Ante la contundencia de las conclusiones del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) sobre el asalto a Ceuta, al Gobierno no le ha quedado sino tratar de descalificar el dosier mediante burdas falsedades.
El Ejecutivo, encabezado por el Ministerio del Interior, ha desplegado una batería de maniobras para torpedear las diligencias instruidas por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.
Fernando Grande-Marlaska forzó una nota de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional para sostener públicamente que el atestado no atribuye a las autoridades ni a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la «planificación o ejecución» del asalto migratorio.
El DAO llegó al extremo de degradar el propio trabajo policial tildándolo de «supuesto informe», en un documento cuya argumentación, por cierto, rezuma una especie de espíritu de orgullo por la propia ineficiencia: jactarse de que los servicios de inteligencia policiales carecían de cualquier tipo de información previa sobre la invasión.
A este señalamiento contra la investigación se ha sumado el propio Pedro Sánchez, que en su comparecencia de este jueves ante el Congreso de los Diputados ha lanzado una amenaza velada a los agentes del CENIF por «no compartir con sus superiores y el Gobierno el contenido de su informe» durante su fase de elaboración.
La reprimenda del presidente, a quien no le ha pesado dejar a la Policía y a los servicios de inteligencia al pie de los caballos con tal de quedar él mismo disculpado, sintoniza con la nueva arremetida de Marlaska contra el Poder Judicial.
El titular de Interior remitió este miércoles una misiva a la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, para trasladarle su «preocupación» por las estrictas instrucciones que la jueza Tardón impartió a los mandos del CENIF.
Unas directrices que estaban sencillamente destinadas a preservar la estricta reserva procesal, tras encomendarles la elaboración del dictamen pericial sobre la entrada masiva e irregular en Ceuta por parte de miles de inmigrantes procedentes de Marruecos los pasados 30 y 31 de julio.
Pero Perelló ha respondido al ministro asumiendo una firme defensa de la independencia de la instructora.
Y nada más lógico y prudente. Pues ¿cómo no iba a blindar la magistrada las actuaciones de la Policía Judicial ante un Ejecutivo cuya primera actuación al conocer el atestado no ha sido otra que tergiversar su contenido?
Frente a estas injerencias, la solicitud de la Ciudad Autónoma de Ceuta para personarse en la causa penal frustra el intento de sabotaje del Gobierno.
Al invocar formalmente su condición de perjudicada directa por la quiebra de la seguridad fronteriza, la administración presidida por Juan Jesús Vivas adquiere plena legitimación para proponer diligencias de investigación e impulsar la práctica de pruebas.
Con la entrada de esta acusación particular, la causa judicial queda preservada ante un eventual intento de sobreseimiento por parte del Ministerio Público.
Aunque constituiría una ignominia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional (a través de un fiscal de la confianza del Gobierno) pretendiera el archivo o alegase una supuesta falta de competencia del tribunal, la presencia autonómica en el proceso garantiza que las pesquisas proseguirán hasta sus últimas consecuencias.
Estamos ante el colmo de la desvergüenza del Gobierno. Y, en particular, de un ministro del Interior cuyo expediente ya está bien nutrido de escándalos.
Resulta grotesco que Marlaska dirija reproches a una magistrada por ordenar a los agentes que no facilitaran a su cadena de mando el documento que les solicitó hasta que estuviese terminado. Cuando lo que debe explicar es por qué, durante todo un mes, no promovió él mismo una investigación en la Comisaría General de Extranjería y Fronteras como la que ordenó la juez Tardón.
La Audiencia Nacional ha actuado de conformidad con el rigor exigible. Quien ha dimitido de sus responsabilidades, prefiriendo la ignorancia voluntaria a la defensa de la seguridad nacional, ha sido el Gobierno de España.