No, lo que se pretende es excepcionar a una serie de personas de la jurisdicción penal, alegando, entre otros motivos, la necesidad de «desjudicializar» el procés. El número de beneficiados, en la práctica, subirá sin parar. E incluirá a amigos y simpatizantes de todos y cada uno de los separatistas, aunque su contribución a la causa haya consistido, únicamente, en saquear comercios u otorgar contratos públicos a familiares, falsificación de documentos mediante.

Hace unos cientos de años en España, y en Europa, se tomó la decisión de desprivatizar la potestad de imponer el castigo penal, atrayendo hacia el rey esa prerrogativa. Obviamente se trató de un proceso que ocupó largos años y muchos protagonistas, pero a la postre tal cosa terminó sucediendo.

Hoy en día el Estado, a través del Poder Judicial, es el único que dicta Justicia y ejecuta las resoluciones judiciales. Sólo el Estado, a través de uno de sus «poderes» ostenta esa función, en el ejercicio de la cual dirime quién merece ser castigado, Y quién protege, precisamente por ser titular de un monopolio, a los delincuentes. El qué va a ser de cada criminal lo decide exclusivamente el Estado. (¿Qué hubiera sido de los asesinos de Marta del Castillo si el Estado no estuviera, además de para castigarles, para protegerles?).

Así las cosas, quien ha judicializado el procés ha sido quien delinquió, no los jueces. Pues ¿qué debería haber hecho el Estado al contemplar lo que, en teoría política, no es más que traición? ¿Qué debería haber hecho al ver que los fondos públicos eran apropiados ilegítimamente -robados- por quienes eran sus custodios? ¿Que los negocios eran saqueados? ¿Quizá esperar a que los defensores de lo robado castigaran personalmente a los ladrones? ¿Que los ciudadanos engañados por sus dirigentes les sancionaran? No. Semejante escenario nos llevaría directamente al conflicto civil.

Afortunadamente, el «conflicto» está judicializado. Como no podía ser de otro modo.

«El problema se plantea cuando se quiebran dos grandes principios: el monopolio del poder de castigar y el de la igualdad en la aplicación de la Ley»

La judicialización de los conflictos penales constituye todo un éxito del Estado moderno, pues permitió, entre otras cosas, dar un salto decisivo en la evolución de la forma del ejercicio del poder. Permitió pasar del poder individual, personal, sobre los sujetos, al impersonal de la norma que debe aplicarse a todos por igual.

El problema se plantea cuando se quiebran esos dos grandes principios, el del monopolio del poder de castigar y el de la igualdad en la aplicación de la Ley. Ante la puerta de la amnistía se acumularán ahora personajes de muy diverso pelaje. Personas que se posicionaron políticamente -aunque delinquiendo- frente al Estado. Sujetos que malversaron los dineros públicos y adoptaron también la posición anterior. Aventureros de todo tipo que asaltaron los comercios aprovechando los desórdenes que ellos mismos provocaron. Individuos que lesionaron, a veces gravemente, a miembros de las fuerzas de seguridad. «Héroes independentistas» implicados en actos de terrorismo.

Todos pugnarán por franquear esa puerta. Los que vayan primero empujarán a los que van delante y cocearán a los que llevan detrás para no verse postergados. ¿Es eso lo que se pretende?

Conseguiremos la investidura, pero perderemos el Estado moderno. Y el constitucional. Y el Derecho Penal, que dejará de ser algo que se aplica por la comisión de hechos y se convertirá en algo parecido a un proceso de selección de personal.

¿Merece la pena? ¿Hay base social suficiente para dar ese paso? ¿Está de acuerdo la mayoría de los ciudadanos que tal cosa es oportuna?

El recorrido en busca de la paz, de la convivencia, hubiera debido ser otro. Y ahí tendrían que haber colaborado muchos. Pero la ruptura de las reglas del juego no es nunca un buen comienzo.

*** Francisco Javier Álvarez García es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III.