Es evidente que utilizar la figura de Agirre y su Gobierno de concentración de fuerzas nacionalistas y no nacionalistas para promover una coalición de fuerzas exclusivamente nacionalistas suena forzado. Pero creo que también al PNV le vendría bien atender su propio consejo y profundizar en el legado de Agirre, un ejercicio que puede ayudarnos no solo a situar al personaje histórico en su lugar, sino también a extraer alguna lección para el presente.

Durante el período de vigencia de la Constitución de 1931, los nacionalistas vascos y los carlistas fueron profundamente beligerantes contra el Estado laico y republicano, con la honrosa excepción de ANV, un pequeño partido nacionalista, laico y republicano, con ciertas similitudes a lo que en Cataluña representaba la Esquerra Republicana. La fuerte implantación de estas dos fuerzas conservadoras y católicas complicaba que el País Vasco tuviera un estatuto de autonomía como el que obtuvo Cataluña, con una mayoría de fuerzas laicas y republicanas. El político bilbaíno Indalecio Prieto acuñó el conocido concepto de «Gibraltar vaticanista» para describir el temor de algunos a un Estado vasco católico en el seno de una República laica.

En ese contexto, el golpe de Estado de los generales Mola y Franco contra la Constitución de 1931 daba comienzo a una guerra ante la cual había que posicionarse. Los carlistas optaron inmediatamente por apoyar a los sublevados, pero la decisión fue enormemente compleja para el PNV. Había disparidad de posiciones: algunos líderes, como Jesús María de Leizaola –en la misma línea que el sacerdote y antropólogo Barandiarán– tuvieron clara desde el principio su lealtad a la legalidad constitucional. Otros, como Manuel de Irujo, influenciado por un entorno social muy conservador, hicieron ciertos acercamientos al bando sublevado. La mayoría, sin embargo, era partidaria de la neutralidad. Entre ellos, Agirre.

Pero el avance de la guerra hacía cada vez más difícil permanecer neutral. El PNV mantuvo contactos con fuerzas católicas y monárquicas y también con poderes económicos, buscando cierta mediación. Pidió incluso consejo al Vaticano, con el conocido episodio de la delegación del PNV que no fue recibida por el Papa, pero sí por el cardenal Pacelli, entonces secretario de Estado del Vaticano y que años más tarde acabaría convirtiéndose en Papa con el nombre de Pío XII, quien, de forma diplomática, les recordó la realidad que se estaba imponiendo en la guerra y la inconveniencia de ir contra la realidad.

Así que Agirre tenía que decidir sin sostén externo y acabó decidiendo –y convenciendo a su partido– de apoyar la legalidad constitucional frente a la sublevación, en lo cual habría influido seguramente un cálculo de oportunidad: él mismo lideraba un Estado autónomo cuya continuidad no estaba garantizada en caso de imponerse el bando sublevado.

En resumen, el legado de Agirre no fue solo el de apoyarse en otras fuerzas, ideológicamente diversas, para conformar una mayoría de gobierno. Fue también y especialmente, el de haber superado sus dudas iniciales y el de no haber traicionado ni a sus socios republicanos de Gobierno, ni al régimen constitucional bajo el que se habían creado las instituciones que él lideraba. Coincido con Pradales en que la memoria histórica exige profundizar en la «totalidad del legado» de Agirre, pero discrepo de él en que sea exclusivamente EH Bildu quien soslaya la totalidad del legado. El propio PNV ha contribuido y contribuye activamente a día de hoy a que las nuevas generaciones de este país sean educadas en relatos históricos parciales de aquella guerra y en la ocultación de una parte importante del legado de José Antonio Agirre, un lehendakari al que, al contrario que a sus correligionarios de ANV y del resto de las fuerzas del Gobierno vasco que presidía, le costó posicionarse nítidamente en el lado correcto de la historia: el de la resistencia al fascismo.