Hay que reconocer que la coalición gubernamental está innovando usos democráticos. El pasado 27 de junio, el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley trans —que técnicamente se denomina “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI”— y una vez llegado al Congreso el grupo parlamentario socialista enmendó el texto que se aprobó en una sesión gubernamental presidida por Pedro Sánchez. En vez de debatir en el Consejo de Ministros los términos del proyecto, se prefiere que —alterando toda lógica— las diferencias entre socios se diriman en el Congreso.

El periodo de enmiendas paraliza la tramitación de la ley, con gran disgusto de Unidas Podemos que, a través de la nunca bien ponderada Irene Montero, se adhiere a las teorías queer que borran la biología femenina y, en consecuencia, vacían de contenido el feminismo porque el sexo no importa sino la voluntad de cada cual de sentirse hombre o mujer o una tercera condición no fácil de entender. Bastaría, según esta ley, comparecer en el Registro Civil, manifestar el deseo de cambio de género, ratificarse en esa voluntad tiempo después y conseguirlo a todos los efectos.

Este proyecto de ley, a tenor de la encuesta de Metroscopia de este mismo mes de noviembre, solo el 34% de los consultados considera prioritaria su aprobación; un escuálido 17% está de acuerdo con su contenido, un 22% en desacuerdo total y un 46% muestra división de opiniones. La mayoría, sin embargo (un 53%) considera necesarios informes médicos para realizar el cambio registral, es decir, un diagnóstico de disforia de género. Tan es así que ni siquiera es masivo el apoyo de los consultados que se dicen de Unidas Podemos (41%). El dato más interesante sería el que rechaza que la mera voluntad —que puede ser coyuntural— sirva para alterar el género sin un aval médico. 

El proyecto de ley estigmatiza cualquier intervención ajena a la voluntad de la persona amparada porque la norma en ciernes no quiere que se entienda que alterar el género se convierta en una patología que exija diagnóstico y terapia hormonal. Por lo demás, la posibilidad de que los menores, con escasos requisitos, puedan acogerse a esta ley —sin plenitud de capacidad de obrar, según el Código Civil— es la piedra de disenso entre socialistas y morados que aún no se ha resuelto. El PSOE quiere que los menores de entre 14 y 16 años cuenten con autorización judicial, y la ministra Montero se cierra en banda ante un planteamiento que, al menos, establece alguna lógica cautela.

Si este proyecto de ley no se rectifica muy a fondo en el Congreso, de aprobarse como está, causaría problemas muy superiores a los que está creando, aunque de distinta naturaleza, la Ley de Garantía de Libertad Sexual (solo sí es sí), como las feministas de la izquierda española —no de la populista de UP— vienen advirtiendo desde hace mucho tiempo. Por eso, merece la pena que se tengan muy en cuenta las objeciones de forma y fondo que han expuesto 10 feministas —hombres y mujeres (*)— encabezadas por la catedrática de Filosofía Moral y Política y consejera de Estado, Amelia Valcárcel, en el diario El País del pasado 12 de noviembre en un artículo titulado perspicazmente “La ley trans: 47 millones de afectados”.

Ella y las otras nuevee firmas que suscriben el texto mantienen que “al redefinir legalmente realidades sobre las que se construye la sociedad, estamos ante una ley que afecta a 47 millones de personas, a las que afecta de diversas formas”. Y el detalle de esa afectación se resume en cuatro puntos expuestos con meridiana claridad: 

1) Jurídicamente, la definición del sexo como elección personal implica la inaplicación de otras leyes: la de violencia de género, la del encarcelamiento en centros penitenciarios del sexo elegido o la de participación en competiciones deportivas del sexo optativo.

2) Es un ataque al feminismo y su agenda al alterar el significado de la palabra mujer. En la práctica, el objeto de esta ley son las mujeres y no el colectivo LGTBI+, porque lo que se quiere erradicar es la concepción del sexo como realidad y anular su validez jurídica. 

3) En el ámbito educativo, la ley trans confirma los protocolos autonómicos transgeneristas en los centros. 

4) Se impone en la práctica médica y psicológica el modelo afirmativo como la única posibilidad de tratamiento, obligando a los profesionales a aceptar la autovaloración de la persona.

Valcárcel y los demás firmantes recuerdan que el anteproyecto fue informado negativamente por el Consejo General del Poder Judicial, no pasó por el pleno del Consejo de Estado, no se ha tramitado como ley orgánica (la que exige la mayoría absoluta del Congreso para su aprobación, categoría que reclama la naturaleza de este asunto, como se desprende del artículo 81.1 de la CE) y se intenta aprobar mediante un procedimiento de urgencia. 

Como puede observarse, de nuevo un proyecto de ley, como ocurrió con el de la Ley de Garantía de la Libertad Sexual impulsado también por Montero, reitera las peores omisiones: desconocer y despreciar los criterios técnicos. Podrán echarse todas las responsabilidades sobre la ministra de Igualdad, pero no por ello dejará de imponerse la realidad de que el proyecto es un acto solidario colegiado del Consejo de Ministros y a todos ellos —sobre todo al presidente— les concierne. A mayor abundamiento, inflige al feminismo un golpe histórica y moralmente injusto y fisura al PSOE, como pudo comprobarse en las manifestaciones contradictorias del 25-N, pero siempre en beneficio de la radicalidad, con la amnesia de lo que este partido representó antes de que lo liderase Pedro Sánchez. Pero incluso con él, el socialismo no puede traspasar según qué líneas rojas. Hacerlo sería destructivo para identidad ideológica —la que le quede— del PSOE. 

(*) Firmaron el artículo citado, con Amelia Valcárcel: Maricruz Almaraz, María Asencio, Silvia Carrasco, José Errasti, Isabel Esteva, Laura Freixas, Alicia Miyares, Marino Pérez Álvarez y Lluís Rabell.