El ecologismo es un debate de ricos, de pueblos ricos, y eso lo apreciamos cuando un Gobierno anuncia una lluvia de millones para un aeropuerto y provoca una protesta política por los daños al medio ambiente. No es necesario, siquiera, que pensemos en el contraste que se da entre un país como España, miembro de un club de países ricos como la Unión Europea, y otro del tercer o cuarto mundo, en el que las carreteras radiales son caminos polvorientos. No, miremos solo dentro de la propia España a partir de una deducción elemental: cuando se tienen cubiertas las necesidades fundamentales de transportes, como ocurre en Cataluña, es posible pensar en los daños medioambientales que provocaría una apuesta como esa, para convertir el aeropuerto de El Prat de Barcelona en una de las mejores instalaciones del mundo. 

En Cataluña no existía una demanda social para mejorar el aeropuerto, no había manifestaciones por la mediocridad de sus servicios y de sus instalaciones, por eso cuando el Gobierno de España les ofrece de golpe 1.700 millones de euros para la ampliación del aeropuerto, se recibe como un ‘regalo’ innecesario. En ninguna otra circunstancia, si las necesidades básicas de infraestructura no estuvieran satisfechas, el debate se hubiese inclinado por esa vertiente. Por eso se dice que el ecologismo es un debate de ricos, no por menosprecio al medioambiente o porque se subestime el cambio climático, que ese es otro asunto distinto que podrá abordarse en otra ocasión.

Se trata solo de evaluar el contexto en que se producen esas protestas en Cataluña y alcanzaremos la conclusión temprana de que ese rechazo nos revela la realidad de una comunidad autónoma bien dotada en infraestructuras, desde antiguo, por la inversión prioritaria del Estado allí. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido en otras muchas comunidades autónomas españolas, empezando por la vecina, Aragón, en la que todavía claman por una conexión de ferrocarril moderna, no como la actual, que les lleva nueve horas para recorrer la región. Todavía estará en la mente de algunos aquel vídeo que lanzó Teruel Existe hace unos años en el que se veía cómo un tractor adelantaba al tren en los tramos en los que la velocidad de la vía estaba limitada a 30 kilómetros por hora. ¿Cuántos años llevan esperando en Aragón una inversión del Estado para sus infraestructuras? No llegan y, por el círculo vicioso que genera siempre el abandono, lo que ocurre es que se suprimen otros trenes y se crean nuevas plataformas, Aragón no Pierdas tu Tren, con el mismo aire de decadente desesperación de otras anteriores.

¿Y en Cantabria? No es que se pida la llegada del AVE, sino que puedan viajar normalmente a Madrid o a Bilbao. ¿Y en Castilla y León? Los retrasos, sobre promesas concretas de inversión, acumulan decenios sin que nada se mueva. Quizá ni siquiera los catalanes sean conscientes de que, mientras se perpetúa ese retraso, Cataluña es la única comunidad con todas sus provincias conectadas con alta velocidad gracias, obviamente, a la inversión del Estado. El puerto de Algeciras es el segundo más importante de Europa y lleva exactamente un siglo, desde 1919, esperando que se cumplan las promesas de inversión en una línea férrea de ancho europeo para conectarlo con la frontera francesa. Y nada… Ahí siguen, como el corredor mediterráneo. Las protestas que ya se han convocado en Cataluña contra la ampliación de El Prat llevan como lema ‘Menos aviones, más vida’; en otras muchas comunidades autónomas, los lemas de las protestas serían el envés, ‘Menos trenes, más muerte’. Esa es la diferencia.

No es de extrañar, por lo tanto, que cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas pregunta a los españoles por la desigualdad existente, los encuestados, sutilmente, han matizado su respuesta eliminando el adjetivo: “España es un país donde existen grandes desigualdades en general”. Mucho antes de que se iniciara el llamado ‘procés’ independentista, que ahora se trata de reconducir y acallar con grandes inversiones como la del aeropuerto de El Prat, se viene advirtiendo de la realidad de una ‘España silenciada’, o ignorada, cuya existencia a lo largo de los años solo se alcanza a comprender por el mismo carácter de los españoles. De otra forma, no se puede entender que se haya establecido en España una inercia decimonónica tan perniciosa como esta que consiste en premiar a los desleales y olvidar a los fieles.

Las promesas incumplidas durante decenios atraviesan esos pueblos olvidados sin que se altere el ánimo de los ciudadanos, como se puede comprobar también en esa encuesta del CIS. Los mismos españoles que afirman, de forma contundente, que en este país existen muchas desigualdades; los mismos que defienden el pago de impuestos a pesar de que reprueben que no se lucha contra el fraude fiscal; los mismos ciudadanos, en fin, que pagan y no se ven correspondidos en sus necesidades por parte del Estado, están plenamente satisfechos con su vida. En una escala de cero a 10, la satisfacción con su vida familiar es de 10, y de ocho, la satisfacción por su salud, por su vida social y por su nivel de vida en general. Desiguales y cabreados, pero felices y contentos. Pues eso.