documentos desclasificados intercambiados en el seno del CESID también avalan que el discurso televisado del Rey cayó como un «jarro de agua fría» entre los mandos del servicio de inteligencia que, según han revelado los documentos, no sólo estaban participando activamente en la trama, sino que realizaron gestiones posteriores para encubrir su rastro.
Además, un informe interno del Ministerio del Interior de la época, titulado Campaña contra S. M. el Rey en relación con el 23-F, ya recogía entonces que los rumores sobre la implicación del monarca carecían de fundamento. El documento atribuía esos bulos a una estrategia de la extrema derecha y los simpatizantes de los golpistas para «destrozar la Monarquía como Institución democrática».
Aquellos ataques, que sostenían que el Rey conocía el plan para consolidarse como «salvador de la democracia», quedan hoy definitivamente desmentidos.
Todos estos elementos refutan definitivamente a quienes han mantenido sospechas sobre el papel del Rey en el llamado «golpe duro». Lo cual no ha sido impedimento para que ciertos sectores de la izquierda se hayan mantenido firmes en sus prejuicios preconcebidos.
Pero, si bien los documentos desmienten la implicación del monarca en el asalto violento, siguen sin arrojar luz sobre el «golpe blando» de Alfonso Armada.
La cronología es indiscutible: el Rey se reunió con Armada el 13 de febrero, apenas un día antes de que el general se viera con Milans del Bosch en Valencia. En aquel encuentro, el general le trasladó al monarca que no buscaba una dictadura militar clásica, sino un «golpe de timón» desde dentro del sistema.
Su plan consistía en aprovechar la crisis para proponer un Gobierno de Concentración Nacional presidido por él mismo y formado por políticos de todo el arco parlamentario. Es en esta zona gris, en la que se mezcla la ambición política de Armada con sus intentos de convencer al Rey de la necesidad de un cambio de rumbo, donde la desclasificación sigue siendo insuficiente.
Los nuevos archivos confirman lo que ya se sabía: que el Rey paró el asalto al Congreso de 1981. Es una lástima que esta apertura documental no haya aportado nada sustancial sobre la maniobra de Armada, que sigue siendo la sombra persistente de la Transición.
Lo sabemos todo sobre el golpe frustrado que tuvo lugar, pero seguimos sin saber nada sobre el golpe que no llegó a materializarse.