Imagínense al holandés Frank Elderson, miembro del Consejo de Gobierno del BCE, en su sobrio despacho de Fráncfort, de atmósfera calvinista, a punto de dar un sorbo al café justo antes de votar una decisión que será trascendental para el futuro de la UE: activar el mecanismo de antifragmentación con la compra de decenas de miles de millones en bonos de Italia y España para frenar el ataque de los mercados a sus primas de riesgo. Imagínense que, justo antes de levantar la mano a favor o en contra del manguerazo, lee en la prensa española que nuestro Gobierno ha cerrado unos presupuestos con los socios de extrema izquierda en los que se indexa las pensiones al IPC. Imagínense que la inflación se encuentra próxima al 10%. Imagínenselo. 

Está claro que a Elderson no le va a hacer mucha gracia. Como igual de claro está que a España, que con una mano exige solidaridad y con la otra la niega, no le va a salir gratis el mecanismo antifragmentación, como tampoco lo será para Italia, especialmente si vira hacia el populismo tras unas elecciones, las del próximo mes de septiembre, en las que Giorgia Meloni, líder del partido de extrema derecha Fratelli d’Italia, parte como favorita.

Porque más relevante que la subida de 50 puntos básicos de los tipos ha sido la aprobación, por parte del BCE, del Instrumento de Protección de Transmisión (TPI), también llamado mecanismo antifragmentación, con el que Lagarde pretende frenar cualquier ataque a la deuda soberana de los países de la UEM. Una herramienta claramente disuasoria que, como en el caso de las Operaciones Monetarias de Compraventa (OMT) que Draghi se sacó de la chistera, nace con la intención de no tener que ser utilizada nunca. 

El TPI no es ni blanco ni negro, sino que se mueve entre una amplia gama de grises. La buena noticia para Calviño es que no hay límite de compra y que el BCE saldrá al mercado a hacer lo que tenga que hacer; la mala tiene que ver con el hecho de que el mecanismo no será automático, sino que estará sometido a la discrecionalidad del Consejo de Gobierno del banco central. Ahí es cuando entramos en los intereses de cada país. Por un lado, los frugales del norte; por el otro, los manirrotos del sur. ¿Les suena? Pues espérense, que a la vuelta del verano lo tendremos sobre la mesa. 

El Gobierno de Sánchez deberá argumentar entonces el porqué de una política de gasto expansiva en un momento en el que la deuda pública se acerca al 120% del PIB y cada vez resulta más oneroso endeudarse por mor del nuevo ciclo alcista de los tipos. Deberá argumentarlo, además, en un momento complicado, cuando Alemania, motor económico de Europa, empiece a sufrir seriamente las restricciones de gas por parte de Rusia. Se escucharán entonces ecos de recesión y malestar social. Difícilmente nuestros vecinos entenderán que nuestro país tire de chequera presupuestaria justo cuando el resto de la UE se aprieta el cinturón e incluso se ve obligado a reclamar ayuda.

Ese es otro punto que Bruselas no termina de entender bien de España y juega en contra de nuestros intereses. A saber: la oposición numantina de la vicepresidenta Ribera a la propuesta de la Comisión Europea de reducir un 15% el consumo de gas, con el objetivo de aumentar las reservas para hacer frente a un posible corte de suministro por parte de Rusia. 

Toda una vida reclamando solidaridad a la UE, ora para hacer frente al covid, ora por la crisis financiera, y, justo en el momento en el que Europa se juega su futuro, en el que nuestros socios ven peligrar seriamente de su viabilidad energética, justo en este momento, nos volvemos cicateros. Alemania y los bálticos deben estar especialmente contentos, sobre todo teniendo en cuenta que, cada dos por tres, les estamos pasando la gorra. Pero vamos a ver, ¿estábamos o no estábamos con Ucrania?

«A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético», vino a responder con ironía la vicepresidenta Ribera. El desacierto de la frase —por el contenido, pero también por el tono— amenaza con salirnos caro cuando tengamos que reclamar más deuda europea o cuando el ‘board’ del BCE, con los seis miembros del Comité Ejecutivo, más los gobernadores de los bancos centrales nacionales de los 19 países de la zona del euro, se tenga que reunir para activar el mecanismo antifragmentación.

Si nuestros vecinos no nos sacan los colores será mala señal. Pensarán que nuestra capacidad de influencia en Europa es irrelevante, que somos como ese primo borrachín que, en cada fiesta familiar, dice cosas que no hay que tomarle en cuenta porque ya tiene demasiado con ‘lo suyo’. «Si hay un tema sobre el que los Estados miembros han podido debatir en los últimos meses, ‘ad nauseam’, es el de la energía», dijo condescendiente el portavoz principal de la Comisión, Eric Mamer, sobre las quejas del Ejecutivo español. 

Resulta desesperanzador comprobar la doble moral que impera en Europa, en su conjunto, y en España, en particular. Llevamos medio año de guerra y de aquel llamamiento a sacrificar parte de nuestro estado de bienestar en pos de un objetivo mayor, como es la defensa de los valores occidentales, ‘rien de rien’. Cada cual juega a lo suyo. También España, como se puede comprobar de su veto a la propuesta de gas de la Comisión, lo cual resulta paradójico, teniendo en cuenta las aspiraciones europeístas de Pedro Sánchez, dispuesto a convertirse en el próximo Napoleón.