La mejor manera de defender la Constitución es cumplirla y por eso debe celebrarse la resolución positiva del pacto de la justicia. Cosa distinta es comprar en bruto y sin matices el argumentario partidista, en especial la afirmación (del PP) de que el acuerdo rescata al poder judicial de la dependencia política. Porque es político el método de selección, al menos todavía, como son políticos quienes lo han negociado y rubricado con su firma, y política es la voluntad que se necesita para darle cumplimiento y lograr que la magistratura elija el modo de representarse a sí misma. Había que hacerlo y bien hecho está, pero lo demás son consignas, relato, cháchara innecesariamente justificativa. El compromiso es razonable, establece mayoría agravada para los nombramientos de magistrados y cierra las puertas giratorias que contaminan la función jurídica. Pero la reforma del modelo vigente, su despolitización definitiva, queda al albur de improbables consensos posteriores por falta de cláusulas de garantía.

Tan político ha sido el arreglo que sus muñidores no se han molestado en disimular la abrupta, descarnada preterición del Parlamento. Podían y debían haberse acordado de llevar a Bruselas a los titulares del Senado y del Congreso, para que siquiera simbólicamente ejercieran ante la verificadora europea el papel que les atribuye el ordenamiento, del que han quedado apartados durante todo el proceso mientras sus respectivos jefes de filas convenían los términos –nombre por nombre, punto por punto– en absoluto secreto. El protagonismo de las Cortes también está en la ley, de hecho es la clave del método, y nadie ha puesto el menor reparo a esa grosera, terminante falta de respeto. Los diputados de la oposición y del Gobierno votarán lo que les pongan delante dándolo por bueno sin haber tenido arte ni parte en el procedimiento: disciplina de grupo, mandato imperativo encubierto. Silencio, silencio. Un problema menos.

Vale, aceptado. La prioridad consistía sacar a los tribunales del colapso que el propio Sánchez provocó al bloquear el Consejo privándolo de su principal trabajo. El perfil de los vocales tiene menor relevancia; son personas de trayectoria profesional contrastada que cumplen sin objeciones los requisitos reglamentarios, y ha sido escogidos para obedecer como soldados el mandato de aquellos a quienes deben el cargo. Los preceptivos tres quintos impedirán cualquier tentación de rodillo automático, de modo que la autonomía del Supremo queda así a salvo. No es poco. Sin embargo, la cuestión cenital, la del cambio de sistema al que los populares renunciaron cuando tenían cómoda mayoría para implantarlo, va para largo, envuelta en una bienintencionada disposición de contenido abstracto. Tendrá que pasar tiempo, en el mejor de los casos, para que la política saque sus manos de donde las tiene puestas desde hace tantos años.