FÉLIX OVEJERO-El Mundo

El autor subraya que la igualdad se pone en peligro cuando las lenguas se utilizan como filtros arbitrarios para el acceso a las posiciones sociales y laborales, algo cada vez más frecuente en nuestro país.

ESPAÑA no está mal. Figuramos entre los primeros países en calidad democrática, esperanza de vida, libertades, sentencias judiciales avaladas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, liberalidad de costumbres, sanidad, movilidad social, seguridad ciudadana y algunas otras cosas no menos importantes. Es razonable sentirnos orgullosos. No son simples designios, azares sobrevenidos como el buen tiempo, desprovistos de mérito o esfuerzo, sino resultados de acciones o decisiones institucionales. Los más entregados sostienen que también podemos estar orgullosos de nuestra diversidad lingüística; «cultural», confunden algunos. No estoy seguro de que tengamos motivos. Después de todo, esa diversidad nos sucede, como ser morenos o bajitos, que ya no tanto. Además, ni siquiera es verdad, tampoco en Europa, si nos atenemos al índice de fragmentación étnico lingüística, esto es, la probabilidad de que dos personas cualesquiera de un país elegidas al azar tengan distinta lengua materna. La diversidad no depende de la cantidad de lenguas existentes sino de la ausencia de lenguas francas: cuando hay lengua franca, la diversidad es mínima.

Pero, bueno, admitamos la diversidad. La duda es si es buena cosa. Si así fuera, cuanta más, mejor. Europa, sin ir más lejos, un paraíso, con sus 225 lenguas. ¡Qué riqueza y qué diversidad! Y qué lío. Como si tuviéramos 225 sistemas de pesos y medidas. Si, por ejemplo, las instituciones tuvieran que respetar a todas las lenguas, cada una de las lenguas, para empezar tendría que traducirse a cada una de las otras. Les ahorro las cuentas: 50.400 direcciones de traducción (225 x 224). Un festín para los intérpretes y los vendedores de diccionarios; una desgracia para la economía y el entendimiento entre las gentes. Por supuesto, habrá beneficiarios circunstanciales. También se benefician los psiquiatras y la industria farmacológica de las debacles económicas.

Los entusiastas de la diversidad están muy presentes en el debate político. Acostumbran a defender tesis conservacionistas, según las cuales, tendríamos el deber moral de conservar las lenguas. Sería un modo de preservar identidades y concepciones del mundo, añaden los más fantasiosos y desinformados. Para evitar la desaparición de las lenguas habría que asegurarles hablantes. Las lenguas, por así, decir, tendrían derecho a tener hablantes. Es una de las justificaciones más comunes de las llamadas –sin inocencia– políticas de normalización: hay que cuidar a las lenguas en peligro. El español, con tanto hispano, no peligra; el euskera, sí. Nuestras políticas en España encontrarían su justificación última en la fecundidad de los mexicanos. Un despropósito. Permítanme un experimento mental. Supongamos que se descubriera una isla en mitad del océano con millones de catalanoparlantes, una posibilidad que quizá no debamos descartar si hacemos caso a la tesis de la catalanidad de Colón defendida por el Institut Nova Història. Y quien dice el océano dice otro planeta. En tal caso, habida cuenta de que la preservación del catalán estaría asegurada, deberíamos cambiar nuestras políticas educativas en Cataluña. ¿Un poco raro, no?

En realidad, las políticas conservacionistas, tomadas en serio, resultan de imposible aplicación. Y cuando no son imposibles, resultan contraproducentes para el bienestar y la libertad de las personas. Veamos.

Por lo que sabemos, una lengua, para sobrevivir, requiere como mínimo 100.000 hablantes. Si tenemos en cuenta que de las 7.000 lenguas inventariadas la mitad es hablada por menos de 10.000 personas, y 1.500, por menos de 1.000, la conservación se complica. Y aún más cuando hay lenguas en competencia, lo más común. El 96% de las lenguas son habladas por el 4% de la población mundial y más del 80% de los idiomas están confinados a un solo país o, más comúnmente, a un área geográfica limitada. Muchas lenguas compiten por pocas gentes. Dicho de otro modo: salvo que redistribuyamos hablantes de las grandes lenguas, no hay personas suficientes. Para que unas vivan otras deben morir. Por ejemplo, la consolidación del euskera batúa requirió la extinción de las diversas variantes del euskera.

