Hace casi dieciocho años, unos locos fundamos un pequeño partido en torno al liderazgo de Rosa Díez, llamado Unión Progreso y Democracia. Fue una empresa imposible, y no por demasiado temprana o tardía, ni por las bobadas sobre liderazgos perfectos, sino porque la política que propusimos es imposible en un país decidido a ignorar sus verdaderos problemas de fondo.
Hace unos días, una excompañera de UPyD se confesó sorprendida por el inexorable cumplimiento de nuestras peores previsiones. En efecto, la división de poderes está a punto de desaparecer, la Constitución es un felpudo creativamente interpretado por los pies más sucios de barro, y el Estado de derecho y la legalidad se encogen cada día que pasa, como acaba de demostrar ostentóreamente (el gran neologismo de Jesús Gil) el paseíllo del prófugo Puigdemont por Barcelona ante cámaras, altavoces y palmeros mientras se montaba la farsa de miles de policías incapaces de dar con él.
La bomba de relojería de los privilegios fiscales
Uno de nuestros caballos de batalla, peaje a nuestro origen vasco, era la mala organización territorial de la Constitución de 1978 y la bomba de relojería latente en la concesión de privilegios fiscales a las provincias forales vascas y a Navarra. Aunque todo el mundo lo negara y nos atacaran brutalmente por insistir, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio: el proyecto de Concierto Económico para Cataluña, a mayor gloria de Sánchez y su desesperado aferrarse al poder y la corrupción impune, enciende ahora todas las alarmas. Teníamos razón y quienes lo negaban, no.
De repente, los negadores descubren con horror que el sistema de concierto y cupo para Cataluña dejaría al Estado limitado a los ingresos fiscales de Madrid, Baleares y alguna comunidad más, porque la mayoría son dependientes de las transferencias estatales por diversas razones de difícil arreglo: envejecimiento demográfico, despoblación o economía poco productiva. Aún peor: ¿por qué va a renunciar el pujante Madrid a su propio Concierto económico, quedándose con su recaudación y abandonando a su suerte a comunidades pedigüeñas que se han desentendido de la consistencia territorial y la sostenibilidad fiscal del Estado común?
Para aumentar el caos, la izquierda reaccionaria ha lanzado la consigna de que este nuevo Estado sería federal, cuando el federalismo es exactamente lo contrario. Como es costumbre, la asombrosa ignorancia de gran parte de la opinión influyente ha comprado sin entenderla la mala excusa socialista dándole visos de verosimilitud: chicas y chicos, llega la España federalizante (que ni la gramática española entienden). Pero en un genuino sistema federal (Estados Unidos, Suiza, Alemania) la caja común federal y su fiscalidad es intocable y sagrada, lo mismo que el núcleo de competencias federales que no se pueden delegar por completo (transferir) en ningún caso.
La excepcionalidad fiscal vasconavarra, fundada en torpes argumentos seudo históricos, gira en torno al ventajismo opaco del Cupo, verdadero meollo del asunto
La Constitución de 1978 quiso mantener la estructura en provincias de 1833, pero con diputaciones sin ingresos y elevados gastos sin verdaderas competencias, cuya utilidad real revela el jugoso caso del hermanísimo musical de Pedro Sánchez. A este resto de centralismo decimonónico se añadió el patrón cuasi federal de las Comunidades Autónomas, más el desiderátum confederal de los “derechos históricos” y fiscales privativos de vascos y navarros cuyo objetivo mayor, tramposo y fallido, era integrar al nacionalismo vasco, tanto institucional como violento.
El problema, siempre latente y negado, es que la excepcionalidad fiscal vasconavarra, fundada en torpes argumentos seudo históricos, gira en torno al ventajismo opaco del Cupo, verdadero meollo del asunto porque el Concierto no interesaría a nadie sin el milagroso Cupo pactado a oscuras a cambio de votos al gobierno nacional. Un sistema abierto a la implantación en otras comunidades ricas, pues a las pobres no puede interesarles.
No es la primera vez que se ha especulado con extenderlo a Cataluña para contentar a su separatismo insaciable. Tampoco sabemos qué hará la inoperante oposición si llega a aprobarse: ¿derogará el PP, solo o con Vox (ambos apoyan los conciertos vasconavarros), un Concierto Económico catalán? ¿O lo extenderán a quien lo exija con un chantaje suficientemente firme?
El Título VIII de la Constitución, repleto de promesas incumplidas y contradicciones legislativas, abre la transferencia sin fin ni límite de competencias presuntamente exclusivas del Estado a través del artículo 150.2, que dice: “El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. La ley preverá en cada caso la correspondiente transferencia de medios financieros, así como las formas de control que se reserve el Estado”.
Control de puertos y aeropuertos en el País Vasco
La redacción esconde púdicamente que la negociación no es nunca entre Estado y Comunidades Autónomas, sendas abstracciones, sino entre partidos políticos y gobiernos concretos, y que estos pactan qué facultades correspondientes a materia de titularidad estatal son susceptibles de transferencia o delegación. La pregunta es cuáles no lo son, y la respuesta es que prácticamente todas. Así, Sánchez ha regalado a sus socios vascos la transferencia del control policial de puertos y aeropuertos, que asumirá la Ertzaintza desalojando a Guardia Civil y Policía Nacional.
La semana pasada Francisco Rossell comparaba la Constitución del 78 con la Línea Maginot. Muy pertinente: los franceses quisieron creer en la invulnerabilidad de la famosa línea para justificar el inmovilismo del país, y el resultado fue el catastrófico hundimiento militar y la ocupación fulminante de los nazis en 1940. De modo análogo, nuestro insufrible establishment permite el avance sin tregua de la confederalización de España, dejando la pobre Constitución reducida a juguete rompible del Constitucional de Sánchez y Pumpido.
En 1978 no se previó, después se ignoró, entre 2007 y 2015 se nos negó, pero ahora estalla la bomba de la articulación territorial incoherente y la aceptación de privilegios fiscales de unas comunidades sobre otras (los territorios ni pagan ni cobran impuestos, son los ciudadanos y los gobiernos). Hemos llegado a ese punto en que o se toma en serio pensar una profunda reforma constitucional que impida las políticas de hechos consumados contra los principios de unidad nacional e igualdad y libertad de los ciudadanos, o nos resignamos a la desintegración de España y a la desaparición de la democracia liberal en beneficio de modelos chavistas y de un Estado fallido a la belga, reducido a fronteras internacionales, rey decorativo y fuerzas armadas obligadas por los compromisos internacionales.