Beatriz Parera, Pilar Gómez-El Confidencial
- Otros miembros del CGPJ están dispuestos a seguirle y los designados a propuesta del PSOE no tendrán otra opción que abandonar también sus puestos
La primera pista que dio Carlos Lesmes sobre su intención de dimitir fue una frase en plural. Sonó a despedida. Tras exigir a Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo que se sienten de inmediato a negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), lanzó una advertencia sobre las consecuencias si no lo hacían. «De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan», dijo. Poco después, aclaró a la prensa a qué se refería con esta frase misteriosa: su salida de la presidencia «en semanas» si el PSOE y el PP no reaccionan.
Con ese plural, Lesmes no estaba dando una pista sino dos. Si el presidente del Consejo se ve obligado a abandonar su cargo, abrirá una espita que ya no podrá cerrarse. Según informan fuentes jurídicas, varios vocales están dispuestos a seguirle. Aunque se descarta una dimisión en bloque, no sucede lo mismo con los abandonos individuales de otros miembros del Consejo y de cargos designados por el presidente durante su larga etapa, que se ha prolongado casi nueve años.
Los primeros en verse empujados a salir serán los miembros del bloque progresista. Designados en su día a propuesta del PSOE, resultaría incomprensible que permanecieran en sus puestos, alargando así la agonía en contra de los deseos del Gobierno. En la actualidad, el Consejo está formado por 18 vocales y el presidente, dos menos de los 21 iniciales, después de la jubilación de Rafael Fernández Valverde y el fallecimiento de María Victoria Cinto. Ocho de ellos pertenecen al bloque de la izquierda. Además de ellos, el presidente ha ido hilando a lo largo del mandato profundas lealtades en el otro bloque, el conservador. Algunos de este sector estarán tentados de acompañarle.
El discurso de apertura del año judicial incluía también la explicación sobre por qué es admisible la renuncia individual y, sin embargo, la colectiva no. Lesmes explicó que una salida en bloque de todos los vocales llevaría a la paralización total del Consejo. «De producirse esa renuncia colectiva, tal comportamiento sería irresponsable, e inaceptable desde la perspectiva ciudadana y de la Carrera Judicial, pudiendo dar lugar además a responsabilidades de distinta naturaleza», indicó.
El adiós de Lesmes
Consciente de que, de un modo u otro, no habrá para él un nuevo acto solemne como el que protagonizó el pasado miércoles, la parte final de sus palabras fue un adiós en toda regla. Dijo que a lo largo de casi una década ha procurado servir a la Justicia «con honestidad y sentido del deber» y expresó su gratitud a todas las personas que le han acompañado. Se dirigió a los vocales del Consejo que —dijo— han sabido mantener a lo largo de todo este tiempo «la dignidad de nuestra institución en las situaciones de mayor dificultad» y «que también sabrán cumplir con su deber el tiempo que les reste».
A pesar de todo, Lesmes no quiere irse así. En el corrillo con la prensa en que desveló sus intenciones, también dijo que no le gustaría llegar a ese extremo. «No quiero llegar a eso», afirmó. «Aspiro a entregar el testigo a quien me suceda», agregó. Sin embargo, la actitud posterior de los dos principales partidos no indica que vaya a producirse reacción alguna. El PSOE y el PP prácticamente dan por hecho que no habrá solución hasta «que se toque fondo». Y el fondo no es otro que la dimisión.
Lejos de activar encuentro alguno, tanto unos como otros han vuelto a las recriminaciones mutuas. Desde el Gobierno, la ministra Margarita Robles exigía menos palabras apocalípticas al todavía presidente y más cumplimiento de la ley, y acusaba a los populares de ser responsables del «secuestro del Consejo». Mientras, los de Feijóo ven abierta una puerta para desactivar el plan del Ejecutivo para el Tribunal Constitucional. Tras el pleno organizado al respecto, ha quedado claro que no se cumplirá el plazo exigido por Pedro Sánchez y que cualquier elección se alargará semanas.