Claro que cabría la posibilidad de convertir a cada persona en políglota. Mediante costosas ingenierías sociales podríamos dedicar poblaciones enteras a la conservación de las lenguas. En México, donde 300 lenguas conviven en un territorio limitado, para preservarlas, los campesinos, muchos de ellos analfabetos, deberían ocupar sus vidas en aprender varias lenguas. Para las lenguas, bien. Para las gentes, no tanto. Si lo que nos importa es su bienestar, su libertad o su felicidad, seguramente hay alternativas mejores que convertirlos en protagonistas involuntarios de parques temáticos de identidades.

Estas cosas suenan absurdas, pero no irreales. Tampoco lejanas: ahí tenemos a los habitantes del valle de Arán, entregados a preservar el aranés, una lengua con poco más de 2.000 hablantes y vehicular en la enseñanza. Hay más. Algunos lingüistas –y algunos políticos– sostienen que todos los españoles deberían aprender todas las «lenguas propias». Los españoles o sus representantes. Una ensoñación que, en realidad, es un sinsentido. Y es que, con el tiempo, los hablantes siempre acaban por buscar una lengua común. Se lo llama economía de red. O mano invisible, que, por cierto, no es lo mismo que el mercado. Es el mismo mecanismo que nos lleva a escoger la senda más despejada para avanzar por un bosque o a preferir el metro a las leguas y los kilos a las arrobas. Se recala en un equilibrio y, a partir de ahí, el pulso de la vida se encarga del resto. Cada uno con su decisión allana el camino a los demás, consolida caminos comunes para bien de los que llegarán más tarde.

Con frecuencia, el conservacionismo, al defender la prioridad de las lenguas sobre los hablantes, acude a un argumento de autoridad de filólogos o lingüistas, muchos de ellos defensores de la diversidad. Y es cierto: para ellos, como estudiosos, la diversidad puede resultar interesante, como el feudalismo para los interesados en el románico. También las enfermedades resultan interesantes para los médicos. Pero cuando se trata de la vida compartida, de derechos y recursos, las opiniones de filólogos o lingüistas tienen el mismo valor que las del dermatólogo para terciar sobre discriminación racial.

ESTAMOSante problemas de derechos. Más exactamente de igualdad. Por supuesto, los conservacionistas también apelan a la igualdad. A la igualdad de las lenguas y, si acaso, derivada y quiméricamente, a la de las personas. Para que todos estemos en igualdad de condiciones, todos deberíamos conocer todas las lenguas y, a la vez, todas las lenguas cooficiales deberían ser oficiales en todas partes del país. Como los campesinos mejicanos de nuestro ejemplo. Así nadie se sentiría discriminado. Una consideración que descuida lo más obvio: que ya tenemos una lengua común. Por no hablar del horizonte europeo. Vidas enteras a aprender lenguas. Cansinos Assens, a lo sumo, llegaría a primaria. Nuestro querido George Borrow, con sus 40 lenguas, tal vez podría acabar el bachillerato. No nos hagamos trampas. La igualdad que importa es la de las personas, no la de las lenguas, y el mejor modo de asegurarla es que todos aprendamos competentemente la lengua compartida.

La igualdad se pone en peligro cuando las lenguas se utilizan como filtros arbitrarios para el acceso a las posiciones sociales y laborales. Una precisión: la igualdad que importa es la de todos los ciudadanos. Por eso no vale acotar la unidad de valoración a las autonomías. El problema, con serlo, no es que por no saber catalán muchos mallorquines no puedan trabajar como médicos en un hospital público o como músicos en la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares, sino que no puedan hacerlo sevillanos o vascos. La igualdad deja de serlo si solo se contabiliza la igualdad de unos cuantos. La igualdad no se parcela.

Félix Ovejero es profesor de Ética y Economía de la Universidad de Barcelona. Su último libro es La deriva reaccionaria de la izquierda (Página Indómita).